Exfuncionarios electorales advirtieron que los ejes centrales de la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal abrirían la puerta a una mayor concentración de poder y significarían un retroceso para el sistema electoral mexicano, al debilitar contrapesos construidos durante décadas y poner en riesgo la autonomía de las autoridades electorales.
El exfiscal electoral, Héctor Díaz Santana destacó que los cambios en discusión podrían aumentar la sobrerrepresentación del partido en el poder, debilitar la confianza en las elecciones y erosionar uno de los sistemas electorales que fue considerado entre los más sólidos del mundo.
El especialista recordó que México construyó, a partir de la década de los noventa, uno de los sistemas electorales más robustos a nivel internacional, reconocido incluso por Naciones Unidas, gracias a reformas progresivas que se enfocaron en resolver problemas concretos mediante consensos políticos.
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Sin embargo, sostuvo que ese equilibrio comenzó a romperse en años recientes. “Hoy vemos una clara fractura del sistema electoral”, explicó, al señalar dos fenómenos principales: la sobrerrepresentación parlamentaria del partido oficialista y la pérdida de credibilidad tras la elección del Poder Judicial, marcada —dijo— por prácticas que dañaron la confianza pública, como votaciones atípicas, uso de acordeones y dirección indebida del voto.
El voto como mecanismo de representación
Díaz Santana subrayó que el sistema actual no traduce de manera fiel el voto ciudadano en escaños, lo que abre una brecha entre la voluntad popular y la representación política. Como ejemplo, mencionó que un partido puede obtener alrededor del 35 o 40 por ciento de los votos y, sin embargo, concentrar una mayoría amplia de curules, lo que distorsiona el principio democrático.
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Frente a las propuestas de reducir la representación proporcional o modificar el esquema de plurinominales, el exfiscal planteó que el problema no es el modelo proporcional en sí, sino su debilitamiento. Por ello, aseguró que una alternativa sería avanzar hacia un sistema de representación proporcional pura, como el que existe en varios países europeos, donde el número de curules corresponde directamente al porcentaje de votos obtenidos.
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Este modelo, sostuvo, permitiría reducir costos, fortalecer a los partidos políticos y evitar la sobrerrepresentación en el Congreso.
“El riesgo es caer en un diseño que incremente la desproporcionalidad y consolide un sistema casi hegemónico”, advirtió. A su juicio, permitir que un partido con alrededor del 50 por ciento de los votos concentre hasta el 70 por ciento de la representación legislativa debilita los contrapesos, afecta la gobernabilidad democrática y abre la puerta a errores graves en la toma de decisiones públicas.
Recortar dinero a partidos sin ajustar reglas de fiscalización abre puerta a recurso ilegal
Por su parte, el ex titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Alfredo Cristalinas advierte que una reducción al financiamiento público, sin modificar topes de gasto ni financiamiento privado, puede debilitar el control del dinero en campañas y generar un retroceso en la confianza electoral.
Una de las propuestas que más fuerza ha cobrado es la reducción de hasta 50 por ciento al financiamiento público de los partidos políticos. Sin embargo, para el ex titular de la Unidad Técnica de Fiscalización una reforma centrada únicamente en recortar recursos, sin un rediseño integral del sistema de fiscalización, puede resultar contraproducente y riesgosa para la democracia.
En entrevista con La Silla Rota, Cristalinas explicó que el recorte que hoy se plantea no equivale a quitar la mitad del presupuesto, sino a modificar uno de los componentes de la fórmula de financiamiento: el porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
“En términos reales, el ahorro sería de alrededor de 1,700 millones de pesos, es decir, una reducción de aproximadamente 23 por ciento”, detalló. Aunque la cifra parece elevada, subrayó que el financiamiento a partidos representa apenas 0.06 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que el impacto fiscal es marginal.
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El verdadero problema, sostuvo, es que reducir el financiamiento público sin ajustar los topes de gasto o los límites al financiamiento privado genera un incentivo directo para buscar recursos por vías más difíciles de rastrear. “Hay una relación básica de oferta y demanda: las campañas necesitan dinero para operar. Si quitas una fuente sin ajustar el resto del sistema, el dinero va a salir de algún lado”, advirtió.
Cristalinas señaló que el dinero público es, paradójicamente, el recurso más fácil de fiscalizar, pues deja huella clara desde su origen hasta su gasto. En contraste, el financiamiento privado plantea mayores riesgos, ya que el origen real de los recursos puede ser opaco, especialmente cuando no pasa por el sistema bancario o se fragmenta en múltiples aportaciones.
En ese sentido, alertó que satanizar el dinero como problema central es un error de enfoque. “El problema no es el instrumento, es la conducta. Hay que analizar cómo se financian las campañas y cómo se gasta el dinero, no sólo cuánto se recorta”, afirmó.
El exfuncionario también advirtió que acortar los plazos de fiscalización —como ha ocurrido en reformas recientes— compromete la calidad del control del gasto. Aunque reconoció que hoy existen más herramientas tecnológicas, incluso inteligencia artificial, insistió en que la masividad de operaciones y la presión por entregar resultados antes de la calificación de la elección debilitan el análisis de fondo.
Otro punto crítico, dijo, es la posible afectación a la autonomía de la autoridad fiscalizadora. Cristalinas subrayó que la fiscalización electoral es una función técnica que pierde credibilidad si se somete a presiones políticas o presupuestales. “Sin autonomía económica y operativa, la fiscalización se debilita, aunque exista independencia en el discurso”, afirmó.
Desde su experiencia en el INE, recordó que las sanciones incomodan no por fallas técnicas, sino por los resultados que exhiben prácticas irregulares.
Para ambos especialistas una reforma electoral responsable debe incluir reglas claras sobre la forma de elegir a los plurinominales, mecanismos que permitan una efectiva representación, regular bien el financiamiento público y privado, revisión de topes de gasto de campaña, fortalecimiento de la rendición de cuentas y, sobre todo, poner al ciudadano en el centro del sistema, algo que —advirtió— hoy está ausente del debate.
Contexto: La reforma electoral que impulsa el gobierno federal forma parte de la agenda política de la presidenta Claudia Sheinbaum y, aunque todavía no ha sido presentada formalmente ante el Congreso, la mandataria adelantó alguno de los planteamientos. El punto central es reducir el costo de las elecciones, revisar el esquema de representación —en particular el de los legisladores plurinominales— y fortalecer mecanismos de participación ciudadana.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la propuesta no pretende debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) ni concentrar poder, sino ajustar el sistema para hacerlo más eficiente y cercano a la ciudadanía.
En su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum afirmó que la reforma aún se encuentra en fase de diseño y que será enviada al Congreso en febrero. Rechazó que se trate de una iniciativa autoritaria o que busque someter al INE, y sostuvo que se mantendrá la pluralidad y la representación de las minorías.