La Secretaría de Gobernación presentó el avance de las medidas que forman parte de la nueva Ley de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que busca que toda desaparición sea incluida en una carpeta de investigación, armonizar leyes estatales con la federal, brindar protección para huérfanos y para las familias de los desaparecidos, y usar instrumentos que ayuden a la localización más rápida de desaparecidos, como es la CURP biométrica, que incluye las huellas dactilares y del iris del ojo.
También está el desafío de la identificación de cuerpos, que lleva décadas d rezago, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina.
El funcionario también admitió que aun no se tiene una base de datos sobre los niños huérfanos de desaparecidos que podrían ser beneficiarios de un apoyo, y que tampoco hay una fecha de inicio ni en cuál entidad podrían empezar.
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El acto fue encabezado por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pero no contó con la presencia de colectivos de familiares de desaparecidos.
¿Qué sigue?
El funcionario explicó que luego de la aprobación de la ley el 27 de junio y su promulgación el 17 de julio, se debe expedir el Reglamento general de búsqueda a más tardar el 15 de octubre, en los 90 días que marca la ley para hacerlo.
Después de eso viene el desarrollo y complemento de nuevas disposiciones como son actualizar el protocolo homologado de búsqueda para integrar los planes de seguridad en la búsqueda y protección para las familias de personas desaparecidas.
También se debe poner en marcha la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda. Se trata de una herramienta de interconexión para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas que funciona a través de vincular registros públicos y privados.
Una de sus mayores funcionalidades es que cruza datos con la CURP biométrica, con el Banco nacional de datos forenses, el Registro nacional forense y el Registro de fosas comunes y clandestinas.
Con esta herramienta, a la primera denuncia se hará una ficha con datos de todos los bancos de datos.
La reforma también ordena que con los datos biométricos que se tengan de una persona desparecida, se permitirá a las autoridades y a las comisiones de búsqueda contar con herramientas tanto de denuncia como de búsqueda más ágiles. En tanto, entes públicos como privados con datos biométricos deberán proporcionarlos cuando así se les requiera por parte de las fiscalías especializadas.
Un objetivo de la reforma es precisamente fortalecer a las fiscalías especializadas y contar con un banco de datos forenses con personal más profesionalizado. Por lo cual, cada fiscalía local debe contratar a más personal técnico, sensible y empático.
“No es un proceso inmediato y estamos avanzando para que en breve tiempo las fiscalías y comisiones den atención merecida a los familiares de personas desaparecidas”, explicó Medina.
Otro mandato de la ley es crear la Base nacional de carpetas de investigación. En ocasiones las fiscalías no hacían reporte de personas desaparecidas Pero a partir de la reforma, toda desaparición debe ser denunciada, hacerse una carpeta de investigación y subirla a la base. Con ello, las fiscalías tienen la obligación de hacer la búsqueda inmediata.
Otra innovación es la atención del rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos. Determinar cuántos se tienen en entidades, panteones municipales, institutos de ciencias forenses y en fosas clandestinas.
“No es sencillo, puede haber rezago de décadas”, reconoció Medina.
También a partir de la reforma es obligación procesar los datos genéticos en el país.
Habrá apoyo para huérfanos
Además, se debe brindar atención integral a hijos e hijas de personas desaparecidas. Con énfasis en educación física y emocional y con actividades deportivas, culturales y sin estigmatizaciones.
Otro ordenamiento es instalar el Sistema Nacional de Búsqueda y la intención es que su primera sesión sea el 28 de agosto próximo.
Además, se deben armonizar las leyes locales con la ley general. Un ordenamiento más es que como parte de la Agenda Nacional de Derechos Humanos, las fiscalías estatales actualicen el Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas.
Se abrió asimismo la convocatoria abierta para la conformación del Consejo Nacional Ciudadano con 5 familiares de personas desaparecidas, 4 especialistas y 4 representantes de la sociedad civil expertos en Derechos Humanos.
Datos
- 130 mil desaparecidos hay en México
- La ley comenzó a trabajarse en abril con 450 colectivos de desaparecidos y familias
- Se recabaron 570 propuestas legislativas
- Se concentraron en 30 propuestas
- 5 ejes contiene: Búsqueda y seguridad; Identificación humana forense; Bases de datos; Bienestar y Prevención
Contexto: México enfrenta una crisis humanitaria por el elevado número de personas desaparecidas, resultado de décadas de violencia, impunidad y fallas estructurales en los sistemas de justicia y seguridad.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta julio de 2024 se contabilizaban oficialmente más de 113,000 personas desaparecidas desde la década de 1960.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el gobierno federal inició un proceso de “actualización del registro” que derivó en una disminución oficial del número de desaparecidos a poco más de 92,000, lo que generó fuertes críticas de colectivos de búsqueda, expertos y organismos internacionales, quienes acusan al Estado de minimizar la crisis.
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