En México, convertirse en organización de la sociedad civil con autorización como donataria se ha convertido en un proceso cada vez más complicado, advirtió la activista María Elena Morera.
En su columna publicada en El Universal, señaló que las organizaciones deben cumplir con requisitos administrativos y fiscales cada vez más estrictos, además de enfrentar el riesgo constante de perder su registro por cualquier incumplimiento. En contraste, afirmó, cuando se trata de proyectos impulsados desde el poder político, las reglas parecen flexibilizarse.
Morera puso como ejemplo el caso de la asociación promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca recaudar fondos con destino a Cuba. A su juicio, el caso no solo genera dudas sobre su legalidad, sino que también evidencia un trato desigual entre las organizaciones ciudadanas y los proyectos vinculados al poder político.
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De acuerdo con la articulista, actualmente existen poco más de 10 mil donatarias autorizadas en el país, una cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años. Entre 2020 y 2025, explicó, cerca de cinco mil organizaciones salieron de este régimen por cancelación, revocación o pérdida de vigencia, lo que refleja —según su análisis— un entorno cada vez más restrictivo para la sociedad civil organizada.
A este contexto se suma información reciente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que difundió un documento en el que detalla que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, mientras que otras 13 fueron dadas de baja del registro correspondiente.
La dependencia, encabezada por Antonio Martínez Dagnino, señaló que la revocación se debió a que dichas organizaciones “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.
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Según lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, si una organización pierde esta autorización y no logra recuperarla en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. La medida puede significar, en la práctica, la desaparición de organizaciones que dependen de donativos para operar.
En el listado de organizaciones afectadas aparecen agrupaciones reconocidas por su trabajo en investigación y análisis de políticas públicas, como Mexicanos Primero, dedicada a promover el derecho a la educación; México Evalúa, que estudia temas de justicia, seguridad y combate a la corrupción, y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), especializado en desarrollo económico, mercado laboral y competitividad.
Parte de estas revocaciones se relaciona con cambios legales recientes. La autoridad fiscal explicó que algunas ONG perdieron la autorización al no contar con una acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica.
Esto deriva de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en mayo de 2023, la cual modificó el sistema de acreditaciones que anteriormente otorgaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mediante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
No obstante, organizaciones consultadas señalaron que el nuevo marco legal dejó un vacío normativo, ya que no contempla un mecanismo claro para acreditar a las organizaciones que realizan investigación científica o tecnológica. Ante ello, varias ONG indicaron que ya realizan trámites ante el SAT para recuperar su autorización, proceso que podría resolverse hacia finales de marzo.
Las organizaciones también rechazaron la percepción de que el sector opere sin cumplir obligaciones fiscales. Por el contrario, señalaron que la pérdida de estas autorizaciones no solo afecta su capacidad de recibir donativos, sino también su credibilidad ante la sociedad.
Morera recordó que uno de los momentos clave en este proceso ocurrió el 14 de febrero de 2019, cuando López Obrador instruyó cancelar los apoyos del gobierno federal a las organizaciones de la sociedad civil. A su juicio, esa decisión marcó un punto de quiebre al concentrar en el gobierno la facultad de distribuir apoyos y debilitar el ecosistema de organizaciones ciudadanas.
Contexto: el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció públicamente para promover una colecta destinada a enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis económica y energética que enfrenta la isla. A través de redes sociales, el exmandatario difundió una cuenta bancaria vinculada a una asociación civil con el objetivo de recaudar recursos para comprar alimentos, medicinas y combustibles que posteriormente serían enviados al país caribeño.
La iniciativa se canalizó mediante la asociación Humanidad con América Latina, organización que recibió autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para operar como donataria y recibir aportaciones. Según reportes periodísticos, el aval se otorgó recientemente, lo que permitió que la organización habilitara cuentas bancarias para captar donativos destinados a apoyar al pueblo cubano.
María Vanessa Rivadeneyra Navarro, exadministradora Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), señala que Humanidad con América Latina, la organización de AMLO, fundada el 9 de marzo, carece de esta condición.
“La donataria autorizada tendría que ubicar a un organismo internacional intermediario del que México sea parte que sea la que lleve a cabo esa actividad. Una donataria mexicana no le puede dar dinero a ningún extranjero, de acuerdo a como está la ley fiscal actual”, plantea la exfuncionaria, quien en la actualidad tiene el cargo de México Country Chair de Corporate Social Responsability del G100: Mission Million.
djh