El desempeño de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres y María Estela Ríos, está entre la ignorancia o una ideologización de sus discursos, que ponen en riesgo la defensa de los derechos humanos que le corresponde al tribunal constitucional, consideró el doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes.
“Estas ministras no cuentan con las capacidades técnicas para ejercer el cargo, en el caso de la ministra María Estela Ríos es clarísimo”.
El actuar de ambas ministras, en temas como la cosa juzgada, la consulta a personas con discapacidad, el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sin orden judicial o la fecundación artificial, privilegia tener una deferencia hacia el Poder Ejecutivo, por encima de las personas.
Esto se ha traducido en argumentos que justifican la restricción de los derechos humanos, planteó por su parte Ricardo Ortega, investigador del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. “Con las ministras Batres y Ríos, los derechos humanos van en segundo plano”, dijo en entrevista con La Silla Rota.
Para la especialista en Derechos Humanos, Amparo y Ciencias Penales de la Universidad La Salle, Yolanda Ramírez Villordo, el desempeño de ambas ministras abre la posibilidad de una regresión en materia de derechos humanos.
“Lo que acontece en el caso de las ministras Batres y Ríos González, que son las más que han generado estos comentarios polarizados, es que de una u otra forma carecen de todos estos conocimientos necesarios”.
Contexto
Algunos de los momentos estelarizados por las ministras Batres o Ríos en materia de derechos humanos han quedado plasmados en las transmisiones de la SCJN. El 19 de enero pasado, cuando se discutió la cosa juzgada, los ministros avalaron el proyecto elaborado por Batres para ya no reabrir casos juzgados por la corte. Pero la ministra impuso que en la sentencia se mantuviera la posibilidad de discutir la cosa juzgada fraudulenta, pese al voto en contra de 7 de sus colegas.
Otro caso que llamó la atención fue el 7 de octubre. La ministra presentó ante el Pleno un proyecto de resolución para que se eliminara el criterio de que las leyes que tuvieran que ver con personas con discapacidad, pero no hubieran sido consultadas con ellos, fueran invalidadas.
El problema es que la consulta está establecida en la Convención Internacional de Derechos para personas con discapacidad, firmada en 2016.
En el caso de Ríos, el 10 de marzo, durante la discusión sobre el alcance de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en Chihuahua, se refirió a las personas fecundadas de manera artificial y dijo que no son parte de una familia.
“Quien haya nacido mediante in vitro podemos estimar que no forma parte de la familia”.
En el caso de la discusión sobre la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas, ocurrida el 7 de este mes, la ministra se metió en un embrollo oral, para decir que el derecho a la propiedad no es universal.
“No se está privando a nadie de derecho de propiedad, perdón pero defender como si fuera un derecho universal, el derecho a la propiedad si se tiene pero no el derecho a la propiedad”. Además dijo que no todos tienen cuenta de banco, entonces no es un privilegio de todos.
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Batres se opuso a la cosa juzgada
El académico Ricardo Ortega ejemplificó con el tema de la cosa juzgada, que la ministra Lenia Batres ha evitado poner un cerrojazo. Recordó que cuando se analizó la cosa juzgada y de si deberían o no poderse reabrir algunos expedientes, la ministra ha jugado un papel donde ha justificado la vulneración de un principio tan importante como este, para dar cabida a otro tipo de intereses que afectan a la certeza jurídica de las personas.
"Es la misma lógica. Se trata de justificar las restricciones a derechos tan importantes como el tema de consulta, argumentando que debe prevalecer el interés y las decisiones políticas del Estado", dijo.
En el caso de la exconsejera jurídica de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la ministra Ríos, el investigador recordó que dijo que quien haya nacido in vitro no forma parte de la familia.
“Eso básicamente lo que implicaba era un desconocimiento en los conceptos utilizados por parte de la ministra, respecto a los temas de reproducción asistida y filiación. Se han cometido imprecisiones importantes donde se han cuestionado temas basados en el enfoque de derechos respecto al reconocimiento de cuestiones de carácter filial”.
Al usar conceptos muy limitantes como una idea muy básica de familia biológica, restringió los derechos de las personas que acuden a los mecanismos de reproducción asistida, los afectan y generan un estatus de discriminación en contra de ellas. Esto tiene que ver no solamente con la deferencia a las decisiones del Poder Ejecutivo, sino también con el desconocimiento de algunos conceptos que orientan los derechos humanos.
