El Senado de la República recibió este martes la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, la cual establece la reasignación de las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta propuesta, que busca reformar la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fue remitida directamente a las comisiones unidas de Bienestar y de Estudios Legislativos Primera.
CONEVAL cede el paso al INEGI
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que extingue el CONEVAL y transfiere sus funciones al INEGI.
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Esta reforma determina que la medición de la pobreza y la evaluación de la Política de Desarrollo Social corresponderán al INEGI.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa que derivó en este dictamen, en cumplimiento con un decreto constitucional anterior sobre simplificación orgánica.
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El Proceso Legislativo: votos y origen de la Iniciativa
El dictamen fue avalado en lo general con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 348 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, durante la primera sesión del período extraordinario de la LXVI Legislatura. Fue el primer dictamen discutido y votado en este período.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue respaldada por Morena y sus aliados (PVEM y PT), mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano la rechazaron. Durante la discusión en lo particular, se reservaron numerosos artículos de las leyes reformadas, aunque las propuestas de modificación de varios partidos fueron retiradas o no admitidas.
Funciones transferidas: medición de la pobreza y evaluación social
El INEGI asumirá la responsabilidad de la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, incluyendo la emisión de recomendaciones. Entre las atribuciones específicas del Instituto se incluyen:
- Normar y coordinar la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y la medición de la pobreza.
- Promover comunicación con los responsables de programas de desarrollo social en los tres órdenes de gobierno.
- Emitir lineamientos y criterios técnicos para la evaluación y medición de la pobreza con base en indicadores objetivos y cuantificables.
- Realizar estudios e investigaciones en materia de pobreza.
- Someter a consulta propuestas temáticas y metodológicas de evaluación a los sectores público, social y privado.
- Celebrar actos jurídicos para promover y realizar la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.
- Establecer mecanismos que permitan comparar los resultados de las evaluaciones.
El INEGI deberá actualizar los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, buscando la homogeneidad y comparabilidad de la información, y asegurando que los indicadores de mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados.
Además, tendrá que poner a disposición del público la evaluación integral de dicha Política y el informe general de resultados a través de su portal institucional.
Principios rectores del INEGI en su nuevo rol
Se ha subrayado que el INEGI, en su nuevo carácter de evaluador de la Política de Desarrollo Social y medición de pobreza, se regirá por los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena) afirmó que el INEGI es una institución con alta credibilidad, solidez técnica y prestigio, capaz de generar y difundir información confiable, precisa y oportuna.
Argumentos a favor: eficiencia, austeridad y fortalecimiento institucional
Los defensores de la reforma argumentaron que la transferencia de funciones busca simplificar la estructura orgánica del gobierno, evitar la duplicidad de funciones, y consolidar capacidades en una sola institución con visión integral.
La diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) mencionó que organismos internacionales reconocen que la pobreza en México ha disminuido desde 2018, con 11 millones de personas saliendo de esa situación.
Se destacó que la medida responde al principio de austeridad republicana y busca eliminar el despilfarro de recursos y la repartición de cuotas de poder, erradicando prácticas neoliberales.
El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca (PVEM) señaló que no se trata de desaparecer una institución, sino de obtener resultados concretos y datos confiables para decisiones basadas en evidencia, con el más alto rigor técnico, objetividad y transparencia.
La diputada Gómez Pozos enfatizó que esta es una transición inteligente, ordenada y profundamente transformadora, donde la evaluación no desaparece sino que se amplía, se democratiza y se vuelve más útil.
El objetivo es que la evaluación sirva para corregir y servir, y que cada peso se dirija a reducir la pobreza y combatir la desigualdad.
Las voces críticas: preocupaciones por la autonomía y transparencia
Desde la oposición, se expresaron fuertes críticas y preocupaciones. El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) calificó la reforma como un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas, argumentando que el INEGI no está diseñado para evaluar políticas públicas ni emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno.
La diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) consideró que la extinción del CONEVAL es un "golpe deliberado" contra la capacidad del Estado mexicano de rendir cuentas y un "atentado contra la institucionalidad democrática". Recalcó que el INEGI y el CONEVAL tienen mandatos distintos pero complementarios, siendo el INEGI un productor de datos y el CONEVAL un evaluador de políticas.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) señaló que se pierde una institución técnica evaluadora con plena autonomía, debilitando los contrapesos sanos y consolidando al gobierno como "juez y parte" en la evaluación de sus propios programas.
También se expresó preocupación por la pérdida de una metodología imparcial, lo que podría redundar en opacidad y falta de transparencia. La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) advirtió que la desaparición del CONEVAL podría abrir la puerta a que el gobierno evalúe la política social sin una medición real de la pobreza o un análisis presupuestario genuino.
La transición administrativa y el respaldo presidencial
El decreto precisa que, a la entrada en vigor, el CONEVAL, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, se extingue y transferirá al INEGI los recursos presupuestarios, financieros y materiales, así como los inmuebles, derechos y obligaciones.
El Consejo también deberá entregar a la Secretaría de Hacienda la información necesaria para integrar la Cuenta Pública y otros informes del primer trimestre del año.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es falso que su administración busque desaparecer la medición de la pobreza, destacando la solidez y el reconocimiento internacional del INEGI para continuar con estas tareas, incluyendo la realización de la Encuesta de Ingreso y Gasto en los Hogares.
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) indicó que las funciones del Consejo Nacional no desaparecen, sino que se conservan las bases metodológicas y no habrá impacto presupuestal.
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En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tomarán en cuenta las evaluaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el INEGI, siendo Hacienda quien establecerá el Programa Anual de Evaluación.
VGB