La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la solicitud de amparo de un grupo de 308 indígenas tzotziles para pedir que el Estado mexicano les repare el daño a raíz del desplazamiento forzado ocurrido a partir del 22 de diciembre de 1997 por la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.
Al atraer la Suprema Corte el caso, será analizado por alguna ponencia de los ministros y posteriormente se emitirá un proyecto que será discutido ante el Pleno de la SCJN, dijo una fuente judicial.
La solicitud se hizo a partir de un asunto que se está tramitando en algún juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado. El caso entraña un tema de interés y trascendencia que la Corte consideró debe conocer.
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Por eso este 12 de febrero el Pleno de la SCJN analizó la petición y decidió atraerla.
“Lo relevante de la decisión es que la Suprema Corte va a estudiar el asunto de los desplazados por la masacre de Acteal, en la que murieron 45 personas”, dijo la fuente.
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Además, la atracción del caso abre la puerta para que el Máximo Tribunal aborde y se pronuncie sobre el tema de los desplazados internos que hay en el país, en distintos casos por la presencia de la delincuencia organizada.
Con ello, podría fijar un criterio relevante y dar más contenido a la protección de los derechos humanos de los grupos desplazados. El amparo se determinaría conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
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Aun no hay fecha para su discusión ante el Pleno
Contexto: El 22 de diciembre de 1997 en la comunidad Tzotzil de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, 45 indígenas de la etnia -entre los cuales había 18 mujeres, de las cuales 4 estaban embarazadas- fueron asesinados por un grupo paramilitar conformado por 60 personas. Además, se registraron 26 heridos graves.
El caso de Acteal también se ha expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que se reconozcan las violaciones de derechos humanos cometidas contra la comunidad.