La reforma judicial en México podría generar riesgos para la inversión si se percibe que debilita la independencia del Poder Judicial, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el informe, un sistema judicial que sea percibido como vulnerable a presiones políticas puede afectar directamente el clima de negocios.
Reforma judicial inédita a nivel mundial
En su informe “OECD Economic Surveys: Mexico 2026” señala que México inició una transformación profunda del poder Judicial mediante una reforma que establece que todos los jueces del país serán elegidos por voto popular, siendo el único país en donde todos los jueces serían elegidos mediante voto popular, lo que implica riesgos para la imparcialidad judicial.
“México es el único país que elegirá a todos los jueces por voto popular, lo que implica un riesgo para la imparcialidad judicial”, subraya el informe.
Te podría interesar
Contexto: El proceso comenzó el 1 de junio, con la elección de nueve ministros de la Suprema Corte, cinco integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los jueces federales de circuito y distrito. La elección tuvo una participación ciudadana del 13% y para 2027 se renovará el resto de los cargos ciudadanos.
También lee: Incertidumbre por la Reforma Judicial detiene inversiones en México: Eduardo Osuna, CEO de BBVA.
Riesgos de influencia política en tribunales
Observadores nacionales e internacionales han alertado que un proceso electoral sin salvaguardas claras contra campañas políticas o respaldos partidistas podría exponer al Poder Judicial a una mayor influencia política.
“Un poder judicial percibido como vulnerable a la influencia política puede desalentar la inversión, particularmente en sectores sensibles o en aquellos donde puedan surgir disputas con el Estado”, señala el documento.
En ese contexto, las industrias que podrían tener menos inversiones serían energía, telecomunicaciones, infraestructura o minería donde los conflictos legales con autoridades o reguladores son relativamente comunes podrían
Aunado a eso, el impacto podría ser mayor para pequeñas y medianas empresas nacionales, en especial ellas que no suelen contar con mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias legales, a diferencia de grandes corporaciones.
Falta de experiencia judicial y retos operativos
Además, el informe advierte que muchos de los nuevos jueces electos podrían no contar con experiencia judicial suficiente, lo que los haría enfrentarse a una curva de aprendizaje más larga y podría generar procesos judiciales más lentos o retrasos en los tribunales, afectando el entorno para los negocios.
“Muchos de los nuevos jueces electos carecen de experiencia judicial significativa, lo que puede ralentizar los procesos judiciales”, destaca la OCDE.
Para mitigar estos riesgos, la OCDE recomienda fortalecer los programas de capacitación judicial a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, así como elevar los requisitos profesionales para quienes busquen competir por cargos judiciales en futuras elecciones.
También lee: Reforma judicial sigue prendiendo alarmas.
Problemas estructurales que aún persisten
El organismo recalcó que, aunque la reforma al sistema judicial era necesaria para mejorar el acceso a la justicia, la iniciativa actual no aborda varios problemas estructurales que también influyen en el clima de inversión.
Entre esos problemas se encuentran:
- El rezago de casos en tribunales.
- La limitada capacidad para hacer cumplir sentencias.
- La falta de inversión en infraestructura digital que permita agilizar los procesos judiciales.
La OCDE recomienda avanzar en sistemas digitales de gestión de casos, permitir la presentación electrónica de pruebas y realizar audiencias en línea para acelerar la resolución de disputas legales y mejorar la transparencia del sistema fortalecería la confianza de los inversionistas.
“Las instituciones fuertes y un sistema judicial independiente son fundamentales para sostener la confianza de los inversionistas”, concluye el organismo.
JL