Una investigación periodística documentó la red de contratos y proveeduría en el Tren Interoceánico vinculada a personas cercanas a Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO. El esquema operó durante la ejecución de tramos ferroviarios estratégicos, con énfasis en la Línea K y la Línea Z. Los registros señalan participación de operadores privados en el suministro de balasto y servicios de transporte. Las operaciones se desarrollaron en proyectos con inversión pública superior a 65 mil millones de pesos.
Desde el segundo semestre de 2023, el medio estadounidense Latinus difundió audios, contratos y documentos oficiales que describen la operación de esta red. El reporte identificó a Amílcar Olán como uno de los principales proveedores de material pétreo para el proyecto ferroviario. En enero de 2024, Olán firmó un contrato por 47.6 millones de pesos para el suministro de balasto en la Línea K. La investigación señaló que el contrato replicó un modelo aplicado previamente en el Tren Maya.
De acuerdo con la documentación difundida, Gonzalo López Beltrán participó como supervisor honorífico del Tren Interoceánico. Su función incluyó la vigilancia de avances, la coordinación con contratistas y el seguimiento de necesidades operativas. Aunque no contó con nombramiento formal ni salario, su intervención quedó registrada en comunicaciones privadas. En audios citados por Latinus, se escuchan instrucciones directas relacionadas con volúmenes de producción y tiempos de entrega.
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El reporte indicó que la estructura del negocio priorizó la logística sobre la extracción del material. Las conversaciones analizadas detallaron un precio integral de 1,370 pesos por metro cúbico de balasto. De ese monto, 500 pesos correspondieron al valor de la piedra y 870 pesos al transporte. Los operadores describieron el flete como el principal generador de ingresos debido a la distancia recorrida por los camiones.
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Contratos y proveeduría en el proyecto ferroviario
La investigación señaló que el suministro de balasto se canalizó mediante empresas vinculadas a constructoras recurrentes en obras federales. El material se destinó a la rehabilitación de tramos ferroviarios en Oaxaca y Veracruz. Los contratos se asignaron mientras avanzaban los trabajos de modernización del corredor interoceánico. La red de proveeduría operó de forma paralela a la ejecución de obra civil.
Según Latinus, los audios revelaron acuerdos internos para fijar cuotas de producción específicas. En una de las grabaciones se mencionó la exigencia de entregar hasta 500 mil metros cúbicos de material en un periodo determinado. Las instrucciones se emitieron de forma directa entre los participantes del esquema. El reporte señaló que estas decisiones se tomaron sin procesos públicos documentados.
La investigación también vinculó el esquema con el estado operativo de algunas líneas ferroviarias. En el periodo de ejecución del proyecto, la Línea Z registró un descarrilamiento con saldo de 14 personas fallecidas. El medio señaló que el accidente ocurrió mientras continuaban las operaciones de proveeduría. Las autoridades no establecieron relación directa entre el contrato y el siniestro.
Apoyo financiero y supervisión institucional
El reportaje documentó la participación de la banca de desarrollo en la profesionalización del esquema. En junio de 2024, Amílcar Olán recibió asesoría de Nacional Financiera para integrarse al programa Cadenas Productivas. El acompañamiento permitió formalizar procesos de cobro y flujo de capital. La integración se realizó mientras el proveedor mantenía contratos activos con el proyecto ferroviario.
De acuerdo con los documentos citados, la asesoría incluyó orientación técnica y vinculación con consultores externos. El objetivo consistió en ordenar la facturación y facilitar el acceso a financiamiento. El reporte señaló que este respaldo se otorgó desde una institución pública. La información no detalló restricciones ni observaciones administrativas en ese proceso.
Latinus consignó que, pese a la difusión de audios y contratos, no avanzaron auditorías legislativas sobre la asignación de recursos. En el Senado, las propuestas de revisión no prosperaron. El esquema de proveeduría continuó vigente hasta el cierre de la administración. La investigación planteó que el modelo replicó prácticas utilizadas en otros proyectos ferroviarios federales.
VGB