Antes de convertirse en funcionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega y Javier Gaxiola Coppel ya compartían negocios, empresas y relaciones comerciales. Díaz Vega, quien terminó controlando las finanzas de Sinaloa como secretario de Administración y Finanzas, construyó durante años una red empresarial junto a integrantes de la familia Gaxiola Coppel, uno de los grupos empresariales más poderosos del noroeste del país y propietarios de Grupo Premier, conglomerado automotriz ligado a distribuidoras Chevrolet, agencias de lujo, inmobiliarias y desarrollos urbanos.
Durante más de dos décadas afianzó compañías inmobiliarias, financieras y de servicios que incluyeron a los hermanos Javier, Santiago y Alejandro Gaxiola Coppel. Cuando Rocha asumió la gubernatura en 2021, varios de esos empresarios y socios terminaron ocupando posiciones estratégicas dentro del gabinete estatal o mantuvieron vínculos comerciales con proveedores del gobierno.
La trayectoria de Enrique Díaz Vega en los negocios arrancó formalmente entre 2002 y 2008 como director general de Comercial Digax S.A. de C.V., empresa ligada a desarrollos inmobiliarios y operaciones comerciales. Posteriormente asumió el control de Housesin Desarrollos S.A. de C.V., inmobiliaria que dirigió desde 2008 y que terminó convirtiéndose en una de las piezas centrales de la red empresarial vinculada a su grupo político-financiero.
CASO ROCHA MOYA – COBERTURA COMPLETA
En noviembre de 2021, sin experiencia previa en cargos públicos, Rocha Moya lo nombró secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, colocándolo al frente del presupuesto estatal, las licitaciones, las compras gubernamentales y la operación financiera del estado. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 2024. Durante ese periodo también se acercó políticamente a Morena e incluso buscó una candidatura interna.
Pero mientras administraba el dinero público de Sinaloa, Díaz Vega mantenía vínculos societarios con al menos diez empresas relacionadas con los Gaxiola Coppel: Housesin Desarrollos, Urbaland, CashForCars, Olympo Farms, Comercial Digax, Tenedora Inmobiliaria 2022, Altec Versus, Nueva Agrícola y Comercial, Innova Empresas e Innova Construcciones del Pacífico.
Javier Gaxiola Coppel, uno de sus socios empresariales, fue nombrado secretario de Economía por Rocha Moya, consolidando dentro del gabinete una dupla empresarial con influencia simultánea sobre el desarrollo económico y el manejo de las finanzas públicas.
Registros mercantiles difundidos por el medio local Ríodoce muestran que varias de esas empresas compartían accionistas, representantes legales, domicilios o conexiones comerciales. Algunas operaban en el sector inmobiliario; otras en construcción, agroindustria, financiamiento automotriz y comercialización de vehículos.
Uno de los casos más visibles ocurrió en 2022, cuando la Secretaría de Administración y Finanzas adjudicó el contrato LPN-GES-03-2022 para la compra de dos camionetas Chevrolet Suburban por 3 millones 629 mil pesos a Distribuidora de Autos y Camiones S.A. de C.V., empresa ligada al grupo empresarial de Javier Gaxiola Coppel.
La operación generó polémica porque la dependencia encargada de la licitación estaba encabezada precisamente por Enrique Díaz Vega, socio comercial del círculo beneficiado. Tras el escándalo público, el gobierno estatal terminó cancelando la adjudicación por posible conflicto de interés.
Premier Chevrolet Autocountry, vinculada a Grupo Premier y al entorno Gaxiola, obtuvo ventas al gobierno estatal por alrededor de 47 a 53 millones de pesos entre 2022 y 2024.
El contrato OPPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 relacionado con rehabilitación de drenaje fue adjudicado por 17.7 millones de pesos dentro de esquemas señalados como posibles “carruseles” de constructoras.
Housesin Desarrollos recibió contratos y operaciones ligadas a obra pública entre 2021 y 2023.
Compañías como Urbaland, Olympo Farms, CashForCars y Comercial Digax aparecen con adjudicaciones, proveedores o redes de servicios relacionadas con el gobierno estatal, sin embargo los contratos no se encuentran para consulta pública a pesar de las obligaciones de transparencia.
Este viernes se supo que Díaz se entregó a autoridades de Estados Unidos en un país de Europa, continente al que viajó antes de que se conociera la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ocho de sus exfuncionarios.
El mismo día, Gerardo Mérida, secretario de Seguridad de Sinaloa bajo Rocha Moya, compareció ante una jueza en Brooklyn para responder a cargos de trabajar para Los Chapitos. En su función como responsable de la seguridad en el estado, alertaba a Los Chapitos de operativos en su contra para que pudieran esconder laboratorios en los que se fabricaban drogas químicas o escondieran los productos antes de que los decomisaran.
Mérida es general del ejército, antes de ir a Sinaloa en 2022 fue comandante del mando especial "Mante", en Tamaulipas; comandante de la 21 zona militar con sede en Morelia, Michoacán; de la 44 en Miahuatlán, Oaxaca; de la 25 en Puebla; subjefe y jefe en las secciones de Inteligencia, Operaciones y Logística del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Contexto. La dimensión más delicada del caso apareció en abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra presuntos integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres incluidos aparecieron Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Enrique Díaz Vega.
La acusación estadounidense señala a Díaz Vega como presunto operador financiero e intermediario político entre el entorno gubernamental sinaloense y la facción de “Los Chapitos”.
Según el documento judicial, habría facilitado pagos, protección política y entrega de información sobre opositores a integrantes del grupo criminal. También se le menciona como parte de una estructura que presuntamente ayudó a proteger operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
Otra línea de investigación estadounidense sigue una presunta “ruta financiera” de 240 millones de pesos que habrían sido transferidos desde Housesin Desarrollos hacia Constructora Chocosa, empresa atribuida a familiares de Rocha Moya. Las autoridades investigan si dichos recursos podrían estar relacionados con retornos de contratos públicos.