El debate sobre una nueva reforma electoral en México se intensifica. Voces expertas en la materia, como el ex presidente del consejo general del INE, Luis Carlos Ugalde, y el analista político Ernesto Guerra, coinciden en la necesidad de cambios profundos, pero advierten que, en su momento, la propuesta oficial debe ir más allá de una discusión "revanchista" y centrarse en fortalecer, no debilitar, el sistema democrático del país.
La legislación electoral mexicana, que ha experimentado siete reformas de calado desde 1990, es "perfectible", según los especialistas consultados por La Silla Rota. No obstante, el contexto en el que se plantea la actual discusión genera preocupación.
El contexto: críticas al INE y la elección judicial
El anuncio de que habrá una reforma electora, hecho la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 24 de junio se produce tras sus críticas a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes acusó de "extralimitarse en sus funciones" al calificar la elección judicial del 1 de junio, una atribución que, según la mandataria, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Ernesto Guerra subraya que este anuncio se da "bajo ese contexto de asedio, de molestia notoria por parte de la presidenta", especialmente después de que cinco consejeros electorales votaran en contra de validar la elección judicial y de dar vista al TEPJF. El analista enfatiza que "el INE no anula elecciones y tampoco esa era la intención" de los consejeros al señalar irregularidades.
La urgencia de una "buena" reforma: más allá de los costos
Para Luis Carlos Ugalde, la reforma electoral es "necesaria y urgente desde hace muchos años", pero debe ser una "buena reforma electoral". Su principal preocupación radica en la necesidad de combatir la "penetración del crimen organizado en las campañas políticas", un tema que considera "nodal para la supervivencia de la democracia mexicana".
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Además, Ugalde insiste en que la reforma debe abordar el financiamiento ilegal de las campañas, el clientelismo electoral y la compra de votos, elementos que "ayuden a mantener la equidad en la contienda y que contenga los costos crecientes de ganar elecciones, porque ese es el paso indispensable para después impedir que haya corrupción en los gobiernos".
La propuesta de Sheinbaum, que forma parte de sus 100 compromisos de campaña, se centra en la reducción de recursos para el INE (señalando que la elección costó 8 mil millones de pesos), la disminución del financiamiento a partidos políticos, la eliminación de candidaturas plurinominales (reduciendo diputados de 500 a 300 y senadores de 128 a 64), y la reducción de regidores en gobiernos municipales. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha respaldado la reforma, aunque ha aclarado que su discusión se dará en el periodo ordinario, a partir de septiembre.
Los riesgos de una "mala" reforma: independencia y pluralismo en juego
A pesar de la urgencia de cambios, los expertos advierten sobre los peligros de una reforma mal concebida. Ugalde es categórico al señalar que la reducción de recursos para el INE, especialmente en su función de organizar elecciones, podría tener un "efecto nocivo que podría minar los estándares y la calidad de esa misión y afectar toda la infraestructura que garantiza el acceso universal al voto".
Otro riesgo significativo es que la reforma "puede acabar por lastimar el menguado pluralismo político que hay en el país", si se reduce el financiamiento público de los partidos o se modifica la fórmula de distribución de diputados plurinominales. "Una buena reforma es bienvenida y es urgente, una mala es muy dañina para el país", sentenció Ugalde.
El ex presidente del INE también defendió la independencia del organismo, comparando los posibles efectos de la reforma electoral con los de la reforma judicial. "Si tú haces una reforma y desapareces el Servicio Profesional Electoral, por ejemplo, o sometes a los consejeros a que sean elegidos por voto popular como era la propuesta de López Obrador, por supuesto que vas a politizar al INE más y vas a socavar su independencia. Es un riesgo", advirtió.
Guerra, por su parte, enfatiza que si bien la revisión del financiamiento público de los partidos y la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) son discusiones interesantes, la mejora del sistema electoral debe darse "bajo una lógica de perfeccionar los mecanismos de participación, pero no así a través de una venganza, de un revanchismo, de una crítica fuerte y severa".
Las irregularidades en la elección judicial: el detonante del debate
El debate actual se avivó con la sesión extraordinaria del consejo general del INE del 15 de junio pasado, previa a la entrega de constancias de mayorías para la elección de ministros de la SCJN. El consejero Arturo Castillo propuso no declarar la validez de la elección, aclarando que no se trataba de una nulidad, sino de señalar irregularidades graves.
Castillo expuso que en 818 casillas, distribuidas en 25 entidades federativas, se acreditaron una o más de las siguientes anomalías:
- Participación inexplicable del 100% o más de los electores.
- Boletas no extraídas de la urna.
- Candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas y lista nominal.
- Tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos.
- Evidente inducción al voto mediante el uso de "acordeones" (guías para votar).
Aunque estas irregularidades representan un porcentaje bajo (0.97%) del total de casillas, Castillo las calificó de "conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejen la voluntad ciudadana".
La consejera Carla Humphrey aclaró que la propuesta de no validez no implicaba anular las elecciones, sino dar cuenta de elementos que hacían inviable la certeza del proceso, como boletas con la misma caligrafía o secuencias numéricas, y denuncias por sustracción de paquetes electorales. El 70% de estas irregularidades se concentraron en Chiapas.
La propuesta de no validar la elección fue votada por los 11 consejeros, con 5 votos en contra, incluyendo los de Arturo Castillo, Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz.
Un Legado de Reformas y el Desafío Actual
Desde 1990, México ha transitado por importantes reformas electorales:
- 1993 y 1994: Fortalecimiento de la representación proporcional y ajustes para mayor equidad.
- 1996: El entonces IFE (hoy INE) se volvió autónomo, eliminando la participación del Ejecutivo en su Consejo General.
- 2007: Tras la polémica elección de 2006, se reguló la propaganda política y se prohibió la compra de tiempo en radio y televisión.
- 2014: El IFE se transformó en INE, asumiendo facultades para organizar elecciones locales.
- 2023: Se aprobó el "Plan B", que redujo estructuras del INE y modificó leyes secundarias, aunque fue parcialmente invalidado por la SCJN.
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La actual propuesta de reforma electoral se suma a este historial, pero con el desafío de equilibrar la búsqueda de eficiencia y ahorro con la defensa de la autonomía y el pluralismo, elementos que los expertos consideran esenciales para la salud democrática de México. La discusión en el Congreso, que iniciará en septiembre, será crucial para definir el futuro del sistema electoral del país.
VGB