Este año se cumplen 109 años de la promulgación de la Constitución de 1917, y como ocurre con cada gobierno, la Cuarta Transformación también busca plasmar sus programas en el texto constitucional y haciendo uso de su mayoría legislativa, ha hecho numerosas modificaciones a la Carta Magna.
En los últimos 7 años se han legislado 44 decretos con 147 artículos reformados. “Eso es fuerte”, considera en entrevista con la Silla Rota el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Edgar Corzo Sosa.
Las reformas implican entrar en una nueva etapa de comprensión de esas modificaciones. Entender lo que se quiso hacer en el texto constitucional, pero además, lo que las leyes emanadas de ella desarrollan, ya que implica un cambio al ordenamiento jurídico, apunta.
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En el actual gobierno se han expedido 24 leyes derivadas de las reformas a la Constitución. A eso hay que sumar las 39 de Andrés Manuel López Obrador, entonces la suma es de 63 nuevas leyes en los últimos 7 años.
“Tienes la reforma al texto constitucional más las leyes que se expiden”, explica.
Parte del impacto jurídico al ordenamiento legal por las modificaciones, que califica de muy fuerte, es la reforma constitucional aprobada en 2024 de la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales a nivel federal, lo que implica que la Suprema Corte, que es el Tribunal Constitucional, no va a poder revisar si esa reforma constitucional estuvo bien o mal.
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El legislador debe ser el guardián de la Constitución
Ante ese panorama, quien se convierte en el guardián de la Constitución es el Poder Legislativo y Corzo Sosa, quien es experto en Derecho Constitucional, explica por qué.
“No solamente hace leyes, sino además reforma la Constitución en conjunto con las legislaturas estatales. Entonces, si la corte ya no va a poder revisar lo que es el texto constitucional, el último que intervino y que la hizo es el legislador. Por eso hago recaer en él bastante peso. ¿En qué sentido? Tiene que ser él quien dé muestras de que tiene un respeto al texto de la Constitución”.
El legislador debe no votar en contra de lo que vaya la Constitución y que lo que reforme esté apegado al Estado de Derecho. Es él el último que queda en la cadena de elaboración, quien debe de hacer respetar la Constitución, porque la Suprema Corte no puede intervenir, porque ya se reformó así. Una de las tantas reformas hechas consistió efectivamente en que no se puede impugnar. Para que el legislador cumpla se le debe exigir un doble estándar de razonabilidad, de ejercicio muy razonable cuando hace una reforma constitucional.
Las reformas deben apegarse a la certeza del derecho
Las reformas deben ser apegadas a lo que se entiende como la certeza en el derecho, explicó el investigador, quien fue candidato a ministro de la Suprema Corte en la elección del 1 de junio pasado.
“Si se les quita la autonomía a los órganos constitucionales autónomos, pues entonces significa que eso es quitarse a sí mismo parte de la esencia de la Constitución”, observa, sobre las reformas aprobadas en 2024 que les quitaron autonomía a instituciones como el INAI.
Corzo Sosa dice que si bien la corte ya no puede revisar las reformas a la Constitución, sí puede revisar las leyes derivadas de esas reformas. Pero remarca que entre las modificaciones hay una regresión, en el juicio de amparo, que es el que usan los individuos, las personas contra una ley.
Regresión en materia de amparo
La regresión consiste en que cuando se hace uso de esa de ese instrumento, la sentencia que emita la corte no podrá tener efectos generales. Pero eso nada más en el amparo. En el caso de las controversias de inconstitucionalidad, los efectos de la sentencia sí pueden ser generales, ahí no está prohibido.
“Pero cuando un individuo lo intenta, solamente le beneficia a él y no beneficia al resto de las personas que están en su situación porque así lo limitaron los efectos. Habíamos tardado muchísimos años en lograr que cuando un individuo impugna una ley y fuera se le diera la razón, también beneficiara a todos los demás, por eso eran los efectos generales. Lo pedimos mucho tiempo, lo logramos, pero ya ahora hubo una reforma regresión y ahora solamente son efectos particulares”, lamenta.
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- ¿Podemos confiar en que el Congreso sea un garante del Estado de derecho?
-Bueno, hay una frase que siempre me ha gustado que es yo sí confío. En ocasiones no confío tanto, en ocasiones me reservo la confianza. Bueno, pues esto es un confiar de día a día, concluye.
Contexto
El analista observa que Las reformas constitucionales en los últimos 7 años han pasado por 44 decretos con 147 artículos de la Constitución.
A eso suma que en el actual gobierno se han expedido 24 leyes derivadas de las reformas a la Constitución, a las que hay que sumar las 39 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son 63 nuevas leyes en últimos 7 años.
Este 5 de febrero la Constitución cumplió 109 años.