Una deuda por colegiaturas de 145 mil pesos en la Universidad Iberoamericana se incrementó a más de 650 mil pesos en un periodo de cuatro años, de acuerdo con documentos judiciales difundidos por la propia estudiante en su perfil de LinkedIn. La información corresponde al expediente 947/2026, donde se detalla la evolución del adeudo y los argumentos de ambas partes dentro del proceso.
La estudiante Cristina Plascencia Salazar compartió en esa red profesional fragmentos del expediente, así como imágenes de documentos del juicio. Según esos registros, el adeudo original deriva de cinco colegiaturas no cubiertas del periodo Primavera 2020, por un total de 145,356 pesos. En su publicación, expone el desarrollo del caso y las resoluciones emitidas por el juzgado.
De acuerdo con el expediente, el incremento del monto se relaciona con la aplicación de intereses moratorios establecidos en lineamientos institucionales, calculados en 6% mensual. Bajo ese esquema, el adeudo acumuló cargos adicionales durante los años posteriores, lo que derivó en una cifra superior a 650 mil pesos al momento en que la estudiante intentó retomar su proceso académico.
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En el juicio, la institución sostuvo que la obligación de pago se mantiene vigente mientras no exista una baja administrativa formal. Bajo ese criterio, la relación contractual continúa activa y permite la generación de intereses conforme a las reglas internas. Este argumento fue central en la resolución sobre la vigencia del adeudo.
La estudiante promovió una demanda para solicitar la prescripción de la deuda. Su argumento se basa en que el plazo legal para exigir el pago de servicios es de dos años, contados desde la conclusión del semestre en mayo de 2020. En su publicación de LinkedIn también señaló que buscaba continuar con su proceso de titulación sin que el pago fuera un requisito, al indicar que solo le resta una materia para concluir el programa.
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El Juzgado Segundo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México resolvió que la prescripción no procede, al considerar que la relación contractual seguía vigente. La resolución señala que existían elementos que mantenían activa la obligación, por lo que el plazo legal para extinguir el adeudo no había concluido en los términos planteados por la parte actora.
No obstante, el juez analizó la tasa de interés aplicada y determinó reducirla de 72% anual a 38.44%, con base en referencias del sistema financiero. Como resultado, se condenó al pago del monto original de 145,356 pesos, más intereses recalculados conforme a la nueva tasa fijada en la sentencia.
La resolución mantiene vigente la obligación de pago y establece que, en caso de incumplimiento, pueden aplicarse las medidas previstas en la ley. El fallo no cancela el adeudo, sino que modifica el cálculo de los intereses bajo los parámetros definidos por el juzgador en su resolución.
La estudiante informó en su perfil de LinkedIn que promoverá un juicio de amparo contra la sentencia. El caso continúa en litigio y podría ser revisado por instancias superiores, de acuerdo con lo expuesto en los documentos compartidos por la propia involucrada.
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