La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, tras un operativo conjunto en Tapalpa, Jalisco, en el que participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO), fue detenido Rubén “N”, alias “Mencho”. Durante la operación se produjo un enfrentamiento; el líder criminal resultó herido y posteriormente falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. La autoridad informó que se realizarán las diligencias periciales correspondientes para su identificación formal.
Una vez confirmada pericialmente la identidad, estaríamos ante el golpe más relevante contra el crimen organizado en la historia reciente del país.
Bajo su liderazgo, el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del mundo. Considerado por autoridades estadounidenses como uno de los cárteles más violentos y con mayor capacidad financiera a nivel global, el CJNG construyó una red internacional de distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía. La producción y distribución de metanfetaminas y, posteriormente, de fentanilo le otorgaron liquidez, autonomía, capacidad de expansión y poder.
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El origen del CJNG se remonta a la fractura del Cártel del Milenio tras la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”. De esa escisión surgió el grupo encabezado por Oseguera Cervantes, junto con Abigael González Valencia, “El Cuini”, Erick Valencia Salazar, “El 85”, y otros operadores que consolidaron el nuevo proyecto criminal en Jalisco y Michoacán.
Sus operaciones iniciales se concentraron en la zona metropolitana de Guadalajara, en Los Altos de Jalisco y en el corredor hacia Michoacán, con el interés principal de controlar los accesos a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, fundamentales para la importación de precursores químicos provenientes de China y algunos enervantes desde Sudamérica. En 2011, el episodio de Boca del Río, Veracruz —con el abandono de 35 cuerpos de Zetas mientras se celebraba la reunión nacional de procuradores, en presencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa— marcó su irrupción nacional bajo la firma de “Los Matazetas”. A partir de ese momento, se proyectó un grupo delincuencial que podría hacerle frente a uno de los más cruentos y sangrientos grupos criminales de ese tiempo, los Zetas.
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Ese mismo año consolidó su presencia en Colima y, posteriormente, avanzó en Michoacán en una disputa cruenta contra los Caballeros Templarios. Oseguera Cervantes, originario de Aguililla, conocía la geografía de la región y entendía el valor de controlar los corredores logísticos que representaba la entidad en esa guerra eterna que descompuso por completo el Estado michoacano.
A partir de 2013, ya en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y bajo el modelo de coordinación de seguridad implementado por la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, el grupo experimentó una expansión acelerada derivada a su desatención a ese grupo criminal. Para ese año ya tenía presencia en Nayarit, Guerrero y profundizaba su incursión en Veracruz, particularmente por el interés estratégico en los puertos.
La DEA estimaba en 2012 que su presencia se limitaba a cuatro estados; sin embargo, su crecimiento superó esas previsiones. Entre 2015 y 2017 amplió sus operaciones en Baja California, Estado de México, Puebla, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Informes de seguridad ya advertían de presencia relevante en más de veinte entidades federativas, así como de actividades vinculadas al lavado de dinero y otras economías ilícitas en el sureste.
El Cártel de Jalisco pasó entonces de la expansión territorial a una fase de disputa contra organizaciones regionales que no se alinearon con él. Zacatecas, Baja California, Colima, el Bajío y la frontera norte eran los frentes de batalla, manteniendo siempre su bastión en el occidente del país. En algunos casos, grupos locales comenzaron a operar bajo su denominación, como una franquicia, lo que surgió un modelo de absorción y alineamiento político y criminal.
Entre 2012 y 2018, el cártel se extendió mediante la cooptación de células locales y la imposición de control mediante la violencia. Buscó dominar economías regionales ilícitas como el robo de combustible, la extorsión y el control portuario, en estrecha coordinación con el grupo financiero conocido como “Los Cuinis”, lo que fortaleció su estructura económica, siempre diversa y en constante expansión.
El CJNG aprovechó el vacío y creció en el espacio que dejó un modelo de seguridad centrado en la captura de objetivos prioritarios, que en ese momento parecía idóneo ante la violencia inusitada que resultó en el Calderonato; sin embargo, no hubo contención de los territorios. La fragmentación de organizaciones como Los Zetas, los Caballeros Templarios y remanentes del Cártel del Golfo generó vacíos que fueron rápidamente ocupados por este grupo, acogiendo los restos de las demás organizaciones y avanzando en el proyecto.
En paralelo, el auge de las drogas sintéticas transformó el mercado ilícito. La expansión de la metanfetamina y, posteriormente, del fentanilo encontró en Manzanillo y Lázaro Cárdenas puntos clave de acceso a precursores químicos. La organización desarrolló capacidades para instalar laboratorios a gran escala y establecer cadenas internacionales de distribución directa, lo que redujo el número de intermediarios.
Su modelo y su estructura permitían la rápida expansión y la reposición de mandos. Para el final del sexenio de Peña Nieto, el CJNG ya contaba con presencia nacional, capacidad de movilización armada y un perfil claramente paramilitar, dejando un problema que también creció en el vacío institucional que dejó el obradorato.
Hoy concluye la etapa de Oseguera Cervantes. Lo que está por verse es la escala del reacomodo interno y las consecuencias del nuevo liderazgo que emerja. Después de la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, este es, sin duda, el golpe más significativo contra un liderazgo criminal en la historia contemporánea del país. La incógnita es si el Estado logrará contener la inevitable disputa que suele surgir tras la caída de un jefe de esta magnitud.
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