El abogado y activista oaxaqueño Joaquín Galván puso sobre la mesa una historia truculenta que toca a Hugo Aguilar, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que logró la mayor cantidad de votos en la elección, lo que lo llevaría a presidir el máximo tribunal del país.
La denuncia de Galván se refiere al caso del chat Sierra XXX en el que participaban funcionarios del gobierno de Oaxaca, y cuyos integrantes compartían fotografías de mujeres indígenas con connotación sexual.
La defensora de derechos humanos Sandra Estéfana Domínguez denunció en 2020 a políticos y funcionarios de gobierno por violencia contra mujeres mixes por compartir las fotografías en ese chat de whatsapp.
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En 2023, cuando el estado ya era gobernado por el morenista Salomón Jara, señaló que en el caso privaba la impunidad.
En octubre de 2024 Sandra fue secuestrada y su cuerpo sin vida fue hallado junto al de su esposo en una fosa clandestina, el 24 de abril de 2025.
Políticos y funcionarios en el chat
Galván, quien ha defendido a comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, lanzó una dura acusación contra Hugo Aguilar a través de su cuenta en X.
“Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI encabezado por Hugo Aguilar envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio”, dice el mensaje.
Cuando ocurrió el hecho, Aguilar Ortiz era coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), cargo que ocupa hasta hoy.
En ese chat participaban funcionarios del INPI como Rolando Vázquez, titular del departamento normativo de control de plazas, quien luego fue contratado por el gobierno estatal.
Ante el escándalo, el director del INPI, Adelfo Regino, personaje muy allegado al futuro ministro, ordenó una investigación, sin embargo, desestimó las denuncias porque quienes participaban en el chat “son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de Whatsapp”, dijo.
La denuncia sólo derivó en la destitución de Vázquez Pérez sin que hubiera otra consecuencia jurídica por la violencia digital.
Acusaciones sin responder
Galván publicó el presunto intento de soborno cuando el nombre de Aguilar Ortiz comenzó a sonar como posible presidente de la SCJN que toma posesión en agosto.
Este martes agregó en una publicación que el abogado Cristian Mahatma fue el enviado que trató de comprar el silencio de Sandra Domínguez.
“Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”.
Más tarde, Joaquín Galván indicó que con el señalamiento hacia Aguilar Orozco no buscaba que se retirara el cargo de ministro pues lo reconoció como un “abogado brillante” pero agregó: “aquí el punto es que dicen que los indígenas estamos representados en él, pero él lleva casi 20 años operando para el gobierno, no para los pueblos”, expresó.
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Galván dijo que no debe idealizarse al futuro ministro, al que caricaturistas cercanos al gobierno comparan con el expresidente Benito Juárez, indígena de Oaxaca que en el siglo XIX presidió la Corte, y sostuvo que es una persona que no está exenta de ser cuestionada por su ejercicio dentro del INPI “por temas como los megaproyectos, las consultas y el manejo de las denuncias contra miembros del INPI por mujeres”.
El próximo ministro de la Corte colaboró con Gabino Cué
Hugo Aguilar, propuesto para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formó parte del equipo del exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué, como parte de una distribución de cuotas asignada a organizaciones indígenas que respaldaron su campaña.
Antes de que Cué llegara al gobierno estatal bajo la alianza PAN-PRD, él y el entonces perredista Salomón Jara recorrieron el estado junto a Andrés Manuel López Obrador. Fue en ese contexto donde se creó el pacto político que facilitó el acceso de figuras como Aguilar al gobierno, ante la falta de perfiles técnicos dentro de los partidos que integraban la coalición.
Hugo Aguilar llegó a la administración estatal como parte de una fórmula impulsada por organizaciones indígenas, en la que Adelfo Regino, recomendado por Gabino Cué, fue designado titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) al inicio del gobierno de López Obrador.
Aguilar era su colaborador cercano y, desde esa posición, ambos impulsaron políticas públicas que fortalecieron el movimiento indígena en Oaxaca, con impacto a nivel nacional.
Durante la administración de Cué, el trabajo institucional con pueblos indígenas alcanzó uno de sus momentos más importantes, aunque la gestión de Regino Montes terminó marcada por cuestionamientos, especialmente por su permanencia hasta el final del sexenio, pese a señalamientos hacia el gobernador por presuntos abusos contra comunidades oaxaqueñas.