El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva orden ejecutiva titulada "Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense" en la que señaló que los cárteles mexicanos del tráfico de drogas han permeado al sistema bancario estadounidense por lo que son una amenaza a la seguridad nacional. Asimismo, los bancos estadounidenses deberán verificar el estatus migratorio de sus clientes y considerar los riesgos de otorgar hipotecas, préstamos para autos y tarjetas de crédito a personas en situación irregular.
Con ello, será casi imposible enviar remesas a Mexico o recibir pagos, salarios, o préstamos a personas con situación migratoria irregular en Estados Unidos.
La orden destaca que la política de los Estados Unidos es tomar medidas específicas contra el "uso ilícito" de sus instituciones financieras.
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La Casa Blanca fue explícita al mencionar el impacto del narcotráfico transfronterizo: “Análisis de tendencias financieras han revelado centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México”.
En la orden ejecutiva, el gobierno estadounidense sostiene que incluso los servicios financieros más elementales han sido vulnerados.
Según la orden ejecutiva, “las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”.
Además de la conexión con México, el informe resalta la sofisticación de estas redes, mencionando que redes chinas de lavado de dinero han utilizado cuentas en Estados Unidos para blanquear más de 312 mil millones de dólares.
Para combatir esto, la Casa Blanca exige "programas sólidos de identificación del cliente" y una "debida diligencia reforzada".
Riesgo crediticio y la "deficiencia estructural" por deportación
Uno de los puntos más polémicos de la nueva política es la vinculación del estatus migratorio con la estabilidad bancaria. La orden instruye a los bancos a considerar los riesgos de otorgar hipotecas, préstamos para autos y tarjetas de crédito a personas en situación irregular.
El documento oficial afirma que prestar dinero a extranjeros sin autorización legal para trabajar “crea una deficiencia estructural en la capacidad de pago que socava la seguridad y la solidez del sistema bancario nacional”, debido a que estos prestatarios enfrentan la posibilidad de perder sus ingresos por una eventual deportación.
Bajo esta premisa, el gobierno advirtió que no permitirá “riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”.
Ana María Salazar, experta en seguridad, indicó que con esta orden ejecutiva, será casi imposible enviar remesas a Mexico o recibir pagos, salarios, o préstamos a personas con situación migratoria irregular en Estados Unidos.
Vigilancia sobre matrículas consulares e ITIN
La administración también puso bajo la lupa los documentos de identidad utilizados por ciudadanos mexicanos y otros extranjeros. El Secretario del Tesoro tiene un plazo de 180 días para evaluar “los riesgos que las tarjetas de identificación consular extranjeras representan para la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos”.
Asimismo, se enfatizó que el uso del Número de Identificación Taxonómica Individual (ITIN) para obtener créditos, cuando el solicitante no tiene un estatus migratorio verificado, será considerado un "factor de riesgo" que requiere una vigilancia extrema para asegurar que no se facilite el "empleo ilegal".
Implementación inmediata
La Casa Blanca ha establecido una hoja de ruta con plazos de entre 60 y 180 días para que los reguladores financieros emitan advertencias sobre patrones de “estructuración y microestructuración” (depósitos pequeños para evadir reportes).
También sobre el uso de plataformas de pago para salarios “fuera de los libros”; evasión de impuestos sobre la nómina mediante “empresas fantasma o estructuras de embudo”.
lrc