La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno analiza la posibilidad de aplazar la elección judicial contemplada dentro de la reforma al Poder Judicial, al señalar que existen complicaciones presupuestales y operativas para llevar a cabo el proceso en los tiempos originalmente planteados.
Durante su conferencia matutina de este miércoles en Pallacio Nacional, la mandataria federal explicó que la iniciativa, presentada ayer por diputados y senadores de Morena, ya se encuentra en revisión junto con autoridades electorales y la Secretaría de Gobernación.
“La estamos analizando, tiene que ver con recursos y la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral (INE). Entonces, lo estamos analizando”, declaró Sheinbaum.
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La jefa del Ejecutivo federal agregó que cualquier modificación al calendario electoral judicial implicaría cambios a la Carta Magna: “Tendría que haber una reforma constitucional para ello”, sostuvo.
Aunque la presidenta no confirmó de manera definitiva el aplazamiento, sí abrió la puerta a que el proceso pueda moverse hasta 2028. Sheinbaum indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sostenido reuniones con consejeros y funcionarios del INE para evaluar alternativas relacionadas con la organización del proceso judicial electoral.
Morena impulsa cambios para “corregir” Plan B
Las declaraciones de la mandataria un día después de que legisladores de Morena presentaran una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la próxima elección judicial hasta 2028 y modificar diversos aspectos del modelo aprobado en 2024. La propuesta fue impulsada por figuras como Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral.
Entre los cambios planteados destaca separar la elección judicial de los comicios intermedios de 2027, bajo el argumento de evitar presiones políticas, reducir la complejidad operativa y facilitar que la ciudadanía conozca mejor a los aspirantes. La iniciativa también contempla endurecer los filtros para candidatos mediante exámenes técnicos, certificaciones obligatorias y mayores requisitos de experiencia profesional para jueces, magistrados y ministros.
La propuesta surge luego de críticas internas y externas dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación al primer ejercicio de elección judicial realizado en 2025, marcado por cuestionamientos sobre perfiles sin experiencia, baja participación ciudadana y dificultades logísticas. Morena sostiene que los ajustes buscan “perfeccionar” el mecanismo sin abandonar el modelo de elección popular del Poder Judicial.