“Hay un planteamiento donde el punto general tiene que ver con una apuesta para justificar ciertas decisiones legislativas o del Poder Ejecutivo en donde los derechos fundamentales pasan a un segundo plano y pueden ser limitados siempre que se busque proteger los intereses del Estado”, dijo el experto.
Por su parte Javier Martín Reyes se refirió a la postura de Ríos sobre la fecundación in vitro. “Cuando ella dice que una persona que nace por fertilización in vitro no tiene familia, es profundamente ignorante. Ni siquiera entiende cuestiones básicas elementales ni de la ciencia ni del derecho”, criticó.
Respecto a su postura de la propiedad privada también ve componentes de ignorancia cuando dijo que como no todo el mundo tiene cuentas de banco y no afectan a todos en ese derecho.
“Es como decir que como no todo mundo es periodista, si prohibimos los periódicos no hay una afectación a un derecho universal porque no todo el mundo escribe en el periódico. Eso es no entender lo básico y elemental de qué es un derecho humano. Eso daría para reprobar a un alumno de la facultad”.
Ve que hay mucha ideología al pensar que la propiedad privada no es importante y que es más importante lo que le importa al gobierno, que la protección de los derechos.
“Esto lleva un riesgo enorme y es que los derechos humanos sin garantías judiciales son poco más que ciencia ficción”.
Regresión en derechos humanos
La especialista en Derechos Humanos, Amparo y Ciencias Penales de la Universidad La Salle, Yolanda Ramírez Villordo, ve la posibilidad de una regresión en derechos humanos.
En su caso lo planteó así porque en la protección de un derecho humano en la balanza que caracteriza a la justicia, va a haber un derecho de un lado o el derecho del otro lado o varios derechos. Pero hay dos partes.
“El proteger un derecho humano a veces implica no proteger a otro. Es lo que nosotros conocemos como la ponderación de derechos. ¿Cuál derecho humano considero yo que debo de proteger a una sentencia porque no se pueden proteger a ambas partes? En ese sentido, para poder tener esa aptitud de identificar cuál es el que se tiene que salvaguardar, necesitamos de una metodología, de todas estas herramientas del juzgador de poder identificar y resolver protegiendo el derecho humano y dar la protección más amplia”.
Pero observa que, pese a la trayectoria jurídica de los integrantes del Pleno de la corte, no todos tienen esas herramientas desarrolladas ni la metodología.
"Vamos a ser recurrentes en promover y que lleguen los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya la CIDH analizará cuál ha sido la actuación en cuanto a la violación o no violación de los derechos humanos de los asuntos que han estado puestos sobre la mesa en la corte", añadió.
Algunos de los momentos estelarizados por las ministras Batres o Ríos en materia de derechos humanos han quedado plasmados en las transmisiones de la SCJN. El 19 de enero pasado, cuando se discutió la cosa juzgada, los ministros avalaron el proyecto elaborado por Batres para ya no reabrir casos juzgados por la corte. Pero la ministra impuso que en la sentencia se mantuviera la posibilidad de discutir la cosa juzgada fraudulenta, pese al voto en contra de 7 de sus colegas.
Otro caso que llamó la atención fue el 7 de octubre. La ministra presentó ante el Pleno un proyecto de resolución para que se eliminara el criterio de que las leyes que tuvieran que ver con personas con discapacidad, pero no hubieran sido consultadas con ellos, fueran invalidadas.
El problema es que la consulta está establecida en la Convención Internacional de Derechos para personas con discapacidad, firmada en 2016.
En el caso de Ríos, el 10 de marzo, durante la discusión sobre el alcance de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en Chihuahua, se refirió a las personas fecundadas de manera artificial y dijo que no son parte de una familia.
“Quien haya nacido mediante in vitro podemos estimar que no forma parte de la familia”.
En el caso de la discusión sobre la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas, ocurrida el 7 de este mes, la ministra se metió en un embrollo oral, para decir que el derecho a la propiedad no es universal.
“No se está privando a nadie de derecho de propiedad, perdón pero defender como si fuera un derecho universal, el derecho a la propiedad si se tiene pero no el derecho a la propiedad”. Además dijo que no todos tienen cuenta de banco, entonces no es un privilegio de todos.