Un día antes de la elección del 6 de junio de 2021, la priista Paola Gárate fue secuestrada por alrededor de nueve horas, cuando era candidata a diputada al Congreso del estado de Sinaloa.
En entrevista con La Silla Rota, la diputada local narró que el sábado por la tarde acudió a una supuesta reunión de candidatos al Congreso, a la que solamente llegó ella.
Saliendo de las instalaciones de la Liga de Comunidades Agrarias, atrás de la sede del PRI estatal, se dirigió a su casa de campaña ubicada en la salida suroriente de la ciudad de Culiacán, donde fueron interceptados por un comando de más de 20 camionetas.
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Recuerda haber visto gente armada, encapuchada, que se le llevaron varias horas entre el sábado en la noche y el domingo en la mañana, el día de la elección.
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“Somos sobrevivientes a esa narco elección en la cual, así como a mí, levantaron a miles de personas, de operadores políticos territoriales y de personas que integraban la estructura territorial de la Alianza va por México en ese momento: PAN, PRI y PRD”, señaló.
Aseguró que estaba secuestrada un 90% de la estructura electoral del partido, que es parte importante de la representación electoral para vigilar el voto en las urnas, ya que también hubo muchos incidentes en las casillas.
Después siguió otro infierno, dijo, porque el entonces gobernador Quirino Ordaz, se encargó de inhibir que se hicieran las denuncias ante la Fiscalía, por lo que tuvo que recurrir a organismos internacionales.
Sin embargo, reconoció que el proceso ha sido lento y hasta hoy sigue sin respuesta, por lo que confió en que puedan mejorarse los mecanismos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos.
La legisladora priista aseguró que le asiste la razón al Gobierno de Estados Unidos al denunciar a 10 funcionarios acusados de tener nexos con el crimen organizado en Sinaloa, lo cual se reflejó en el proceso electoral de 2021.
“Si faltan pruebas como ha señalado la presidenta, pues aquí ya vemos testigos que sobrevivimos a esa narco elección”, apuntó.
De este listado, precisó que ha tenido enfrentamientos legales con el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, de quien pidió su destitución por falta de resultados cuando ella se desempeñaba como presidenta estatal del PRI.
El exfuncionario le respondió que “primero me viera la cola”, por lo que lo denunció por violencia política de género, la cual fue desechada.
“La exigencia es de que el gobierno mexicano cumpla y detenga porque el gobierno de Estados Unidos ya cumplió para que se emitiera esa orden de detención al gobierno de México, es porque cumplieron a cabalidad todo el proceso”, subrayó.
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