El martes 12 se llevará a cabo la última sesión de discusión y votación de asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que se cierra un periodo de 30 años en que se votaron asuntos como dejar exclusivamente en las mujeres la decisión de interrumpir o no un embarazo, derechos para matrimonios entre personas del mismo sexo, la que llevó a la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, porque las pruebas para condenarla se invalidaron ya que las autoridades hicieron un montaje para difundir su detención
La Corte concluye su gestión con un saldo de tensiones políticas, cuestionamientos públicos y un relevo que hereda pendientes en temas de operación interna, legitimidad y comunicación.
Para Héctor Díaz Santana, ex fiscal y especialista en Derecho, el primer desafío de la nueva administración será definir si funcionará bajo un esquema “vertical” de liderazgo o como un órgano colegiado, capaz de fijar una ruta común en un momento de alta visibilidad pública.
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“El presidente o presidenta que asuma tendrá que mandar un mensaje claro sobre la visión de la Corte, porque inicia bajo una expectativa de mucho compromiso público”, afirma.
Uno de los puntos críticos, advierte, es la preparación de los más de 800 jueces y magistrados nuevos que se integran al Poder Judicial Federal tras el proceso de elección ciudadana. “Antes había concursos públicos y formación en la Escuela Judicial. Ahora habrá que garantizar que quienes llegan puedan conducir audiencias y procesos orales con solvencia, porque la renovación ha sido masiva”, señala.
Díaz Santana subraya también la necesidad de recomponer el ánimo interno. “Hay un Poder Judicial que emocionalmente está sentido; es fundamental unificar objetivos y que todos los jueces y magistrados contribuyan a un fin común: que la impartición de justicia sea funcional para el país”, apunta.
En el plano institucional, el experto considera que la Corte deberá decidir cómo manejar el dilema entre justicia y legalidad, especialmente en casos con alto contenido social pero fundamentos jurídicos débiles. Además, plantea que será necesario equilibrar la experiencia de jueces veteranos con la energía de los recién llegados, evitando fracturas internas.
La nueva Corte, añade, llega con un problema de legitimidad de origen marcado por el escándalo de los “acordeones” en el proceso de selección de aspirantes. “Bajo esas condiciones, deberán reivindicar su papel a través del desempeño institucional. Ese es uno de los grandes retos”, advierte.
Entre los asuntos pendientes, Díaz-Santana subraya los casos tributarios y financieros en los que grandes empresas han sido señaladas por el SAT por presunta evasión fiscal, así como concesiones en sectores como telecomunicaciones y energía.
Por su parte Abraham Solís, constitucionalista y ex funcionario de la SCJN asegura que el cierre deja hacia dentro un sentimiento de desolación entre funcionarios que se sintieron poco defendidos frente a la presión política y social.
Señala que la institución no supo conectar con la ciudadanía ni explicar el valor de sus resoluciones, lo que facilitó que la narrativa pública se centrara en privilegios y beneficios laborales, debilitando su respaldo social en momentos críticos.
“No se supieron manejar los escenarios para que el daño fuera menor; y hacia fuera, quedó claro que el Poder Judicial no logró transmitir la importancia de su labor a la ciudadanía”, detalla.
Solís advierte que la próxima integración de la Corte enfrentará riesgos si no logra un trabajo coordinado, especialmente porque la duración de las presidencias será ahora de solo dos años. Alertó que este periodo corto puede incentivar protagonismos personales y decisiones improvisadas, en lugar de una visión institucional de largo plazo.
Además, añade que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial deberá vigilar no solo casos de corrupción, sino también la conducta pública de sus integrantes, pues cualquier exceso o polémica puede erosionar aún más la percepción ciudadana de los ministros, magistrados y jueces.
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Ambos coinciden en que, más allá de las decisiones técnicas o los criterios jurídicos, la próxima administración de la Corte tendrá que comunicar mejor el sentido y el impacto de sus resoluciones para recuperar confianza ciudadana y evitar que se consolide la percepción de un Poder Judicial alineado al Ejecutivo.
lrc