La iniciativa impulsada por Ricardo Monreal para anular elecciones en caso de que se demuestre “injerencia extranjera” en las elecciones generará mayor suspicacias y arbitrariedad judicial, consideraron especialistas en materia electoral consultados por La Silla Rota.
Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, sostuvo que la iniciativa quiere involucrar al INE en temas que no son de índole electoral, tanto en investigaciones y procedimientos relacionados con la injerencia extranjera, como revisión de candidaturas por crimen organizado.
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa para crear una comisión que estudie los antecedentes de aspirantes a puestos de elección popular y descarte a quienes tengan nexos con el crimen organizado.
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Sobre la iniciativa para añadir una nueva causal de nulidad de elecciones al artículo 41 constitucional presentada por Monreal, puntualizó que habla en general de un país extranjero, persona moral o física, por lo que podría aplicarse a cualquier acto realizado en el exterior.
“Nada está claro, y me parece que es muy apresurado hacerlo de esa manera y sin que esto realmente dé claridad y certeza. Al contrario, va a generar muchas más suspicacias”, alertó.
La propuesta de modificación al artículo 41 constitucional plantea que pueda anularse la elección si “existe intervención de individuos, gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Sánchez planteó una hipótesis en la que podría recurrirse a esta causal para anular una elección: si un partido pierde una elección podría alegar la injerencia extranjera y solicitar la anulación.
No queda claro qué herramientas tendrían el Tribunal Electoral y el INE para investigar una denuncia por posible injerencia extranjera, principalmente en el ámbito de las redes sociales, porque podría ser desde un vocero hasta un grupo musical.
Alerta contra fast track
Por su parte, el director de Laboratorio Electoral, Arturo Sánchez, consideró que la iniciativa de nulidad de elecciones busca responder a temas mediáticos por la vía legislativa, lejos de blindar los procesos electorales de actores extranjeros.
Si bien recordó que en la región hay precedentes importantes de intervenciones de gobiernos extranjeros en elecciones de otros países, es un tema que debe estudiarse a fondo y no aprobarse en “fast track”, en un periodo extraordinario que terminará la próxima semana.
Coincidieron en la gravedad de que se traten estos asuntos en un periodo extraordinario, cuando estos temas deberían ser resultado de un diálogo entre todas las fuerzas políticas con las autoridades competentes.
El panista Ricardo Anaya, coordinador de los senadores blanquiazules, advirtió que la propuesta entraña el riesgo de que se ejerza censura bajo el argumento de la defensa de la soberanía.
“De fondo, lo que Morena quiere es que no se hable de su pacto con el crimen organizado”.
Dados cargados: constitucionalista
El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes alertó que la propuesta sobre la anulación en caso de injerencia extranjera es riesgosa, ya que aumenta la arbitrariedad judicial en un Tribunal Electoral que es afín a Morena.
“Bastaría acreditar que hubo intención de influir en las elecciones para anularlas. O invocar cualquier otra conducta que afecte la autenticidad del sufragio”, sostuvo en sus redes sociales.
Apuntó que existe una falta de técnica legislativa porque solicita al INE y a los institutos estatales que emitan "protocolos para la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos relacionados con las causales de nulidad".
Sin embargo, ni el INE ni los OPLE tienen facultades para iniciar procedimientos por nulidad, ya que esto es una facultad del Tribunal Electoral.
Contexto: la reforma a la ley de medios de impugnación presentada por Monreal establece que la votación en una casilla deberá anularse cuando existan irregularidades graves durante la jornada electoral, “incluyendo aquellas derivadas de actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad” del sufragio.
La iniciativa indica que las violaciones graves son la “intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación, coacción o cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente en la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales federales o locales”.
La elección podrá anularse cuando cuando exista prueba de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras, o cualquier otro ente extranjero “hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral”.
De acuerdo con la reforma, el Tribunal Electoral corresponderá tendría que analizar las pruebas y determinar si corresponden a hechos de injerencia “valorando las pruebas aportadas bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad”.
djh