Organizaciones ambientales y sociales señalaron que los apoyos económicos anunciados por el gobierno federal tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México no sustituyen la reparación integral del daño ni compensan las afectaciones a comunidades costeras.
"Las autoridades no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control. Sigue pendiente la verdad completa sobre el daño, su costo, la responsabilidad institucional de Pemex y la reparación integral a comunidades y ecosistemas", sostuvieron en un pronunciamiento
El posicionamiento se da luego de que el propio gobierno reconociera que el derrame tuvo su origen en una fuga del ducto Old AK-C de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras semanas de señalamientos por parte de la sociedad civil.
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De acuerdo con las organizaciones el anuncio del gobierno de otorgar 30 millones de pesos para cooperativas pesqueras y apoyos directos de 15 mil pesos a 3,379 dirigidos a pescadoras y pescadores “no sustituyen la compensación por pérdida de ingresos, no reparan las afectaciones a pescadores, prestadores de servicios y comunidades costeras, y tampoco reemplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como manglares y arrecifes”.
Añadieron que desde el 21 de marzo comunidades y colectivos habían advertido que la respuesta no debía limitarse a la limpieza de playas, sino incluir estudios de riesgo, transparencia en la información, restauración ambiental de mediano plazo e indemnización efectiva.
"Durante semanas, las autoridades no sólo ocultaron información, también desacreditaron públicamente materiales y alertas impulsadas por organizaciones no gubernamentales y comunidades", apunta
El documento también señala que, pese al reconocimiento del origen del derrame, Pemex no ha informado el volumen total de hidrocarburo derramado, lo que impide dimensionar el daño ambiental, calcular los costos de remediación y establecer una reparación proporcional.
Asimismo, se indica que la fuga fue detectada días antes de su contención y que la válvula principal del ducto fue cerrada hasta el 14 de febrero, ocho días después de identificarse el incidente.Las organizaciones también señalaron que, conforme a los protocolos de operación, la dirección de Pemex debió contar con reportes de monitoreo sobre la integridad del ducto, por lo que plantean la necesidad de esclarecer los niveles de responsabilidad dentro de la empresa.
Finalmente, advirtieron que la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema, ya que, señalaron, aún no se ha determinado el costo total del daño ni el monto que deberá cubrir Pemex por la atención, limpieza y restauración ambiental.
"Este derrame no es un hecho aislado. Es otra expresión del costo real del modelo fósil en México: incendios, fugas, derrames, contaminación crónica, afectaciones a la salud y opacidad institucional", apuntaron