Patricia tenía 44 años el 15 de mayo de 2020 cuando murió dentro del Cefereso femenil 16. De sus 44 años, 9 los pasó recluida en prisión preventiva esperando una sentencia que no llegó. Unos meses antes de morir, Patricia recurrió a una defensa legal para exigir atención médica. Gracias a esta intervención fue diagnosticada con gastrocolitis, dermatosis irritativa y gonalgia. Falleció a causa de un “choque séptico, insuficiencia hepática aguda y probable cáncer de ovarios”, según consta en el dictamen del Comité de la ONU.
Debido a la reiterada violación de derechos humanos, tortura, la prolongada prisión preventiva, la desatención médica y el aislamiento de sus familiares, un grupo de 22 mujeres en prisión preventiva recluidas en el Cefereso número 16, – incluyendo a familiares de Patricia—, presentaron sus casos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.Este 2026 la instancia internacional resolvió a su favor emitiendo una serie de recomendaciones al Estado mexicano.
Patricia fue detenida junto con su hija, Guadalupe Cárdenas Guerrero y Bertha Guerrero, acusadas de delincuencia organizada, secuestro agravado y narcomenudeo. Su hija, Guadalupe, también presenta problemas de salud de tipo ginecológico, a los que se suman otros como bultos en los senos, y dolor crónico en las rodillas.
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Mientras que Bertha Guerrero, detenida por los mismos hechos, padece problemas de vista, anemia y depresión por la muerte de una de sus hijas, fallecida en 2018 por cáncer cervicouterino. No se le autorizó la visita en el centro de reclusión.
Torturadas
Otra de las mujeres que llevó su caso ante el Comité fue Verónica Razo Casales, quien fue detenida el 8 de junio de 2011 acusada de secuestro y delincuencia organizada, pero fue absuelta y puesta en libertad en 2024 tras determinar que su confesión había sido obtenida mediante tortura.
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Es madre de dos hijos y padece hipertiroidismo, que requiere tratamiento diario, seguimiento semestral con un especialista en endocrinología, y un medicamento que no recibió durante su tiempo en prisión. También padece estrés postraumático y depresión, sin que haya recibido atención psicológica.
Roxana Nohemí Concha Álvarez y Adilene Primo Alfaro fueron detenidas el 14 de abril de 2011 acusadas de delitos contra la salud, quienes denunciaron haber sido víctimas de tortura durante la detención. Ambas fueron absueltas en el año 2023.
Roxana es madre de tres hijos y no recibía visitas por la lejanía del penal. Desde 2013 había solicitado su traslado, pero le fue negado ya que la autoridad consideró que la falta de convivencia con sus hijos no era causa justificada.
Padece infecciones renales, desgaste de rodilla, dolores óseos, fibrosis y quistes mamarios, pero no recibió tratamiento adecuado por desabasto de medicamentos.
Por su parte, Adilene dio a luz durante su tiempo en prisión, pero sólo pudo convivir seis meses con su hijo y después de eso, ya no recibió visitas. Además, tiene osteocondritis y ansiedad.
Al igual que ellas, decenas de mujeres alegaron problemas ginecológicos, algunas con sangrados excesivos, quistes ováricos, dolor en los senos, necrosis en las uñas, problemas renales, anemia, entre otros. Además de padecimientos como depresión, estrés post traumático y migraña.
No son hechos aislados, es todo el centro: Documenta
María Sirvent Bravo, directora de Documenta, subrayó en entrevista con La Silla Rota que las recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas no sólo impactan los casos de las 22 mujeres, sino que pide revisar las condiciones de salud de todas las mujeres en el Cefereso 16.
“No sólo se está resolviendo directamente la justicia de estas mujeres que solicitan que se repare el daño, sino que se está hablando de cómo atender la situación de todo un contexto. Es decir, analizaron el caso no como hechos aislados, sino todo el centro vive esta situación”, sostuvo.
A nivel general, el comité recomendó garantizar los servicios médicos de forma permanente, contemplando la realización de diagnósticos, estudios y proporcionando los medicamentos correspondientes. Además, pidió modificar las disposiciones constitucionales y legales para eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Para las 22 mujeres, recomendó al Estado proporcionar una reparación integral y adecuada, incluida la compensación económica; brindar atención médica especializada y reevaluar las medidas cautelares de quienes continúan en prisión preventiva.
La directora de Documenta señaló que no sólo se trata del acceso a la salud mediante especialistas, sino también la falta de actividades al interior y romper el vínculo con sus familias, lo que genera un aislamiento prolongado que en muchos casos han terminado en suicidios.
“Nosotros hemos hecho bastante documentación de que hay problemas de salud mental, que muchas de las mujeres están con medicamentos, pero no hay psiquiatras y no hay una atención de seguimiento puntual. Entonces hay mujeres que a lo mejor en algún momento se toman medicamentos, después no, viven en aislamiento”, advirtió.
Apuntó que la prisión preventiva en mujeres aumentó un 10.3%, mientras que en los hombres el incremento fue de 1.9% durante 2020, en el periodo previo a la presentación del caso.
Diez años documentando abusos y deficiencias
Desde 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura han documentado violaciones al derecho a la salud, deficiencias en servicios básicos, actividades de reinserción y vinculación social en el Cefereso 16.
El Comité expuso que debido a la ubicación del penal, las internas han señalado que la mayoría no recibe visitas de su familia ni apoyo económico, lo que incrementa su aislamiento y desarraigo.
De las 817 mujeres recluidas, solo 230 son originarias de la Ciudad de México y Estado de México, y el resto proviene de lugares de hasta 900 km y mil km de distancia, lo que complica las visitas.
Esto se ha reflejado en problemas de salud mental. Tan sólo en 2023, 13 mujeres se quitaron la vida en ese centro penitenciario, lo que derivó en una recomendación de la CNDH advirtiendo la falta de medidas adecuadas para garantizar la salud y la vida de las internas, tanto física como emocional.
VGB