La profunda crisis de derechos humanos en México no ha sido atendida de manera adecuada y, por el contrario, algunas decisiones adoptadas en el gobierno podrían agravarla, advirtió Amnistía Internacional.
Entre los principales señalamientos se encuentra la profundización de la militarización de la seguridad pública, la permanencia de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, así como la falta de reconocimiento de la crisis de desapariciones en el país, que ha alcanzado niveles históricos. Todo ello, señaló el organismo, ocurre en un contexto de alta impunidad por delitos comunes.
El posicionamiento fue presentado en el marco del informe global La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26, así como del documento Promesas en marcha, derechos en riesgo. El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, donde se analiza el estado de la reconfiguración institucional, la seguridad ciudadana, el espacio cívico y la violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad.
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Dicho informe, señala que el número de personas desaparecidas y no localizadas en México aumentó 10.5% en el último año, al superar los 133 mil casos registrados hasta diciembre, de acuerdo con el más reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.
El documento que será presentado este martes advierte que, pese a la magnitud del problema, persisten deficiencias en la respuesta institucional, lo que ha llevado a que familiares —en su mayoría mujeres organizadas en colectivos— continúen realizando labores de búsqueda por cuenta propia.
En estos procesos, los colectivos han localizado fosas clandestinas y restos humanos en distintas entidades, muchas veces en condiciones de alto riesgo. Tan solo en el último año, seis personas buscadoras fueron asesinadas.
El informe también señala la falta de actualización en los datos oficiales sobre fosas clandestinas, aunque organizaciones reportaron hallazgos en al menos 10 estados.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó en Teuchitlán un sitio utilizado para reclutamiento forzado, con indicios de asesinatos y cientos de objetos personales. Según el reporte, las autoridades tenían conocimiento previo del lugar, pero no iniciaron investigaciones oportunas.
Ante este panorama, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó un procedimiento especial para analizar si las desapariciones en México ocurren de forma sistemática o generalizada. Sin embargo, el gobierno federal rechazó esta caracterización, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que negó la existencia de una crisis en el país.
El informe advierte además que las reformas recientes, centradas en bases de datos y herramientas biométricas, no atacan problemas estructurales como la impunidad ni el rezago forense, que organizaciones estiman en más de 72 mil cuerpos sin identificar.
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Un deterioro más amplio en derechos humanos
Más allá de las desapariciones, el informe también dibuja un escenario más amplio donde advierte una reducción de mecanismos de protección y un aumento de riesgos para periodistas, personas defensoras y colectivos de búsqueda, en un contexto donde el Estado mantiene una narrativa que contrasta con los hallazgos documentados.
México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con siete asesinatos en el año y 51 casos de acoso judicial, más del doble que el periodo anterior, lo que apunta al uso de herramientas legales como mecanismo de presión.
En paralelo, se documentaron actos de represión en protestas en al menos 14 estados, incluidas movilizaciones feministas, lo que evidencia tensiones entre el discurso democrático y la actuación de las fuerzas de seguridad.
El informe también cuestiona la postura oficial sobre la militarización: mientras el gobierno la niega, se registra una creciente participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad y la aprobación de leyes que amplían las capacidades de vigilancia.
En materia institucional, las primeras elecciones del Poder Judicial reflejaron una participación de apenas 13% y un alto porcentaje de votos nulos, además de señalamientos de intervención política, lo que pone en duda su legitimidad.
A ello se suma que la tortura continúa siendo una práctica generalizada, con altos niveles de impunidad, y que el desplazamiento forzado interno se disparó 129%, principalmente por violencia.
En el ámbito migratorio, el informe documenta más de 58 mil solicitudes de asilo, junto con denuncias de extorsión, secuestro y cobros ilegales contra personas en tránsito.
Uno de los puntos más críticos es el acceso a la información: tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el nuevo órgano gubernamental desechó el 99.6% de los recursos de revisión, lo que organizaciones consideran un retroceso significativo.
Aunque indicadores como la pobreza muestran una disminución, el informe advierte que estos avances conviven con un contexto de violencia estructural, donde persisten asesinatos de personas defensoras —incluidos ambientalistas— y el aumento de la violencia de género, pese a la reducción oficial de feminicidios.