Siete mandos de seguridad y autoridades de la Fiscalía de Sinaloa, acusados por el gobierno de Estados Unidos de servir al Cártel de Sinaloa, tenían a su cargo la operación policial en campo que permitía a ese grupo desde eliminar enemigos a operar sin restricciones en la entidad, de acuerdo con la acusación, presentada ante un tribunal federal en Nueva York.
En la base del esquema aparecen Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, identificados como exjefes de la Policía de Investigación.
A ellos se suma Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, así como José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector y comandante de la Policía Estatal.
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Estos perfiles representan el nivel operativo quienes ejecutan detenciones, coordinan despliegues y tienen contacto directo con información sensible en campo.
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Según la acusación, habrían participado en la omisión de operativos, protección de rutas del narcotráfico y colaboración directa con integrantes del cártel.
En un segundo nivel aparece Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa.
Su posición lo ubica en un punto clave relacionado al acceso a carpetas de investigación, órdenes judiciales y coordinación con fuerzas de seguridad.
De acuerdo con el documento, habría participado en la filtración de información sobre operativos, lo que implicaría una intervención directa en el funcionamiento del sistema de justicia.
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Seguridad pública y gabinete
En el siguiente nivel se encuentra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, junto con Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Aquí, la acusación apunta a áreas estratégicas: la conducción de la política de seguridad y el manejo de recursos públicos.
Según el documento, habrían facilitado condiciones para la operación del cártel, ya sea mediante omisiones o filtración de información.
Nivel municipal: control territorial
El siguiente escalón es el del poder local, con Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Su inclusión coloca el señalamiento en el control territorial: la administración de la capital del estado, un punto clave para la operación criminal.
¿De qué los acusa Estados Unidos?
Contexto: la acusación sostiene que todos los implicados habrían formado parte de una red de funcionarios que facilitaba las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Se les señala por recibir sobornos, filtrar información sobre operativos, proteger actividades delictivas y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
También se les vincula con el uso de armas y, en algunos casos, con actos de violencia.
El documento describe una posible estructura en la que la operación, la inteligencia y la decisión política habrían funcionado de manera coordinada.
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