Martha Zamarripa Rivas, embajadora de México en Belice, está señalada por un posible quebranto al erario público tras autorizar el pago de más de 4.5 millones de pesos a una empresa del Estado de México para realizar trabajos de mantenimiento en la sede diplomática, ubicada en la ciudad de Belmopán.
Además del presunto daño patrimonial, a Zamarripa también se le acusa de cubrir sus gastos de manutención personal con presupuesto oficial, de utilizar a personal de la embajada para tareas privadas, y de generar un ambiente laboral hostil, lo que habría derivado en afectaciones a la salud física y emocional del equipo que labora en la representación diplomática.
Trabajos de mantenimiento millonarios
De acuerdo con denuncias internas, de las cuales La Silla Rota tiene copia, Martha Zamarripa Rivas contrató a la empresa Grupo de Multiservicios Azteca, S.A. de C.V, para realizar trabajos de impermeabilización y reparación del sistema de aire acondicionado en la sede diplomática de México en Belice. La empresa tiene su domicilio fiscal en Naucalpan, Estado de México, a más de mil 100 kilómetros de distancia de la representación de México en el país caribeño.
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Los contratos fueron celebrados en 2021, meses después de que el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador la nombrara embajadora de México en Belice y, de acuerdo con la denuncia, se contrató de manera “poco transparente” a la compañía mexiquense “sin ver alternativas de empresas beliceñas”.
“¿Por qué contratar a una empresa del Estado de México para realizar trabajos relativamente sencillos de mantenimiento?”, se cuestiona en la denuncia que se presentó ante el Órgano Interno de Contro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por los trabajos de impermeabilización, se autorizó el pago de 2 millones 679 mil pesos a Grupo de Multiservicios Azteca; sin embargo, a tres años de su ejecución, la propia embajadora ha reportado filtraciones y goteras dentro del inmueble.
Por la reparación del sistema del aire acondicionado, Grupo de Multiservicios Azteca cobró alrededor de 1 millón 860 mil pesos, suma que incluyó un costo por “traslado de refacciones hasta la ciudad de Belmopán, Belice” de 55 mil 567 pesos y 25 mil pesos de “trámites aduanales de refacciones”.
De igual forma, personal de la embajada acusa que los trabajos no se realizaron de manera correcta y que incluso se ha tenido que contratar a “electricistas beliceños” para arreglar el cableado, además de comprar “minisplits” adicionales, para contar con aire acondicionado.
Aunque la denuncia apunta a un posible acto de corrupción por parte de la embajadora, uno de los representantes de Grupo de Multiservicios Azteca, Willheim González, aseguró a La Silla Rota, que la contratación se dio por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y no directamente desde la Embajada en Belice.
“Hasta donde yo entiendo fue de esa forma, y cotizamos; creo que no fuimos los únicos en cotizar”, señaló en entrevista.
González defendió la decisión de aceptar el contrato argumentando que su empresa ya había realizado con anterioridad trabajos en Centro y Sudamérica y que en Belice, contrario a lo que se podría pensar, “los precios de los materiales y de la mano de obra eran extremadamente caros”.
Willheim González también negó que él o su familia tengan vínculo personal alguno con la embajadora Zamarripa y dijo no tener conocimiento de que la embajada haya solicitado hacer válida alguna garantía por deficiencias en los trabajos realizados.
La Silla Rota consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para saber sobre el proceso de denuncia. La dependencia respondió que las denuncias son turnadas, para su revisión, análisis y esclarecimiento, al Órgano Interno de Control.
Maltrato, desvío de recursos y ambiente tóxico
Además del presunto daño patrimonial, las denuncias contra Martha Zamarripa revelan un patrón de abuso de poder y uso indebido de recursos públicos en la embajada de México en Belice. Los señalamientos incluyen desde el uso personal de vehículos oficiales hasta compras con dinero público para artículos que no corresponden a actividades diplomáticas.
Uno de los puntos más delicados se refiere al uso indebido de las horas extras del personal local, particularmente de los choferes, a quienes Zamarripa habría obligado a trabajar fines de semana y días festivos, no para cubrir actividades oficiales, sino para atender asuntos personales como viajes de compras a Chetumal, a tres horas de distancia, o traslados al aeropuerto para familiares.
De acuerdo con la denuncia, las bitácoras del periodo noviembre 2023–julio 2024 revelan múltiples servicios de transporte para la atención de sus hijos y nietos durante visitas privadas. Según el testimonio de trabajadores, estas horas extras no eran compensadas económicamente, sino con vacaciones adicionales, lo cual, además de incumplir normas laborales, ha provocado descontento entre el personal.
Las denuncias también detallan compras con recursos de la embajada para fines personales. En julio de 2024, la embajadora realizó una compra de más de mil 200 dólares beliceños (equivalentes a unos 12 mil pesos mexicanos) en una tienda departamental local, incluyendo toallas, lámparas y tapetes, sin justificación aparente. Testimonios indican que Zamarripa transfiere íntegramente su salario a México, por lo que se asegura de cubrir todos sus gastos cotidianos en Belice con presupuesto oficial.
Daños a la salud del personal
Los señalamientos contra Zamarripa Rivas también incluyen supuestos daños a la salud del personal a su cargo, ya que, a causa de su presunta fobia a los insectos, la embajadora ordenó fumigaciones semanales en oficinas, realizadas incluso con un químico destinado para exteriores -Malathion- que provocó irritación en ojos y piel del personal, de acuerdo con lo narrado en las quejas internas.
Aunque posteriormente se accedió a reducir la frecuencia de estas fumigaciones, Zamarripa insistió en mantener el mismo tratamiento semanal en su residencia privada, la cual está fuera del alcance del personal local.
Finalmente, las quejas también apuntan a la inactividad diplomática. Durante los primeros siete meses de 2024, el Instituto Cultural de México en Belice (ICM) no ha realizado una sola actividad pública, pese a contar con recursos asignados y a las oportunidades de colaboración con autoridades locales que han sido desestimadas por la Embajadora.
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De todo esto existe denuncia ante el Comité de Ética de Relaciones Exteriores, sin que hasta el momento haya procedido alguna acción.