La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que la crisis de desapariciones en México no responde únicamente a la violencia criminal, sino a una estructura de infiltración institucional, omisiones sistemáticas y fallas estatales que permiten la permanencia de redes de macrocriminalidad en distintas regiones del país.
El informe expuso que México registra 128 mil 713 personas desaparecidas hasta junio de 2025, mientras el Estado mantiene bajo su custodia más de 70 mil restos humanos sin identificar en servicios forenses y fosas comunes oficiales.
La CIDH señaló que la magnitud de la crisis refleja problemas estructurales en procuración de justicia, búsqueda de personas y coordinación institucional. El documento también advirtió que las desapariciones afectan de forma diferenciada a jóvenes, mujeres, niñas, niños y personas migrantes.
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El organismo identificó patrones de colusión entre autoridades y organizaciones criminales mediante participación directa, tolerancia institucional, obstrucción de investigaciones y fallas sistemáticas en el manejo de cuerpos e información oficial.
La Comisión sostuvo que estas dinámicas permiten la continuidad de la desaparición como mecanismo de control territorial, reclutamiento forzado, extorsión y eliminación de personas en diversas zonas del país.
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Infiltración y operación conjunta
Uno de los principales elementos señalados por la CIDH consiste en la infiltración del crimen organizado dentro de estructuras estatales. La Comisión retomó datos oficiales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, donde el propio gobierno reconoció que 75 por ciento de los municipios enfrenta riesgos de infiltración criminal.
El informe indicó que las organizaciones delictivas requieren protección de funcionarios públicos para mantener operaciones de secuestro, desaparición y control territorial. Según la CIDH, esta relación involucra distintos niveles de gobierno y corporaciones de seguridad.
La Comisión también documentó casos donde policías y civiles armados operaron retenes conjuntos o participaron en detenciones que terminaron en desapariciones. Uno de los episodios ocurrió en Copitero, Michoacán, donde agentes y presuntos integrantes del crimen organizado actuaron de manera coordinada.
El documento señaló que estas prácticas convierten a cuerpos de seguridad en participantes directos o facilitadores de desapariciones forzadas y privaciones ilegales de la libertad.
La CIDH afirmó que la colusión no se limita a actos individuales de corrupción, sino que forma parte de estructuras de macrocriminalidad sostenidas mediante redes institucionales de protección y silencio.
El concepto de “aquiescencia”
La Comisión utilizó el concepto jurídico de “aquiescencia” para describir casos donde autoridades conocen riesgos graves y aun así omiten actuar para proteger a la población.
El informe mencionó el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, señalado como un sitio de exterminio donde autoridades previamente tuvieron presencia o custodia antes del hallazgo de restos humanos.
Para la CIDH, la operación prolongada de espacios de exterminio o desaparición en territorios bajo vigilancia estatal constituye un indicio de tolerancia institucional o permisividad frente a actividades criminales.
El organismo sostuvo que la omisión estatal también configura responsabilidad cuando autoridades no previenen desapariciones en regiones bajo control de organizaciones delictivas.
La Comisión advirtió que la ausencia de acciones oportunas, inspecciones efectivas o mecanismos de protección fortalece las condiciones para la continuidad de estos crímenes.
La desaparición dentro del Estado
Otro de los puntos centrales del informe se relaciona con la llamada “desaparición administrativa”, concepto utilizado para describir casos donde el propio Estado pierde el rastro de cuerpos bajo su custodia.
La CIDH indicó que miles de restos humanos permanecen sin identificar debido a fallas en registros forenses, falta de coordinación entre instituciones y ausencia de protocolos homologados en servicios médicos forenses.
El documento señaló que familias buscan durante años a personas cuyos cuerpos permanecen en anfiteatros, fosas comunes o instalaciones oficiales sin identificación adecuada.
La Comisión sostuvo que esta situación representa un quebrantamiento del deber estatal de trazabilidad, resguardo e identificación de víctimas.
El informe también advirtió que el Banco Nacional de Datos Forenses todavía carece de una operación plena y centralizada, mientras los servicios periciales enfrentan rezagos técnicos y falta de personal especializado.
Impunidad y bloqueo de información
La CIDH señaló que la tasa de judicialización de desapariciones alcanza apenas 1.52 por ciento. Hasta noviembre de 2021, México acumuló únicamente 36 sentencias condenatorias relacionadas con estos delitos.
Según el informe, muchas fiscalías clasifican inicialmente los casos como ausencias voluntarias, lo que retrasa búsquedas inmediatas y reduce la apertura de investigaciones criminales.
La Comisión también acusó obstáculos en el acceso a información estratégica por parte de instituciones militares y agencias de seguridad. El documento afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene restricciones sobre archivos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
Para la CIDH, la negativa de acceso a información limita el esclarecimiento de hechos y dificulta investigaciones sobre desapariciones históricas y recientes, incluidos casos vinculados con la llamada “guerra sucia” y Ayotzinapa.
El informe sostuvo que la opacidad institucional y la fragmentación de datos impiden construir investigaciones integrales sobre redes criminales y posibles responsabilidades estatales.
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Familias y crisis de búsqueda
La Comisión señaló que colectivos y familias realizan tareas de búsqueda ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades.
El documento describió que personas buscadoras localizan fosas, reconstruyen expedientes y recolectan indicios por cuenta propia mientras enfrentan amenazas y agresiones durante jornadas de campo.
La CIDH también expresó preocupación por la militarización de la seguridad pública tras el control operativo de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Según el organismo, el fortalecimiento militar en tareas de seguridad ocurre sin mecanismos suficientes de supervisión civil y transparencia institucional.
La Comisión concluyó que la crisis de desapariciones en México mantiene un carácter estructural y generalizado, sostenido por infiltración criminal, impunidad, debilidad forense y redes de omisión institucional que permanecen sin desmantelarse.
VGB