La "Estafa Maestra" no es solo un titular de un escándalo de corrupción. Es un modus operandi de "simulación fraudulenta" que desvió más de 7 mil millones de pesos del erario público a través de una compleja red de triangulación de recursos. Este esquema, que operó durante al menos seis años entre 2011 y 2017 , involucró a 11 dependencias del gobierno federal , ocho universidades públicas y 186 empresas, de las cuales 128 eran "fantasma" o "ilegales".
En el centro de este entramado, no como una figura política visible, sino como el engranaje clave, se encuentra Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En su puesto, la más alta posición administrativa en ambas secretarías, Zebadúa tenía la responsabilidad de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, así como la Dirección de Recursos Materiales , áreas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado con el mayor número de irregularidades. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el periódico Reforma lo identificaron como el presunto "cerebro operativo" del desvío de más de 300 millones de pesos a través de convenios fraudulentos.
El "testigo colaborador": ¿Una vía para la impunidad?
El caso de Zebadúa se distingue notablemente del de su exjefa, Rosario Robles. Mientras Robles fue la figura política más visible que enfrentó un proceso penal y pasó casi tres años en prisión preventiva , Zebadúa ha logrado evadir la judicialización de las acusaciones en su contra. ¿La razón? Se acogió a la figura de "testigo colaborador" de la Fiscalía General de la República (FGR).
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En sus declaraciones ministeriales, Zebadúa no solo admitió haber sido el "artífice de la triangulación de recursos" para la "Estafa Maestra" , sino que también confesó que el dinero desviado se utilizó para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Según él, el dinero de los contratos falsificados "está en sus cuentas". Con esta "confesión" y su testimonio que implicó a Robles y otras autoridades , Zebadúa buscaba obtener inmunidad penal a cambio de información que pudiera apuntar a figuras de más alto nivel. Esta estrategia, sumada a la interposición de amparos , ha evitado que la FGR proceda penalmente contra él por el caso principal.
La FGR, que había reestructurado su investigación bajo la premisa de que la "Estafa Maestra" es un caso de "delincuencia organizada" , se encontró en una encrucijada legal. Aunque la confesión de Zebadúa y la evidencia directa apuntaban a él como el principal operador, el estatus de testigo colaborador y la protección judicial que obtuvo le han permitido, hasta ahora, mantenerse al margen de los cargos más graves.
Un giro en la investigación
Ante el aparente callejón sin salida del caso principal y la absolución de Rosario Robles, la FGR ha reenfocado su estrategia. La nueva acusación penal contra Zebadúa no se centra en los desvíos de la "Estafa Maestra," sino en el delito de enriquecimiento ilícito.
Esta acusación se basa en una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigó las cuentas de Zebadúa desde 2019. La investigación de la UIF rastreó transferencias bancarias por $470,000 dólares a Estados Unidos, realizadas por su hermano y apoderado legal, José Ramón Zebadúa. Con este dinero, el apoderado adquirió una casa y tres departamentos en Florida por un valor superior a $1.1 millones de dólares. La UIF calificó este "esquema de operatividad" como "incongruente," ya que el gasto superaba en un 70% los ingresos declarados.
Las autoridades consideran que el dinero para estas adquisiciones "posiblemente provenga de actos de corrupción ejecutados por Emilio Zebadúa" y que la compra de propiedades y la creación de empresas en el extranjero fue una "estrategia para ocultar recursos de actividades ilícitas y darles una apariencia de licitud".
A pesar de esta nueva imputación, Zebadúa podría enfrentar el proceso en libertad. Esto se debe a que el presunto delito de enriquecimiento ilícito, cometido entre 2012 y 2018, no estaba sancionado con prisión preventiva en ese período. Esta situación pone de manifiesto las fallas del sistema judicial que permiten a los acusados de corrupción de alto nivel evitar la cárcel, incluso cuando se enfrentan a la evidencia de un patrimonio injustificado.
Un caso emblemático de impunidad
La Estafa Maestra, a pesar de ser uno de los casos "mejor documentados" de corrupción en el país, ha dejado un amargo sabor a impunidad. La absolución de Rosario Robles, quien fue encarcelada por una acusación de la cual fue finalmente exonerada, y la habilidad de Emilio Zebadúa para evitar la acción penal por el desvío multimillonario a cambio de su cooperación, evidencian un sistema judicial que no logra castigar los delitos de cuello blanco.
La recuperación de los más de 7 mil millones de pesos desviados parece "una idea utópica". La historia de Emilio Zebadúa, de "artífice" del fraude a "testigo colaborador" que ahora enfrenta una acusación paralela, es un claro ejemplo de las complejidades de la justicia en México, donde los procedimientos legales y la cooperación con las autoridades pueden convertirse en un escudo contra la rendición de cuentas.