El diputado federal Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Hilda Araceli Brown Figueredo, legisladora de Morena por Baja California.
El recurso parlamentario planteó que se investiguen posibles vínculos de Brown con la facción conocida como La Mayiza o Los Mayitos, relacionada con el Cártel de Sinaloa. En su exposición, Zavala indicó que el fuero no debía funcionar como un mecanismo de protección frente a acusaciones de este tipo.
Acusaciones de autoridades estadounidenses
La iniciativa de juicio político se originó en sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde Brown apareció señalada como integrante de una red criminal asociada al Cártel de Sinaloa.
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De acuerdo con el comunicado oficial, durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, entre 2019 y 2024, Brown favoreció operaciones de la organización en materia de lavado de dinero y extorsión.
El Departamento del Tesoro de EU sostuvo que su relación con Candelario Arceaga, conocido como 'El Cande', permitió colocar colaboradores en posiciones estratégicas del gobierno municipal. Según las acusaciones, Brown también facilitó cobros por extorsión y ofreció protección a las actividades de Alfonso y René Arzate, antiguos miembros del grupo delictivo en Baja California.
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Contrato de vehículos en Rosarito
Un documento oficial señaló que, en enero de 2024, el Ayuntamiento de Rosarito adjudicó de manera directa un contrato por 11.9 millones de pesos para la compra de vehículos destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El vendedor fue identificado como Candelario Arce Aguirre, presunto integrante de la red criminal.
El Tesoro informó que esta operación representó un mecanismo de colaboración entre Brown y Arceaga, a quien describió como un “agente político vinculado al Cártel de Sinaloa”, con el fin de asegurar control local y protección para operaciones ilícitas.
Respuesta de la legisladora y postura oficial
Brown rechazó los señalamientos y aseguró que buscaban desacreditar su trayectoria política. En declaraciones públicas afirmó que sus cuentas no permanecían bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en México y señaló que incluso viajó a Estados Unidos recientemente sin restricciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que las sanciones correspondían exclusivamente al gobierno estadounidense y pidió a las autoridades de ese país entregar pruebas a la Fiscalía General de la República para iniciar un proceso en México.
Reacciones en el ámbito político
Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, indicó que la UIF analizó el caso sin encontrar elementos que justificaran el congelamiento de cuentas. En tanto, la diputada panista Eva María Vásquez solicitó que la Cámara de Diputados abriera una investigación, al destacar que las acusaciones provenían de una instancia extranjera y no de partidos de oposición.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, declaró que sostendría un encuentro con Brown, pero aclaró que la Cámara no actúa como Ministerio Público y que la investigación correspondía a la Fiscalía si existían pruebas.
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Alcance de las sanciones en México
El mismo comunicado del Departamento del Tesoro incluyó sanciones contra 15 empresas y cinco personas relacionadas con la facción de Los Mayos. Los señalamientos abarcaron actividades en Rosarito, Tijuana y Guadalajara, donde se identificaron negocios afectados.
En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila expresó que los señalamientos correspondían a delitos de orden federal, mientras que autoridades estatales confirmaron colaboración con Estados Unidos en operativos contra líderes del grupo, como Jesús Alexandro Sánchez Félix, conocido como El Ruso.
VGB