La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las consideraciones finales del Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla reducciones a las regidurías y el gasto en los Congresos, tanto locales como en el federal.
La iniciativa surge después de que la reforma constitucional impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria.
Rodríguez explicó que la nueva propuesta mantiene el eje central del proyecto original.
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“La iniciativa presidencial de reforma constitucional que se presenta el día de hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública”, afirmó.
Añadió que el objetivo es aplicar la política de austeridad en el sistema electoral.
Desde la conferencia mañanera de Palacio Nacional, la funcionaria insistió en que este proyecto tiene como fin disminuir los privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la Cuarta Transformación: la austeridad republicana.
“Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana de los altos funcionarios electorales, deben ser dignos pero no excesivos. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta. No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”, agregó.
Rodríguez Velázquez sostuvo que los municipios del país deben responder a “la nueva realidad nacional”, establecer límites en la regidurías que permitan y garanticen la representación política y el buen funcionamiento.
Por lo tanto, el Plan B, que será enviado este martes a la Cámara de Senadores, contempla la reducción del número de regidurías a siete y con un máximo de 15 a partir del próximo año. Asimismo, contempla la limitación de las sindicaturas, solo habrá una por municipio.
Para el caso de los congresos locales se pone un tope presupuestal del 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad y este monto no podrá ser superior los ahorros.
Producto de esta iniciativa, los ahorros de esta reducción, tanto de regidurías como de congresos locales, serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y las entidades federativas.
Con relación la reducción de privilegios, la iniciativa de reforma constitucional comprende que funcionarios del INE de los tribunales y de los órganos electorales de los estados consejeros y magistrados no podrán ganar más que la presidenta de México. Se busca acabar con bonos, seguros de gastos médicos mayores, así como ingresos adicionales. En el caso del Senado, se acordó una reducción de gasto progresivo, hasta llegar a un 15 por ciento.
Revocación de mandato, para 2027
Respecto a la revocación de mandato, se propone que la encuesta se lleva a cabo el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, la siguiente podría ser en 2027 o 2028. Esto dependerá del año en que lo solicite la ciudadanía.
Las leyes secundarias de esta reforma contemplan cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para poner un tope a la remuneraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), de los consejeros y de los altos funcionarios.
En el caso de el artículo 99, se trata de un límite a las remuneraciones de los de los institutos locales, que son de los consejeros y altos funcionarios. También, se buscará modificar el artículo 104 para que los cómputos de los comicios federales comience una vez que termine la jornada electoral y no el miércoles, como ocurre actualmente.
En cuanto a la fiscalización se contemplan convenios con autoridades en la materia, tanto para partidos como candidatos. Por ejemplo, el INE podrá firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña.
Del mismo modo, se contempla el uso de tecnologías para la revisión de recursos, así como la transparencia de las remuneraciones de los dirigentes y el reporte de los partidos sobre sus operaciones financieras en tiempo real, mediante un sistema bancarizado. Se añadirá una prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable en las campañas, así como de aquellos provenientes del extranjero y aportaciones en efectivo.
Por su parte, Sheinbaum defendió la necesidad de insistir en la reducción del gasto electoral “es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos”, afirmó, a la vez que indicó que el proyecto busca corregir excesos en gobiernos locales, además de ajustar el número de representantes según la población.
El Ejecutivo confía en que esta nueva iniciativa avance en el Congreso, pese al rechazo previo, al centrarse en cambios legales que no requieren modificar la Constitución.
Los puntos del Plan B de Sheinbaum
- Se prevé que la revocación de mandato pueda hacerse desde el segundo año de gobierno, lo que permitiría que se lleve a cabo en 2027, al mismo tiempo que las elecciones federales y elección judicial.
- La iniciativa plantea que la presidenta pueda pedir el voto a su favor al mismo tiempo que corre la campaña para diputados federales, locales y gobernadores.
- Se limita el número de regidores en las alcaldías a un máximo de 15 y se elimina el principio de paridad de género.
- Se reduce el 15% al presupuesto del Senado y se pone un tope a los congresos locales
- En los estados en que haya elección de gobernador, los ciudadanos recibirían hasta seis boletas: diputados locales, federales, alcaldes, gobernador, poder judicial y revocación de mandato.