Autoridades federales investigan a las empresas Ingemar y Lambrucar de acuerdo con el diario Reforma por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos que habría operado mediante el uso de documentos falsos y la clasificación irregular de combustibles como “aditivos” para evitar el pago de impuestos.
De acuerdo con fuentes oficiales, Ingemar, una empresa importadora de combustibles, obtuvo en 2023 permisos para traer al país cerca de 500 millones de litros de gasolina y diésel. Estos permisos fueron emitidos por la Dirección de Petrolíferos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), durante la gestión de Miguel Ángel Maciel. La vigencia de dichas autorizaciones concluyó en 2024, de acuerdo con información del diario Reforma.
La empresa está relacionada con operaciones de presunto “huachicol fiscal”, es decir, con la evasión de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), a través del registro de cargamentos de gasolina y diésel como si fueran aditivos. El IEPS que se busca evadir asciende hasta 6.45 pesos por litro en gasolina y 7.09 pesos en diésel.
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Ingemar es propiedad de José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro. A pesar de haber ingresado recientemente al sector energético, recibió permisos de importación que la colocaron como la única importadora de nivel medio, junto a grandes compañías internacionales y filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según datos oficiales, en 2024 sólo existían 23 permisos vigentes para la importación de gasolina, de los cuales siete correspondían a Pemex y nueve a empresas internacionales como ExxonMobil, Shell y Valero. Ingemar fue la única empresa de mediano perfil con dos permisos vigentes para importar 316 millones de litros. En el caso del diésel, también obtuvo un permiso por 173.2 millones de litros. Para productos como turbosina y keroseno, fue una de sólo tres empresas con autorización, junto a Pemex y Valero.
Lambrucar
La compañía distribuidora Lambrucar también es objeto de investigación. Fue constituida en Puebla en 2018 y ha cambiado de propietarios en cuatro ocasiones. Desde abril de 2025 registra movimientos en San Luis Potosí. Actualmente, sus socios son Martín del Real Guzmán, con domicilio en Jalisco, y Adrián Eugenio Luna, con sede en San Luis Potosí.
Ambas empresas son vinculadas con una red de importación ilegal de combustibles provenientes de Estados Unidos, que ingresaban al país por vía marítima. Una de las rutas bajo investigación involucra la salida de un buque desde Texas con 10 millones de litros de diésel, decomisado en marzo en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
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De acuerdo con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esta incautación derivó en órdenes de aprehensión que resultaron en la detención de 11 personas en Saltillo. Las autoridades localizaron también 129 ferrotanques en Coahuila, en los que se almacenaba parte del combustible transportado por el buque.
Las investigaciones han derivado en una serie de decomisos en distintos puntos del país. Desde marzo hasta julio, se han asegurado más de 38 millones de litros de hidrocarburos en seis operativos en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Tabasco, Veracruz y Nuevo León.
Las autoridades continúan con la indagatoria para determinar el alcance de las operaciones, los responsables y los efectos fiscales derivados del presunto ingreso ilegal de combustibles al país.
Contexto: durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, las autoridades federales han mantenido operativos para el aseguramiento de combustible robado en distintas regiones del país. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el robo de hidrocarburos, delito que ha sido priorizado por la administración federal en coordinación con instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, y Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta el mes de junio de 2025 se han asegurado miles de litros de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo en operativos realizados en ductos, centros de almacenamiento y transporte irregular. Los estados con mayor incidencia en estos aseguramientos han sido Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Hidalgo.
Los operativos realizados entre octubre de 2024 y junio de 2025 también han incluido detenciones y aseguramientos de vehículos, maquinaria y predios presuntamente utilizados para la sustracción y almacenamiento del combustible. La FGR ha abierto carpetas de investigación en coordinación con autoridades locales en al menos ocho entidades federativas.
¿Por qué es importante combatir el huachicol?
El fenómeno del huachicol tiene implicaciones económicas, ya que afecta directamente a Pemex y al erario público, y también representa riesgos ambientales y de seguridad civil por las condiciones en que se maneja el combustible robado. Según cifras de Pemex Logística, las pérdidas por este delito han disminuido en comparación con años anteriores, pero persisten redes de extracción ilegal activas.
El aseguramiento de combustibles robados representa una de las estrategias clave en el combate al mercado ilegal de hidrocarburos en México. Este fenómeno, conocido como “huachicol”, ha implicado pérdidas millonarias para el Estado, riesgos para la seguridad pública y vínculos con el crimen organizado. En el contexto del gobierno de Claudia Sheinbaum, es relevante monitorear la evolución de estos aseguramientos como parte del seguimiento a las políticas de seguridad y combate a la corrupción.
djh