Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral aprobaron, sin cambios, el Plan B de la reforma electoral que plantea reducción de gastos en congresos locales y municipios. Este miércoles se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen fue aprobado con 73 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, así como 13 votos en contra de la oposición.
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El Plan B plantea topes al presupuesto anual de los congresos locales y disminuir el número de regidurías poniendo un máximo de 15 funcionarios.
También prevé eliminar prestaciones a funcionarios de órganos electorales y tribunales electorales como seguros de gastos médicos y de vida privados, pensiones, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro y otras no previstas en la ley.
Las modificaciones al proceso de revocación de mandato, que abría la posibilidad de realizarla a la par de la elección intermedia de 2027, fueron eliminadas en el Senado, a propuesta del Partido del Trabajo.
Argumentación en comisiones
María del Carmen Bautista, diputada de Morena, afirmó que con esta reforma se generarán ahorros por 4 mil millones de pesos en beneficio de los municipios, para avanzar hacia un modelo de humanismo mexicano.
La diputada del PT, Lilia Aguilar, subrayó que uno de los temas fundamentales es limitar los sueldos de los consejeros electorales, porque “la austeridad debe ser aplicable para todos los que ejerzan el servicio público”.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, subrayó que la reforma vulnera el federalismo y el régimen municipal, además de que es una propuesta administrativa y no electoral.
El legislador del PRI, César Domínguez, cuestionó cómo se garantizará que la reducción de regidurías no afecte la representación de las minorías, y si existe evidencia de que los ayuntamientos más grandes son menos eficientes.
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Previo al a reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los coordinadores de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara de Diputados analizaron los temas de la agenda legislativa de esta semana.
Contexto del camino de la aprobación y qué es el Plan B
La iniciativa de la mandataria sufrió cambios, luego de que hace dos semanas, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los aliados de Morena desde el 2018, votaron en contra.
Sin embargo, la iniciativa regresó al Senado, en donde finalmente se aprobó para ser enviada a San Lázaro, con las siguientes características:
- Elección Judicial: la propuesta enviada por la mandataria mantiene que las elecciones judiciales se realicen en junio de 2027
- Tope a salarios de dirigencias de partidos: como parte de la propuesta de la reforma electoral se pretende establecer un límite en los salarios de los dirigentes de los partidos políticos, para que no rebasen lo que gana la Presidenta.
- Financiamiento de campañas: se prohibirá recursos de procedencia extranjera o financiamiento en efectivo para las campañas políticas.
- Fiscalización de campañas: de igual forma, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para supervisar las campañas electorales.
- Reducción de salarios: el Plan B incluye la reducción de salarios de funcionarios electorales que pertenezcan a:
- Instituto Nacional Electoral (INE)
- Organismos Públicos Locales Electorales (Oples)
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- Presupuesto de los Congresos locales: el presupuesto de los Congresos locales no podrá rebasar el 0.7% del presupuesto de cada estado.
- Regidurías y sindicaturas: todos los municipios deberán tener máximo 15 regidores y sólo una sindicatura, pese a la densidad poblacional.
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