Durante al menos tres años hubo alertas fiscales, reportes administrativos, movimientos financieros atípicos, denuncias internas y evidencia operativa que advertían irregularidades en la importación de combustibles en México. Aun así, la red de huachicol fiscal creció, se sofisticó y se consolidó dentro de las estructuras institucionales.
El 31 de marzo de 2025, el Gabinete de Seguridad anunció el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas. Se presentó como un golpe histórico. Sin embargo, a casi un año de ese operativo, el avance del caso muestra un contraste mientras las investigaciones han documentado una red amplia y compleja, las acciones judiciales se han concentrado principalmente en mandos operativos y niveles intermedios.
De acuerdo con documentación integrada a la investigación, las primeras alertas sobre irregularidades en el sector de hidrocarburos se remontan a varios años antes del aseguramiento. Entre 2021 y 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitieron al menos 103 avisos internos sobre inconsistencias fiscales, movimientos atípicos y posibles irregularidades en importaciones de combustible.
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Los reportes incluían empresas con ingresos millonarios y pagos mínimos de impuestos, uso de facturación irregular, importaciones sin infraestructura ni permisos vigentes y operaciones con documentación inconsistente. En algunos casos, las compañías continuaban operando pese a tener autorizaciones vencidas o revocadas. Según el expediente, los avisos interinstitucionales comenzaron incluso desde 2019, pero quedaron en alertas y oficios internos.
A pesar de esos antecedentes, la operación no se detuvo.
Tras el aseguramiento de marzo de 2025, las investigaciones comenzaron a delinear el funcionamiento de la red. De acuerdo con expedientes y reportes del Centro Federal de Inteligencia Criminal, el esquema incluía coordinación previa para el arribo de buques, asignación de personal y distribución de pagos a distintos niveles dentro de las aduanas. Las maniobras se organizaban mediante canales digitales donde se indicaba qué funcionarios recibirían las embarcaciones, cómo se realizarían las inspecciones y en qué momentos se permitiría la descarga.
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En puerto, personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional y de la capitanía de puerto definía horarios y muelles de atraque, con frecuencia en turnos nocturnos o fines de semana. Los cargamentos eran declarados como aditivos o aceites, lo que permitía evadir contribuciones. Las inspecciones, según la investigación, presentaban irregularidades: las muestras tomadas en el muelle arrojaban resultados negativos mientras la descarga continuaba, y los análisis de laboratorio tardaban semanas. En algunos casos, se documentó la sustitución de muestras para cerrar procedimientos administrativos.
Una vez liberado, el combustible era trasladado en pipas fuera del recinto fiscal con apoyo de transportistas y empresas vinculadas al esquema. Posteriormente, se realizaban pagos en efectivo a funcionarios y operadores, que eran distribuidos entre distintos niveles de la estructura. Los pagos se entregaban en sobres o cajas, en estacionamientos y centros comerciales, mientras una parte del dinero se resguardaba para operaciones posteriores.
El componente financiero también forma parte central del expediente. Documentación fiscal integrada a la investigación muestra discrepancias entre ingresos declarados y movimientos reales, así como operaciones por montos elevados en periodos cortos. Entre las irregularidades detectadas aparecen emisiones múltiples de comprobantes fiscales en un mismo día, depósitos por decenas de millones de pesos, contratación de seguros de alto valor, adquisición de inmuebles y transferencias que las autoridades consideran inusuales.
En el caso de los hermanos Farías Laguna, la investigación refiere que ambos recibieron pagos de nómina por parte de la Secretaría de Marina por montos mayores a los declarados ante el SAT, además de registrar movimientos patrimoniales y bancarios que la Fiscalía considera atípicos. También se documentaron operaciones inmobiliarias y financieras que forman parte de la indagatoria por presunto lavado de dinero.
El testimonio de un colaborador identificado como “Santo” permitió reconstruir parte de la operación. La Silla Rota publicó que, de acuerdo con declaraciones integradas a la carpeta de investigación, entre 2023 y 2025 arribaban a Tampico alrededor de 12 o 14 buques mensuales con combustible mal declarado.
