La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó a una corte federal de apelaciones de Estados Unidos una audiencia especial para exponer de manera oral los argumentos con los que busca anular el juicio que derivó en su condena por narcotráfico.
En un oficio enviado a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, el abogado César de Castro expresó la intención de presentar alegatos orales para respaldar la apelación presentada contra el fallo judicial. En el documento, el litigante propuso once posibles fechas para llevar a cabo la audiencia, todas entre mayo y agosto, de acuerdo con información de Milenio.
Con anterioridad, los fiscales del caso habían indicado en otro escrito que solo solicitarían una audiencia oral si la defensa lo pedía. Con la petición formal presentada por los abogados del exfuncionario mexicano, se da prácticamente por hecho que el tribunal celebrará una sesión para escuchar los argumentos de ambas partes.
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La apelación fue presentada formalmente el 19 de diciembre, tras varios retrasos y complicaciones, y busca revertir el juicio realizado en 2024, en el que García Luna fue declarado culpable de colaborar con el narcotráfico y sentenciado a 38 años de prisión.
En ese recurso, la defensa del exfuncionario expuso cinco ejes que, a su juicio, evidencian irregularidades en el proceso y que, aseguran, lo dejan “irremediablemente contaminado”, por lo que debería anularse o repetirse.
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Entre los señalamientos destacan que presuntamente se ocultó evidencia favorable al acusado, que al menos cuatro testigos ofrecieron testimonios falsos y que durante el juicio se presentó información indebida sobre el patrimonio del exsecretario.
El 21 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió a la apelación con un documento en el que sostuvo que los argumentos de la defensa son extemporáneos y no tienen el peso suficiente para invalidar el proceso judicial.
“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto de las fuerzas de seguridad que aceptó millones de dólares en sobornos de la organización de narcotráfico más grande y sofisticada de México”, señaló el fiscal especial Adam Amir.
¿Qué sigue en el caso García Luna?
En los próximos días, la Corte de Apelaciones fijará la fecha de la audiencia en la que un panel de tres magistrados escuchará los argumentos de ambas partes y podrá formular preguntas sobre los puntos planteados en la apelación.
Tras ello, los jueces deliberarán y emitirán una resolución que podría darse hacia finales de este año.
Si los magistrados deciden desestimar la apelación —escenario considerado el más probable en este tipo de procesos— el caso quedará prácticamente concluido y García Luna continuará cumpliendo su condena en la prisión federal de máxima seguridad de ADX Florence, ubicada en Florence, Colorado.
En cambio, si el tribunal considera que existen elementos suficientes en los argumentos de la defensa, podría ordenar que el proceso se repita parcialmente o incluso desde su inicio.
Paralelamente al caso por narcotráfico en Estados Unidos, el exsecretario enfrenta también dos solicitudes de extradición promovidas por el gobierno de México, relacionadas principalmente con presuntos actos de corrupción cometidos durante su paso por el servicio público.
Contexto: el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón fue declarado culpable en 2023 por una corte federal de Estados Unidos tras ser acusado de colaborar durante años con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa.
El juicio se llevó a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde fiscales estadounidenses presentaron testimonios de exintegrantes del narcotráfico que señalaron que García Luna habría recibido sobornos millonarios a cambio de protección institucional para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El veredicto del jurado lo encontró culpable de múltiples cargos relacionados con conspiración para traficar cocaína y participación en una empresa criminal.
El proceso judicial ha tenido un fuerte impacto político en México debido a que García Luna fue uno de los principales responsables de la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por el gobierno de Calderón entre 2006 y 2012.
La sentencia en su contra abrió un debate sobre posibles responsabilidades políticas y la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad del Estado mexicano.
Tras el fallo de culpabilidad, el exfuncionario permanece bajo custodia en Estados Unidos en espera de su sentencia definitiva, mientras su equipo legal ha buscado distintas vías para impugnar el veredicto y cuestionar la credibilidad de algunos testigos presentados por la fiscalía.
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