ELECCIÓN JUDICIAL

Celia Maya, morenista que presidirá el Tribunal que investigará a los jueces

Dos veces candidata al gobierno de Querétaro por Morena, y una por el PRD, también se le propuso como aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Maya trabajó en el Poder Judicial de Querétaro y luego en el Consejo de la Judicatura.Créditos: Especial
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Celia Maya, la virtual presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano creado para remplazar al Consejo de la Judicatura Federal, tiene tras de sí una larga trayectoria en Morena.

Fundadora de Morena en Querétaro, estado del que es originaria, y en cuyo Tribunal de Justicia trabajó al menos dos décadas, también fue candidata a la gubernatura por ese estado en 2015 y 2021. En las dos ocasiones cayó, primero ante Francisco Domínguez y luego frente a Mauricio Kuri.

Antes de obtener la mayor cantidad de votos para el Tribunal de Disciplina había tenido mala suerte en procesos de elección.

Dos veces fue parte de la terna para elegir ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ambas ocasiones propuesta por Andrés Manuel López Obrador, y en sendas ocasiones salió derrotada.

En la primera, en 2018, la mayoría de los senadores, incluidos algunos de la oposición, votó a favor de Juan Luis González Alcántara para remplazar a José Ramón Cosío.

En la segunda, para elegir a la sustituta de Margarita Luna Ramos, compitió contra Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la ganadora fue Esquivel.

En 2023, el gobierno de López Obrador la nombró consejera de la Judicatura, como una manera de contrarrestar a los jueces de carrera en ese órgano de administración y disciplina del Poder Judicial.

En 2024, ya en pleno proceso de reforma que desembocó en la elección de jueces, sus votos, junto a los de Bernardo Bátiz y Verónica de Gyves, dos militantes de Morena que también integrarán el tribunal, llevaron a que terminara el paro de trabajadores del Poder Judicial.

Ahora tendrá la encomienda de dirigir el órgano que entre sus facultades tendrá la de investigar y castigar a los jueces si tardan demasiado en emitir una sentencia o si dictan un fallo en contra del interés público.

Las decisiones del TDJ no podrán ser impugnadas en juicio de amparo, por lo que las sanciones serán inapelables.