El Senado de la República aprobó el uso de la CURP biométrica, como documento de identidad oficial. La base de datos -la Plataforma Única de Identidad- estará en manos de la Secretaría de Gobernación, lo cual podría convertirse en un riesgo para el espionaje de la ciudadanía, alertaron legisladores de la oposición.
En la misma sesión, el Pleno del Senado inició la discusión del dictamen a las reformas en materia de fortalecimiento de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la ley General de Población, en materia de Fortalecimiento de Búsqueda.
En México la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 129 mil 699.
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El uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, que incluye huellas dactilares y fotografía, dividió a los senadores.
Mientras los de Morena, el PT y el PVEM defendieron su uso, los legisladores de oposición cuestionaron el uso de la CURP y acusaron que se trata de una herramienta de control y espionaje.
¿Pero qué dice el dictamen al respecto?
El dictamen, que contiene tanto de Ley General de Población como el Fortalecimiento de Búsqueda de personas desaparecidas, incorpora la Plataforma Única de Identidad, para facilitar la búsqueda y localización de personas desaparecidas, que se conectará con diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativas.
También cuenta con la capacidad de monitorear la CURP en tiempo real, realizar búsquedas continuas y exhaustivas, optimizando los recursos disponibles en la búsqueda de personas mediante la CURP.
Con ello, se podrán detectar rápidamente posibles casos de desaparición, lo que reforzará la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones críticas. Por ello, se lee en el documento, es fundamental la habilitación de acceso para fiscalías y comisiones de búsqueda.
Además, se establece la obligación por parte de todas las autoridades y particulares para permitir acceso y consulta de datos, incluso los biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, para que permitan la consulta de información a la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales, las instituciones de seguridad pública que integran el gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia.
El dictamen marca además que como parte de la Ley General de Población, la Secretaría de Gobernación, con el apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en un plazo no mayor a 90 días naturales, desarrollará la Plataforma Única de Identidad.
Ven mecanismo de control
Los legisladores de oposición cuestionaron esto, por el acceso que puedan tener las autoridades de todo tipo de datos de la ciudadanía.
Así lo expuso el senador del PRI Ángel García Yáñez, quien dijo que esta ley no es para buscar a los desaparecidos, “sino para controlarnos” y por eso anunció que no acompañaría al dictamen, porque con esta legislación se engaña, se simula y espía.
La huella dactilar, el rostro y cuenta bancaria podrán ser conocidos por las autoridades, y ya no habrá privacidad, advirtió.
“Lo que el oficialismo quiere es saber de todo con la excusa de que es por tu bien, pero ya lo dijo la SCJN, no se puede acceder a los datos biométricos sin tu consentimiento”, dijo.
Por su parte, el panista Raymundo Bolaños dijo que con esta CURP, al ser el documento de identificación para cada trámite, y ser manejado por la Secretaría de Gobernación, permitirá a las autoridades tener acceso a datos como pagos en escuelas o bancos, y sin garantía de protección a la información.
En contraste, legisladores del bloque oficialista defendieron el uso de la CURP.
La senadora de Morena, Olga Sosa Ortiz negó que la legislación tenga la intención de convertir al gobierno en espía. Defendió el uso de la CURP para dar una alerta cuando haya una persona desaparecida, tener un documento único fotográfico y datos biométricos para ayudar a la identificación y localización de personas.
Logro de colectivos
Uno de los artículos que fueron eliminados de la iniciativa original, luego de las mesas que hubo entre colectivos de familiares de desaparecidos y la Secretaría de Gobernación, es el artículo 23bis.
Este artículo propuesto en la primera versión enviada en marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, decía que los titulares de las agencias del ministerio público, al iniciar una investigación y asignarle un número de carpeta de investigación, deberán consultar la Base Nacional de Carpetas de Investigación, para cerciorarse de que no existan otras investigaciones en la fiscalía, fiscalías locales y otras fiscalías para evitar la duplicidad de registros e investigaciones.
Pero de acuerdo con Valentina Puga, coordinadora de la red Eslabones por los Derechos Humanos, los colectivos pidieron eliminar este artículo, porque había personas que habían desaparecido en una entidad, pero su vehículo aparecía en otra a veces atravesando más entidades, entonces cada estado donde podía haber desaparecido tenía que hacer su propia investigación.
Por eso eliminaron ese artículo, dijo a La Silla Rota.
La ley de personas desaparecidas también reforzará los mecanismos de búsqueda con un enfoque de derechos humanos, garantizando una mayor coordinación institucional, procedimientos más eficaces y herramientas tecnológicas que permitan avanzar con mayor celeridad en la localización de las personas desaparecidas, dijo por su parte el senador de Morena, Enrique Inzunza.
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Además, se refuerza la articulación del Sistema Nacional de Búsquedas, dotándolo de herramientas eficaces, de una gobernanza más clara y de mecanismos que permitan evitar la fragmentación y la dispersión de fuerzas.