El Congreso mexicano inició el periodo extraordinario de sesiones con una agenda centrada en reformas de seguridad.
Entre las más relevantes están la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional y la inminente discusión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estas iniciativas, impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, buscan reconfigurar el marco legal de las instituciones de seguridad pública y ampliar las atribuciones del Estado en tareas de investigación, vigilancia y participación del personal militar en funciones políticas y administrativas.
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Más facultades para el aparato de inteligencia
La propuesta de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia ha generado debate entre especialistas. Para el analista en seguridad David Saucedo, esta iniciativa plantea un incremento en las capacidades del Estado para realizar intervenciones telefónicas, seguimiento de personas y acciones de inteligencia sin mecanismos suficientes de supervisión.
“Pareciera que hay carta blanca para interceptar comunicaciones, incluso de periodistas, activistas o integrantes de la oposición. No hay garantías claras para evitar abusos”, advirtió.
Aunque el dictamen contempla que cualquier intervención deberá contar con autorización judicial, opositores y defensores de derechos humanos advierten que esto no garantiza la protección efectiva, especialmente en un escenario donde el Poder Judicial podría quedar bajo control del oficialismo.
Guardia Nacional bajo control de Sedena
El martes 24 de junio fue aprobada la Ley de la Guardia Nacional, que confirma su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta reforma formaliza un proceso que en la práctica ya ocurría, pero que ahora cuenta con respaldo legal.
Saucedo interpreta este movimiento como parte de una visión de seguridad pública centrada en el control militar. “Se impone una lógica de combate al crimen desde una óptica autoritaria, similar a la que ha seguido Nayib Bukele en El Salvador”, declaró.
Según el experto, esta estrategia implica una reducción de las libertades civiles, limitaciones al debido proceso y la debilitación del papel de los organismos civiles de seguridad.
Licencias especiales para militares: polémica constitucional
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo marco legal es la posibilidad de que elementos de la Guardia Nacional pidan licencias especiales para participar en procesos electorales o ser designados en cargos administrativos, sin el requisito previo de separarse con 90 días de anticipación.
El artículo 44 de la nueva ley lo permite bajo autorización del titular del Ejecutivo federal o de la Sedena. Legisladores como Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, advirtieron que esto rompe el principio histórico de separación entre el poder civil y militar.
“Desde la Revolución, la Constitución exige que los militares se separen de sus funciones antes de aspirar a cargos públicos. Esta reforma debilita ese principio y abre la puerta a que militares en activo sean gobernadores o directores de empresas del Estado”, señaló.
Riesgo de politización de las Fuerzas Armadas
El analista político José Antonio Crespo considera que esta disposición podría reactivar una práctica que se había abandonado desde 1946: la participación directa del Ejército en la vida política.
“Esto va en contra de una democracia funcional. Las decisiones de seguridad podrían contaminarse con fines partidistas, sobre todo cuando el partido gobernante tiene control del aparato estatal”, advirtió.
Crespo sostiene que este tipo de reformas forman parte de una estrategia de concentración del poder que se ha visto en otros países latinoamericanos, como Venezuela.
La postura del Gobierno
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la posibilidad de otorgar licencias especiales ya existe desde la Constitución de 1917 y que el Ejército ha participado históricamente en funciones civiles. También recordó que el Ejército ha tenido presencia en el Poder Legislativo con diputados de origen militar.
Expertos como Gutiérrez Priego, consultado por La Silla Rota, coinciden en que esta facultad no es nueva, pero advierten que su regulación actual podría favorecer el uso partidista de la Guardia Nacional, sobre todo en el contexto de una mayor presencia militar en tareas civiles.
Un modelo de seguridad en disputa
Las reformas avanzadas por el Congreso reflejan una visión en la que la seguridad nacional se aborda desde una estrategia de control centralizado y con fuerte participación de las Fuerzas Armadas. Para David Saucedo, esto representa una derrota para los sectores que apuestan por una seguridad con enfoque en derechos humanos.
“Se está imponiendo una concepción de seguridad autoritaria, donde los ciudadanos tienen menos protección ante abusos y el Estado gana poder sin contrapesos visibles”, concluye.
Este 25 de junio, el Congreso continuará con la discusión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la que se cerrará el paquete legislativo en materia de seguridad impulsado en este periodo extraordinario.
Reforma al artículo 21 constitucional
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, detalló que se plantea reformar el artículo 21 de la Constitución Política para establecer formalmente al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia como un mecanismo orientado a la prevención, detección, investigación y desarticulación de amenazas a la paz pública.
Destacó que con esta ley se aprovechará la tecnología de vanguardia a través de una plataforma que permita la conexión a registros y bases de datos para brindar información que ayude en la judicialización, además de que para su cumplimiento se capacitará y certificará al personal para actuar con visión humanista, con valores, principios, honestidad y ética en el servicio público.
Asimismo, informó que se contempla el uso de tecnología de vanguardia mediante una plataforma conectada a bases de datos y registros, para apoyar la integración de pruebas en procesos judiciales. Esta iniciativa también incluye la capacitación y certificación del personal bajo principios de ética, honestidad y respeto a los derechos humanos.
Diputados aprueban Ley de la Guardia Nacional
Contexto: la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de la Guardia Nacional que plantea trasladar a esta corporación de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con una votación de 349 votos favor y 132 en contra, esta iniciativa avanzó en la Cámara baja, mientras que legisladores presentaron 170 reservas para su discusión en lo particular.
La Guardia Nacional, creada en 2019 como una corporación civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tendrá nuevas capacidades para participar directamente en tareas de investigación de delitos federales, en colaboración con el Ministerio Público, además de que pasa ya formalmente a la estructura de la Sedena.
Además, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incorpora nuevas atribuciones a la Sedena relacionadas con la Guardia Nacional. Entre ellas, se encuentra la capacidad de generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional, a fin de advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
También podrá requerir o intercambiar información en materia de seguridad nacional, previa coordinación con las instancias del Consejo de Seguridad Nacional, para el cumplimiento de sus funciones. Se deberá establecer coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
Este cambio legal representa una transformación sustancial del papel de la GN en la estrategia nacional de seguridad, al pasar de un enfoque predominantemente preventivo a uno que también contempla funciones de carácter ministerial.
Senado aprueba Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
El pleno del Senado aprobó el martes 24 de junio el dictamen por el que se expide la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con la cual se busca implementar el marco legal para la simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en los tres órdenes de gobierno.
La iniciativa fue avalada en lo general con 75 votos a favor y 37 en contra, mientras que en lo particular se aprobó por 63 votos a favor y 36 en contra. Ahora el dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para que le dé el trámite correspondiente.
Con la ley se habilita el Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el Modelo Nacional para la Digitalización, el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas; además del Modelo Nacional de Atención Ciudadana.
También plantea la creación de herramientas como la Llave MX para establecer el mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales, asociada a la CURP del titular, el Expediente Digital Ciudadano, el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
lrc