Los delitos relacionados con armas, explosivos y materiales destructivos son la categoría de mayor incidencia dentro de las carpetas de investigación federales. De ese total alrededor del 70%. representan uso de armamento obtenido ilegalmente.
Datos de la propia Fiscalía General de la República Su distribución se concentra principalmente en Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, formando un corredor norte-Bajío vinculado al flujo de armas desde Estados Unidos, la demanda de organizaciones criminales y la presencia de rutas logísticas.
La Fiscalía General de la República reconoce en su último informe que este mercado ilícito incrementa la violencia al elevar la letalidad de los enfrentamientos, encarecer la respuesta institucional y deteriorar la percepción de seguridad.
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“Su persistencia entre 2021 y 2025 evidencia que las estrategias de control y decomiso no han reducido de manera estructural la disponibilidad de armas, consolidando el tráfico de armamento como un factor clave en la dinámica de la violencia federal”, apunta el documento.
Especialistas en seguridad coincidieron en que conseguir un arma de forma legal en México es complicado por los requisitos y costos, lo que incentiva un aumento en el mercado negro.
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Señalaron que el ataque contra ciudadanos extranjeros en Teotihuacán es un hecho sin precedentes en el país, lo que obliga a las autoridades a reforzar medidas de seguridad en lugares de gran afluencia, principalmente de cara al Mundial.
David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que la única manera de comprar un arma en México por la vía legal es mediante la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Detalló que hay distintas modalidades de adquisición según el uso, pero los más frecuentes son para uso en domicilio, uso en la calle o para la caza.
Además de los requisitos que a veces son difíciles de cumplir, dijo, se suma el hecho de que el costo de las armas vendidas por Sedena está por encima del precio comercial o que se puede conseguir por otras vías.
“También muchos ciudadanos ante el incremento de la violencia en el país, el incremento de los ilícitos, lo que tenemos es que muchos ciudadanos prefieren adquirir un arma en el mercado negro, se pueden adquirir en tianguis, mercados para la su propia defensa”, apuntó.
Consideró que el ataque en Teotihuacán tiene motivos nacionalistas, algo inédito en el país, y derivará en el fortalecimiento de protocolos en este tipo de sitios turísticos.
Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, subrayó que distintos estudios señalan que hay hasta 15 millones de armas ilegales circulando en el país, aunque algunas en malas condiciones o dañadas.
Cada año ingresan alrededor de 300 mil armas al país, de las cuales más 70% proviene de Estados Unidos, explicó el especialista.
Expuso que la escasa regulación sobre uso de armas en Estados Unidos, que varía de acuerdo con el estado, que permiten su adquisición con menos filtros.
“Muchas veces utilizan a ciudadanos norteamericanos que pasan en vehículos norteamericanos, que no son revisados por las autoridades mexicanas, y entonces van ingresando las armas y se hacen rutas de tráfico desde el norte hacia las distintas partes del país”, apuntó.
El principal problema, dijo, es que las autoridades no han podido controlar el flujo ilegal, ya que se estima que menos 1% de las armas en el país fueron adquiridas conforme a la ley.
Por su parte, Alexei Chevez, analista en temas de seguridad, planteó que hay un mercado gris de personas que ya tienen un arma de forma legal, pero las venden a otros particulares, lo cual no está regulado. Sólo se les pide que se registren como nuevos propietarios.
Señaló que la regulación se ha vuelto más estricta en las últimas dos administraciones, pero el mercado negro ha crecido gracias a la compra por parte de organizaciones criminales.
“Es mucho más fácil hoy en día que tú puedas adquirir una un fusil de asalto que lo ofrecen estas organizaciones, que una pistola corta en el mercado gris”, dijo.
En el caso de Teotihuacán, consideró que no había previsiones porque es un caso inédito. Y un punto en contra es el bajo presupuesto destinado al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Por tanto, la seguridad dependerá de la Sedena, que va a tener que establecer filtros en los accesos de estas zonas turísticas.
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