La carpeta de investigación sobre el huachicol fiscal presentó deficiencias por parte de la Fiscalía General de la República, por lo que la dependencia deberá fortalecer las acusaciones lo que puede incluir la solicitud de más órdenes de aprehensión.
El pasado 29 de marzo, la jueza federal Mariana Vieyra Valdez devolvió a la FGR la solicitud de orden de aprehensión dentro de la causa penal 325/2025, que se integra a partir de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, tras detectar deficiencias técnicas.
La primera resolución dentro del expediente fue emitida por la jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, Nancy Selene Hidalgo Pérez, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, que ya había señalado dichas inconsistencias.
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En su determinación —firmada y validada mediante evidencia criptográfica del documento digital con fecha 26 de agosto de 2025— la juzgadora advirtió deficiencias en la integración de la carpeta, lo que impactó en la valoración de la solicitud ministerial y obligó a la autoridad a corregir aspectos del expediente antes de su eventual judicialización.
La resolución de la juzgadora señala faltantes de información clave, omisiones en dictámenes periciales, observaciones sobre competencia territorial y un alto riesgo de obstrucción de pruebas debido al perfil de los imputados, quienes continúan en funciones dentro de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Entre las deficiencias identificadas destacan los vacíos en la evidencia relacionada con los buques utilizados por la red criminal. Al analizar la logística del contrabando, los informes integrados en la causa detectaron faltantes de información técnica.
Para el buque Ardmore MTM Dublin, cuyo arribo ocurrió el 16 de noviembre de 2024, no se localizó información sobre la solicitud de análisis de muestra ni su respectivo dictamen pericial. En el caso del buque Torm Louise, la documentación e información de importación se encontraban aún pendientes al momento del análisis ministerial, lo que impide acreditar plenamente la mecánica del ilícito.
En cuanto a la competencia territorial, dentro de las la jueza hizo una observación relevante. Mencionó que, por regla general, ella carecería de competencia legal para conocer del caso, ya que los hechos ocurrieron en Tamaulipas, Colima y Sonora. Sin embargo, decidió asumir la competencia de manera excepcional basándose en el elevado riesgo de evasión de los imputados y la necesidad de ingresar a los detenidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, con el fin de garantizar el éxito del proceso.
La juzgadora también fundamentó la urgencia de la orden de aprehensión como última ratio al señalar factores que ponen en peligro la integridad de la investigación. Advirtió que varios de los investigados seguían en funciones dentro de la SEMAR y la ANAM, lo que representaba un riesgo inminente de que alteraran los sistemas electrónicos, ocultaran documentación sensible o influyeran en testigos.
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La FGR tiene ahora la posibilidad de corregir las deficiencias señaladas y presentar nuevamente su petición de órdenes de aprehensión contra los 15 empresarios.