La elección de 2021 que dio el triunfo a Rubén Rocha Moya en Sinaloa estuvo lejos de ser una jornada en paz. Aunque el Tribunal Electoral confirmó la validez de los comicios y sostuvo que las irregularidades “no fueron determinantes” para modificar el resultado, en el expediente electoral quedaron documentados robos de urnas, presencia de grupos armados y denuncias de intimidación contra operadores políticos.
Documentos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) registraron al menos 16 casillas donde hombres armados robaron urnas durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Según la memoria del proceso electoral, sujetos encapuchados y con armas de alto calibre irrumpieron en centros de votación, amenazaron a funcionarios y sustrajeron documentación electoral en municipios como Ahome.
La coalición opositora encabezada por el PRI impugnó la elección argumentando que existió violencia generalizada, privaciones ilegales de la libertad de operadores políticos, robo de urnas y afectaciones a los principios de certeza y libertad del voto. Sin embargo, tanto el tribunal local como posteriormente las autoridades federales concluyeron que los hechos acreditados representaban un porcentaje mínimo frente al total de casillas instaladas y, por tanto, no alcanzaban el nivel necesario para anular la elección.
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Aun así, la resolución final sostuvo que no existían pruebas suficientes para acreditar una afectación generalizada o sistemática capaz de revertir la ventaja obtenida por Rocha Moya.
Además de la violencia registrada el día de la elección, el Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades financieras en los gastos de campaña de Morena en Sinaloa por más de 82 millones de pesos, entre ellas gastos no reportados, falta de comprobantes y propaganda no registrada relacionada con la campaña de Rocha Moya.
El morenista obtuvo finalmente más de 624 mil votos, equivalentes al 56.6% de la votación, resultado que fue ratificado pese al contexto de violencia política y señalamientos sobre la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral sinaloense.
Contexto.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta cuestionamientos luego de que en Estados Unidos señalara a él y otros funcionarios de mantener nexos con el crimen organizado, particularmente en el contexto de las investigaciones federales contra el Cártel de Sinaloa.
Según el Departamento de Justicia, los funcionarios señalados habrían facilitado operaciones de tráfico de narcóticos, filtrado información a la organización criminal y garantizado protección desde estructuras gubernamentales y de seguridad pública.
Autoridades estadounidenses también sostienen que Rocha Moya recibió respaldo del grupo criminal durante la elección de 2021 en Sinaloa. La investigación señala que existieron reuniones entre operadores políticos y líderes criminales para asegurar protección al cártel a cambio de apoyo electoral y control territorial.