Durante una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra María Estela Ríos González abordó el tema de la persecución política en México. Su intervención ocurrió en el análisis de la constitucionalidad de disposiciones del Código Penal de Colima relacionadas con el delito de peculado y su posible prescripción. En ese contexto, planteó dudas sobre el equilibrio entre justicia y derechos individuales.
En su exposición, la ministra señaló que la falta de límites claros en los plazos de prescripción genera interrogantes. Explicó que esta situación puede influir en la forma en que se aplican las normas penales. También vinculó este punto con el riesgo de que los procesos legales se utilicen con otros fines.
Ríos expresó durante la sesión: “sí me deja en duda porque es cómo manejamos un equilibrio entre el derecho de las personas a que no sea juzgada en cualquier momento y no pueda ser materia usada para una persecución política, porque también se da en nuestro país, ni modo, así es”. La declaración formó parte de su argumentación sobre el alcance del artículo 14 constitucional.
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El debate se centró en determinar si el delito de peculado puede quedar sin sanción por el paso del tiempo. La discusión incluyó posturas sobre la necesidad de establecer límites claros en la legislación. La ministra indicó que el análisis jurídico requiere considerar tanto la legalidad como los efectos en derechos.
Debate por prescripción del peculado
Durante la misma intervención, la ministra expuso que ciertos casos involucran uso indebido de recursos públicos. Señaló que estos hechos afectan directamente a trabajadores cuando se omite el pago de salarios. En ese sentido, afirmó que estas conductas impactan en condiciones de vida de las personas.
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Ríos comentó que el tema le genera “mucha duda” por la gravedad de los hechos vinculados al manejo de recursos. Indicó que privar a trabajadores de su ingreso representa una afectación directa. También señaló que el análisis debe considerar la responsabilidad de quienes administran fondos públicos.
El Pleno discutió interpretaciones sobre los alcances de la Constitución en materia de prescripción. La ministra coincidió con criterios expuestos por otras integrantes del tribunal respecto a las facultades del legislador. El punto central radicó en la ausencia de un límite máximo en la normativa vigente.
La discusión incluyó diferentes posturas sobre si ciertos delitos deben considerarse imprescriptibles. El análisis se mantuvo en el ámbito jurídico y sin una resolución inmediata sobre todos los puntos planteados. Las intervenciones formaron parte del proceso deliberativo del tribunal.
Otros señalamientos en sesiones recientes
En semanas previas, la ministra participó en otra sesión que generó atención pública. Durante ese debate, hizo referencia a personas nacidas mediante fecundación in vitro. En su intervención expresó: “a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”, lo que generó reacciones en distintos espacios.
Ese comentario ocurrió mientras el Pleno analizaba disposiciones relacionadas con una fiscalía especializada en Chihuahua. La discusión se centró en la atención a casos de violencia de género y en el alcance de las instituciones. El tema derivó en interpretaciones sobre el concepto de familia en el marco legal.
En el mismo periodo, la ministra también abordó el tema del congelamiento de cuentas bancarias sin resolución judicial definitiva. Indicó que este tipo de medidas impacta en derechos al limitar el acceso a recursos económicos. Su postura se integró a un debate más amplio sobre facultades de autoridades financieras.
Hasta el momento, las declaraciones de la ministra se mantienen dentro de las sesiones del máximo tribunal. No existe un posicionamiento institucional adicional sobre estos señalamientos. Las intervenciones continúan como parte del análisis jurídico en curso dentro de la SCJN.
VGB