Durante los últimos años, y en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los programas sociales sí han reducido la pobreza de corto plazo, pero no son universales ni garantizan movilidad social, dijeron especialistas consultados por La Silla Rota en el marco del primer informe de gobierno.
Los analistas coinciden en que la reducción de la pobreza obedece más al aumento del ingreso laboral que a las transferencias gubernamentales, mientras persiste la exclusión de millones de hogares.
En su mensaje previo al informe, la mandataria asegura que “30 millones de familias reciben Programas para el bienestar”, equivalentes al 82% de los hogares del país. Además, destaca un presupuesto histórico de 836 mil millones de pesos en 2025, lo que representa un aumento de 638% respecto a 2018.
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Asimismo, el gobierno mexicano subraya que los apoyos son derechos constitucionales y presume la creación de tres programas nuevos: Pensión mujeres bienestar para mayores de 60 años, la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica y Salud casa por casa.
Diferencias en los datos
La narrativa presidencial contrasta con la evidencia estadística presentada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que en su Informe de Movilidad Social 2025, documentó que 71% de los hogares declara recibir al menos un programa social, y en la mayoría de los casos se trata de la pensión para adultos mayores.
De acuerdo al documento, sin las transferencias, la pobreza por ingresos habría sido siete puntos porcentuales mayor, pero el impacto es limitado en la pobreza extrema.
Los programas sociales son necesarios, pero no suficientes”, señalan.
“No son universales ni derechos”
En el mismo tenor, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, afirma que de los casi 39 millones de hogares del país, dos terceras partes no reciben programas de transferencias.
“Incluso entre los más pobres, sólo 35% accede a un apoyo; el 65% restante está excluido”, afirma en entrevista.
La diferencia con la versión oficial es abismal. El gobierno habla de 82%, el Inegi de 35%. Gómez Hermosillo subraya que la fuente oficial, la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi, es consistente y seria, sin margen para explicar semejante discrepancia.
Ante ello, el especialista advierte que el discurso de universalidad es engañoso. “El nivel de exclusión muestra que no son universales y que no son derechos. Son programas masivos de transferencias, sí, pero con una cobertura insuficiente”.
Gasto creciente, impacto limitado
Los especialistas también advierten una paradoja. Mientras el gasto social se multiplica, sus efectos estructurales son marginales.
El presupuesto en programas de transferencias creció casi cuatro veces en seis años, pero la pobreza extrema apenas se redujo tres puntos porcentuales.
“Estamos gastando mucho más y tenemos millones de hogares de bajos ingresos sin transferencias. El efecto en pobreza es mínimo y en pobreza extrema, nulo”.