Los afectados por la reducción de pensiones y jubilaciones que se contemplan en la iniciativa de límites de pensiones y jubilaciones de las entidades públicas, pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la propuesta de legislación contempla la retroactividad, prohibida por la Constitución.
Sin embargo, difícilmente el recurso prosperaría ante el tribunal constitucional porque no se pueden generar derechos adquiridos sobre una causa de corrupción, ingresos injustificados o pensiones desproporcionadas en relación a otros trabajadores, explicó a La Silla Rota el abogado especializado en temas laborales, Manuel Fuentes Muñiz.
El experto fue consultado un día después de que la iniciativa fue enviada al Senado de la República por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Explicó que el proceso sería presentar un amparo ante un juez de distrito y derivado de la resolución se podría turnar a la SCJN.
La historia de la Suprema Corte marca que esta actúa según el gobierno federal que esté en el poder.
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“El principio de irretroactividad se aplica a conveniencia”, puntualizó Fuentes Muñoz.
Recordó que así fue en la reforma a la ley del ISSSTE, que se aplicó aún a los que tenían derechos generados. “La Constitución tienen diversas interpretaciones”, ironizó.
Contexto: la iniciativa se envió dos semanas después de que la presidenta Sheinbaum dio a conocer que había algunos pensionados como de la extinta Luz y Fuerza, de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex o Nafin que percibían ingresos de hasta un millón de pesos.
Por ejemplo, en Luz y Fuerza se detectó que 9 mil 457 extrabajadores (67%) reciben una pensión de 100 mil a 1 millón
de pesos mensuales, de los cuales 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la presidenta.
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Ante eso, la iniciativa establece que algunas pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos se han apartado de principios como eficiencia, honradez y transparencia particularmente en el sector paraestatal, al generar percepciones que resultan desproporcionadas frente al promedio de la población.
Estas jubilaciones y pensiones han derivado en compromisos presupuestarios que afectan la capacidad financiera de los entes públicos que los sostienen y que, en el largo plazo, pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en detrimento del bienestar colectivo, se lee en el documento.
“La presente iniciativa responde a la necesidad de revisar y ordenar el sistema jubilaciones y pensiones del sector paraestatal, a partir de una lectura armónica y sistemática de los artículos 127 y 134 constitucionales, los cuales establecen que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, al tiempo que no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal; así como que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
La iniciativa no contempla incluir a las fuerzas armadas.
Lo que se propone
La iniciativa presidencial propone que en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
Excepcionalidad debe ampliarse
Fuentes Muñiz consideró que es correcto que se ajusten las pensiones, pero propuso que se revisen los casos de excepción y que además de los militares, se incluyan casos como el de científicos y del personal médico.
“Considero que deben tomar en cuenta a otros trabajadores que han dado un servicio a la nación”, concluyó.
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AJA