La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 5/2026, en la que acreditó violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 personas migrantes de nacionalidad colombiana, guatemalteca y ecuatoriana.
De acuerdo con el organismo, estas personas fueron detenidas sin justificación por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) al arribar al aeropuerto de Mexicali. Posteriormente, fueron trasladadas en un vehículo oficial hacia una estación migratoria en Tijuana, Baja California.
Durante ese trayecto ocurrió un accidente automovilístico que dejó nueve personas lesionadas y provocó la muerte de dos de ellas, entre las que se encontraba una menor de edad acompañada de su madre.
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La CNDH dio a conocer los hechos mediante un comunicado fechado el 9 de marzo de 2026, donde subrayó que el caso evidencia irregularidades graves en los procedimientos de traslado y custodia de personas migrantes.
El accidente ocurrió durante el traslado hacia Tijuana
Según el informe del organismo defensor de derechos humanos, el accidente ocurrió el 29 de septiembre de 2023, cuando el vehículo oficial en el que eran trasladadas las personas migrantes sufrió un percance en carretera.
La unidad era conducida por una persona servidora pública y el traslado se realizaba en horario nocturno, en un trayecto aproximado de 174.2 kilómetros.
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La investigación de la CNDH concluyó que el INM no implementó protocolos adecuados ni medidas de seguridad suficientes para garantizar la integridad de las personas transportadas.
Además, el organismo señaló que no se solicitó colaboración de otras autoridades que pudieran apoyar en la seguridad del traslado, lo que incrementó el riesgo para quienes viajaban en el vehículo.
Fallas en los procedimientos migratorios
El documento también advierte que las autoridades migratorias no siguieron el procedimiento de verificación correspondiente, como lo establece la legislación mexicana en materia migratoria.
De acuerdo con la CNDH, estas omisiones afectaron derechos fundamentales de las víctimas, entre ellos la legalidad, la seguridad jurídica, la libertad personal, la integridad física y el derecho a la vida.
En el caso de la menor fallecida, el organismo destacó que además se vulneró el principio del interés superior de la niñez, que obliga a las autoridades a brindar una protección reforzada a menores de edad.
El organismo señaló que muchas de estas decisiones se tomaron sin que existiera una justificación clara para la detención inicial de las personas migrantes.
Exigen reparación del daño y garantías de seguridad
Ante estos hechos, la CNDH exigió al Instituto Nacional de Migración reparar el daño a las víctimas y a sus familiares, así como implementar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Entre las acciones recomendadas se encuentra garantizar condiciones seguras en los traslados de personas migrantes, establecer protocolos claros de actuación y fortalecer la capacitación del personal encargado de estos procedimientos.
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La comisión también subrayó la necesidad de que las autoridades migratorias respeten plenamente los derechos humanos durante todo el proceso de verificación, detención y traslado.
Con esta recomendación, el organismo reiteró su postura de vigilancia frente a posibles abusos en el sistema migratorio y reafirmó su compromiso con la protección de personas en situación de movilidad bajo el lema #DefendemosAlPueblo.