El robo de combustible, conocido como huachicol, ha aumentado en el país. El año 2025 cerró con 31 casos diarios de robo de huachicol uno de los niveles más altos del periodo comprendido entre el 2021 y 2025. La línea de tendencia registra un incremento sostenido en la incidencia de este delito.
Datos dados a conocer por la propia Fiscalía General de la República revelan que en 2021 a 13.97 casos diarios, en 2023 se registraron 22 para 2023 se observa un repunte que alcanzó 31, una caída en 2024 hacia niveles de 14 carpetas diarias y el indicador vuelve a subir en 2025 hasta colocarse en 31 casos diarios, uno de los niveles más altos registrados.
Hidalgo, Puebla y Estado de México concentran el 40.2% de los casos, en coincidencia con el corredor de ductos Tula–Salamanca–Cadereyta. En Hidalgo, el fenómeno alcanza un nivel de especialización mayor: el 47.7% de sus carpetas federales corresponden a este delito.
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“Los delitos relacionados con hidrocarburos concentran más del 30% de toda laincidencia en estos estados. Hidalgo y Puebla encabezan este fenómeno a nivel nacional y no es coincidencia que ambos estados formen parte del corredor Tula–Salamanca–Cadereyta, el eje principal de distribución de hidrocarburos en el centro del país. La geografía del delito sigue la geografía del recurso”, indica la dependencia.
En su diagnóstico señala que la persistencia del robo de huachicol responde a dos factores uno relacionado con la rentabilidad, pues el margen por litro supera los ingresos formales disponibles en municipios con alta marginación como Tepeji del Río y Tula.
Otro de los elementos es el de la vulnerabilidad de la infraestructura, que permite una operación sostenida con bajos niveles de contención efectiva.
El análisis plantea que la respuesta requiere segmentación regional, uso de inteligencia georreferenciada y coordinación interinstitucional con autoridades del sector energético para ubicar.
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Recientemente, la Fiscalía presentó su plan estratégico en el que admite que el robo de hidrocarburos, que en sus inicios se presentaba como hechos aislados, ha evolucionado hacia redes delictivas complejas con alcance suprarregional, lo que impacta directamente en el patrimonio de la nación. Su combate requiere una coordinación plena entre la Federación y las fiscalías locales, así como el fortalecimiento de las capacidades de ambas instancias para mejorar la investigación, persecución y trazabilidad de estos delitos.
Contexto: el pasado 22 de abril la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el desmantelamiento de una red presuntamente dedicada al robo, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos en México, como parte de operativos de inteligencia coordinados con la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades federales, el operativo dejó un saldo de siete personas detenidas, entre ellas un hombre identificado como Mauricio “N”, señalado como presunto líder de la organización. Además, se aseguraron más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas y tractocamiones, así como armas, dinero en efectivo y equipos tecnológicos utilizados para las operaciones del grupo.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que las acciones fueron resultado de siete meses de trabajos de inteligencia e investigación conjunta con la FGR. Los operativos incluyeron cateos simultáneos en 20 inmuebles ubicados en el Estado de México e Hidalgo, donde presuntamente operaba la red criminal.
“Informamos resultados relevantes derivados de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron desmantelar una de las más importantes redes delictivas al mercado ilícito de combustibles en el país”, señaló García Harfuch.