“Los medios no comprendieron la complejidad técnica del asunto y difundieron una versión incorrecta sobre mi voto”, dijo Lenia Batres en un video que publicó en sus redes sociales para explicar su participación en la sesión de la Suprema Corte. La ministra afirmó que el Pleno analizó una declaratoria general de inconstitucionalidad vinculada con un juicio de amparo y sostuvo que su decisión respondió a criterios jurídicos sobre el alcance de esa figura. También señaló que no existió oposición a los derechos de salud de menores y rechazó interpretaciones en ese sentido.
En el mismo mensaje, Batres explicó que el caso original ordenó la entrega de un implante coclear a un niño sin audición y precisó que la discusión posterior buscó extender efectos más allá de ese expediente. Indicó que la declaratoria se refirió a una persona en particular y no a un grupo general, por lo que cuestionó el mecanismo utilizado para ampliar beneficios. Añadió que la Corte no pudo modificar una norma de manera parcial y subrayó que su voto se dirigió contra esa propuesta específica.
La ministra citó el artículo 42 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Seguro Social y detalló que esa disposición prohibió la entrega de anteojos, lentes de contacto y prótesis externas. Expuso que el proyecto intentó introducir excepciones que el texto no contempló y sostuvo que esa vía no correspondió con el sistema jurídico vigente. En su explicación, indicó que la resolución agregó elementos que no aparecieron en la norma y planteó dudas sobre la forma en que se aplicaron los efectos de la sentencia.
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Debate sobre alcance legal
Batres señaló que la decisión del Pleno generó un efecto dirigido a un sector y no estableció una cobertura general para todas las personas con la misma condición. Expuso que esa diferencia impactó a otros grupos, como adultos mayores con discapacidad auditiva, quienes quedaron fuera del beneficio. También mencionó que las resoluciones judiciales requirieron condiciones de ejecución y planteó que el tribunal debió considerar la viabilidad de lo que ordenó.
En materia presupuestal, la ministra afirmó que la Corte no tuvo facultades para definir el gasto público ni para modificar la programación económica. Advirtió que una orden sin análisis técnico sobre recursos e infraestructura pudo generar presiones para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sostuvo que la ampliación de derechos sociales requirió planeación gradual y coordinación con las autoridades responsables del financiamiento.
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Facultades y gasto público
Batres indicó que su postura incluyó la necesidad de atender a población en situación de vulnerabilidad y mencionó acciones dirigidas a comunidades indígenas y otros grupos. A la par, remarcó que la definición del presupuesto correspondió al Ejecutivo federal y al Congreso. Señaló que el tribunal debió mantener límites en su actuación para no invadir esas atribuciones y reiteró que su voto se enfocó en el método jurídico utilizado en la resolución.
En este contexto, la Suprema Corte invalidó la norma que impidió al IMSS otorgar dispositivos médicos a menores derechohabientes. Seis ministros apoyaron el proyecto y dos integrantes del Pleno votaron en contra de la declaratoria general de inconstitucionalidad. La decisión ordenó la entrega de aparatos auditivos y otros insumos para niñas y niños, con base en el derecho a la salud.
Datos de la Secretaría de Salud indicaron que en el país existieron dos punto tres millones de personas con discapacidad auditiva y que la mitad correspondió a adultos mayores. Un porcentaje menor perteneció a población infantil, lo que formó parte de la discusión sobre la cobertura de los servicios. Este panorama apareció en el debate sobre el alcance de la sentencia y sus efectos en distintos grupos.
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Retiro del video y antecedentes
Horas después de su publicación, el video de Batres dejó de aparecer en plataformas como X e Instagram. Usuarios registraron su eliminación y difundieron capturas del contenido donde la ministra expuso sus argumentos. La salida del material ocurrió tras comentarios y cuestionamientos sobre la claridad de su explicación en torno al sentido de su voto.
Registros de sesiones previas mostraron episodios en los que la ministra ajustó el sentido de su participación durante votaciones públicas en marzo y abril. En esos momentos, integrantes del Pleno señalaron inconsistencias y ella realizó correcciones durante la discusión. Estos antecedentes se sumaron a la atención que recibió su intervención reciente y al retiro del video con su postura.
VGB