Según ese testimonio, la operación incluía la distribución de pagos entre funcionarios, así como la coordinación de inspecciones, descargas y movimientos de personal dentro de la aduana para garantizar la continuidad del esquema. El propio colaborador entregó recursos económicos a las autoridades como parte de su declaración, vinculados con los pagos realizados dentro de la red.
El testigo también describió la distribución de pagos entre funcionarios y la manera en que se organizaban las inspecciones, las descargas y los cambios de personal para mantener el control de la operación dentro de la aduana.
Además de los aspectos financieros y operativos, la investigación incorpora una línea relacionada con hechos de violencia. En la causa penal 325/2025, la Fiscalía General de la República plantea que el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar podría estar vinculado con la denuncia que presentó meses antes sobre irregularidades en aduanas relacionadas con el huachicol fiscal.
De acuerdo con el expediente, el mando naval acudió en junio de 2024 a las instalaciones de la Secretaría de Marina para entregar un documento con información sobre la red. Fue asesinado el 8 de noviembre de ese mismo año en Manzanillo. El expediente también refiere que personal de la Marina tenía conocimiento de su ubicación durante ese periodo, lo que forma parte de las líneas de investigación.
En ese punto aparece también la versión de la defensa. El abogado Epigmenio Mendieta, representante legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contralmirante Fernando Farías Laguna, ha sostenido que los hermanos no crearon la red de huachicol fiscal, sino que informaron sobre irregularidades al entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Según esa postura, la historia de la Fiscalía y de la Marina “no cuadra”, porque existirían comunicaciones previas y elementos que apuntan a que su participación consistió en denunciar el funcionamiento de la red, no en diseñarla.
La defensa también ha señalado que la información sobre esos hechos, incluidos intercambios con el alto mando naval y una grabación relacionada con la denuncia del contralmirante Guerrero Alcántar, debería integrarse y esclarecerse dentro de la carpeta de investigación. Esa versión introduce un punto adicional en el caso: además de indagar quién operó la red, también abre la discusión sobre quién conocía su existencia dentro de la estructura naval.
La reunión con el Secretario
Una de las piezas centrales del expediente es la reunión que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar sostuvo el 14 de junio de 2024 con el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en las oficinas centrales de la dependencia en Ciudad de México.
Guerrero Alcántar acudió a ese encuentro para entregar un manuscrito en el que denunciaba una presunta red de corrupción y huachicol fiscal vinculada con operaciones aduaneras. Un audio difundido posteriormente dio cuenta de esa reunión en la que el contralmirante expuso ante altos mandos los mecanismos de operación de la red denunciada.
Meses después, el 8 de noviembre de 2024, Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, Colima, cuando se encontraba en periodo de licencia. En el expediente, la Fiscalía General de la República plantea como línea de investigación que el homicidio habría sido una represalia directa por la denuncia presentada ante la máxima autoridad naval.
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La carpeta añade que el personal de la Secretaría de Marina tenía conocimiento formal de que el contralmirante pasaría sus vacaciones en ese puerto.
A la par, las omisiones institucionales han sido cuestionadas fuera del expediente penal. La expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, advirtió que la Auditoría Superior de la Federación también ha sido omisa en rastrear la intromisión del crimen organizado en ese caso.
La exfuncionaria cuestionó que una trama de esa magnitud hubiera podido incrustarse en estructuras públicas sin que los mecanismos de fiscalización y control lo detectaran oportunamente.
“No puede ser posible que, de la noche a la mañana, el crimen organizado se haya infiltrado en las instituciones y que nadie se haya enterado”, señaló al referirse a auditorías de desempeño y revisión de la cuenta pública.
A casi un año del aseguramiento en Tamaulipas, el caso sigue en proceso. Las investigaciones han permitido documentar la existencia de una red con componentes operativos, financieros y administrativos, así como la participación de diversos actores en su funcionamiento. Sin embargo, las resoluciones judiciales y las detenciones reportadas hasta ahora se han concentrado principalmente en niveles operativos y administrativos, mientras continúan abiertas las líneas de investigación sobre el alcance de las responsabilidades dentro de la estructura señalada en los expedientes.
VGB