La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha inhabilitado a las empresas Gas Azul de Nogales, S.A. de C.V., y Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana, S. de R.L. de C.V., por un periodo de tres meses, tras comprobarse que proporcionaron información falsa en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal.
La empresa Gas Azul de Nogales fue sancionada con una multa de 183 mil 308 pesos, además de la inhabilitación, por presentar datos falsos en la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-113-007000998-N-2-2024, relacionada con la adquisición de diésel industrial, gasolina regular y diésel automotriz. La información apócrifa se detectó en certificados de calibración, dictámenes de inspección e informes de evaluación de tres vehículos. La notificación de esta sanción se realizó el pasado 3 de marzo.
Por su parte, Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana recibió una multa de 158 mil 396 pesos y la misma inhabilitación de tres meses. La sanción se debió a que la empresa entregó información falsa en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional IA-16-512-016000997-N-1-2025, para la contratación del “Servicio Integral de Limpieza” de inmuebles que ocupa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Ciudad de México, Mérida y Yucatán. Específicamente, la falsedad se detectó en la solicitud de trámite denominada "Planes de Manejo de Residuos No Sujetos a Manifestación Ambiental Única". La notificación de esta sanción ocurrió el 17 de marzo.
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Ambas empresas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
Ambas sanciones ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas han sido inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en futuras contrataciones con el Gobierno de México.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras públicas, señalando que "engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias". Las empresas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y la Secretaría defenderá la firmeza de las sanciones impuestas.
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