México es actualmente el país con mayor número de acciones urgentes activadas a nivel mundial para la búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo con un informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED). El reporte, difundido por la organización IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, advierte que el país acumula 819 acciones urgentes, lo que representa 38% del total global.
El documento, presentado al cierre del periodo de sesiones del Comité conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señala que a nivel mundial se han registrado 2,160 acciones urgentes hasta febrero de 2026. De ellas, México concentra la mayor cantidad, seguido de Irak con 669 casos.
Además, el informe indica que 40 nuevas acciones urgentes contra México se registraron en apenas cinco meses, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. En ese periodo, 37% de los nuevos casos globales correspondieron al país.
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Fallas estructurales en la búsqueda e investigación
Aunque el Comité reconoce la cooperación formal del Estado mexicano al responder solicitudes dentro de los plazos establecidos, el informe identifica problemas estructurales que dificultan la búsqueda e investigación de desapariciones. Entre ellos destacan:
- Falta de estrategias integrales de búsqueda con planes y coordinación efectiva.
- Retrasos graves en diligencias clave, como análisis de videovigilancia o telefonía.
- Investigaciones insuficientes sobre posibles responsabilidades de autoridades.
- Protección inadecuada para familiares y personas buscadoras, incluso cuando existen medidas urgentes solicitadas por la ONU.
- Amenazas y represalias contra buscadores, incluida la desaparición de un padre durante labores de búsqueda.
El Comité advierte que el mecanismo de acción urgente —creado como una herramienta humanitaria excepcional— se ha vuelto recurrente en el caso mexicano, lo que sugiere deficiencias persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación.
Desapariciones en varios estados y presunta participación de autoridades
El informe también detalla características de 40 solicitudes de acción urgente relacionadas con desapariciones ocurridas entre 2011 y 2026. Los casos se concentran principalmente en Chiapas (30%), seguido de Jalisco (18%), Guanajuato y Sinaloa (12% cada uno) y Oaxaca (10%), además de reportes en Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo.
En cuanto a las víctimas, 65% son hombres o niños, 35% mujeres o niñas y 18% menores de edad.
El Comité documenta además posibles casos de participación directa o indirecta de agentes estatales. En Jalisco, por ejemplo, se reportaron desapariciones en las que presuntamente participaron policías o individuos que se identificaron como funcionarios. En Guanajuato, un menor habría sido sustraído de su domicilio por personas con uniformes militares, según testigos.
En Sinaloa, el informe menciona desapariciones ocurridas en zonas afectadas por violencia vinculada al crimen organizado, donde existen denuncias de colusión o tolerancia de autoridades con grupos criminales.
Preocupación por la falta de avances en casos antiguos
El Comité también expresó preocupación por desapariciones registradas desde hace más de ocho años en estados como Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, donde —según el informe— no se observan progresos tangibles en las investigaciones.
En varios expedientes, agrega el documento, las autoridades se han limitado a solicitar información a centros de detención o instituciones sanitarias, sin realizar búsquedas exhaustivas en campo ni análisis forenses completos.
El reporte subraya que el cumplimiento de las acciones urgentes es obligatorio para todas las autoridades, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo 1077/2019, litigado por IDHEAS.
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