La campaña de los candidatos a la elección judicial concluyó el 28 de mayo. Además de inédita, estuvo plagada de cuestionamientos a candidatos por sus antecedentes o los presuntos vínculos criminales de algunos, las ocurrencias de otros e intenciones de políticos de inducir el voto entre la ciudadanía mediante guías en las que se sugiere a quien elegir.
De acuerdo con encuestas, la ciudadanía ve con desinterés la elección en la que tendrá que elegir hasta nueve candidatos, como es el caso en la Ciudad de México.
Ante la complejidad del voto y la dificultad de conocer a los más de 3 mil 397 candidatos tan solo en el ámbito federal, comenzó el reparto de acordeones, como los que usan los estudiantes que no se prepararon para un examen. Solo que en este caso son para inducir el voto y llenar las casillas con candidatos afines en su mayoría al gobierno y su partido Morena.
Te podría interesar
La respuesta del INE a este intento se dio a conocer este 27 de mayo, cinco días antes de la elección, con la promesa de que investigaría estos casos. Dos días después el instituto amplió las medidas y prohibió a funcionarios repartir acordeones. Pero un día después, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei previó, ante observadores internacionales, que algunos electores, como ella, acudirán a las urnas con su propio escrito.
También hubo críticas internacionales al proceso como la realizada por el Financial Times, que calificó la elección de “experimento kafkiano” y mencionó que varios grupos expertos en derecho advirtieron que se trata de una amenaza a la independencia judicial, que echa por la borda 30 años de conocimiento e incluso le abre la puerta a la intromisión al crimen organizado.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF informó el 30 de mayo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU notificó al Estado mexicano sobre la admisión del caso presentado por la organización, en relación con las violaciones a los derechos humanos de juzgadores y la grave afectación a la independencia judicial derivada de la reforma judicial aprobada en 2024, que ordenó la elección judicial de este primero de junio.
Pese a esas advertencias, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido tanto la reforma como la elección. Este 31 de mayo llamó a la ciudadanía a participar en la votación.
“Está en tus manos, en tu decisión, quiénes formarán parte del nuevo Poder Judicial”, expresó en un video compartido en sus redes.
Rechazó que con esta elección la SCJN estará bajo el mandato de la presidenta o un partido político y si esa hubiera sido la intención se hubiera hecho una reforma como la de 1999, aunque en realidad se refería a la de 1994, propuesta por el entonces presidente Ernesto Zedillo.
Candidatos cuestionados
La campaña que comenzó el 30 de marzo mostró que entre las listas aprobadas por los comités de evaluación encargados de seleccionar a los candidatos había algunos que no cumplían los requisitos de elegibilidad.
La organización Defensorxs dio a conocer una lista que catalogó de alto riesgo, clasificados así por sus antecedentes o ligas con líderes cuestionables. Ahí se encuentran aspirantes a juzgadores vinculados con la organización religiosa de la Luz del Mundo, la que lideró en su momento Naason Joaquín, preso en Estados Unidos por abuso sexual contra menores de edad.
También hay candidatos acusados de acoso sexual, agresiones o cuestionados por defender a narcotraficantes.
ELECCIÓN JUDICIAL – SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Promesas fuera de lugar
Otra peculiaridad que se vio en la campaña para la elección judicial fue el despliegue creativo de algunos candidatos, que afirmaron que eran más buenos que el chicharrón. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma para mostrarlos, lo mismo en sus escritorios que caminando en parques o usando el transporte público.
Las promesas son parte de las peculiaridades de la campaña ya que algunos se comprometieron a ofrecer cosas que ya funcionan, como las defensorías públicas, o salud, educación, agua y justicia para todos.
Confusiones que afectan
También hubo casos de confusiones que afectaron a candidatos. El Poder Legislativo impugnó el 6 de mayo a 26 candidatos a juzgadores, por presuntos vínculos con incumplir el requisito de inelegibilidad, por presuntos antecedentes criminales.
Uno de esos casos fue el del magistrado Arturo César Morales, candidato para repetir en el mismo cargo en materia administrativa por el primer circuito en la Ciudad de México y quien fue señalado de presunta actividad criminal. En conferencia de prensa mostró con documentos que en su caso se trataba de una homonimia.
El magistrado pidió al Poder Legislativo corregir el entuerto. Pero no fue atendido.
Propaganda sin que nadie se la atribuya
Una vez que el Tribunal Electoral aprobó que no sólo el INE promoviera el voto, en decenas de ciudades se multiplicaron las pintas y mantas en las que se llamaba a votar. No quedaba claro quién pintaba los mensajes usando los colores guinda y blanco y, en ocasiones, tipografía idéntica a la de las alcaldías gobernadas por Morena.
Todo salió de una propuesta de López Obrador
El 2024 será recordado como el año que fue demolido el Poder Judicial Federal. El 4 de septiembre la Cámara de Diputados votó en una sede alterna, en la Deportiva de la Magdalena Mixihuca, la iniciativa de reforma que propuso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular.
Fue una sesión caótica, hecha en un gimnasio, ante los bloqueos que trabajadores del PJF hicieron al palacio legislativo de San Lázaro, inconformes porque la reforma truncó el sueño de miles de ellos de convertirse en juzgadores. También se quejaron de no ser escuchados y realizaron paros por varias semanas.
Ese día los diputados en lugar de legislar enfrente de sus curules, lo hicieron en tablones usados para fiestas; el voto no fue electrónico, sino a mano alzada; y los conteos fueron de manera manual. De ese tamaño era la prisa por cumplir una de las prioridades de López Obrador.
Senado encendido
La sesión en el Senado no fue muy distinta. Celebrada 10 días después, inicialmente la sesión comenzó en su sede de Reforma. Afuera, protestaban trabajadores del Poder Judicial.
Esa sesión fue memorable por dos cosas: por el voto que el entonces panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, dio a favor de la reforma judicial, con lo que Morena y sus aliados PVEM y PT alcanzaron las dos terceras partes de la mayoría calificada para conseguir la reforma constitucional.
También será recordada porque los trabajadores del Poder Judicial Federal lograron ingresar de manera accidentada y sin invitación al salón de sesiones, no sin dejar tirados a algunos empleados. Obligaron no sólo a suspender la sesión sino a moverla de sede, a la Casona de Xicoténcatl, donde se instaló un férreo sistema de seguridad que incluso no dejaba pasar a los propios senadores. Como ocurrió en la Cámara de Diputados, la reforma fue aprobada de madrugada.
Apenas aprobada la reforma, se envió la minuta a los congresos estatales y fue rápidamente avalada por más de 20, con lo que se alcanzó la mitad más una de los que debían hacerlo. Regresó a la cámara de origen, la de Diputados que la envió a la presidencia. Fue promulgada y publicada por el presidente saliente, López Obrador, el 15 de septiembre, día de la Independencia de México. Un regalo para el entonces mandatario, dijeron varios legisladores de Morena.
Ese regalo selló la suerte del Poder Judicial.
La propuesta presidencial de donde surgió la reforma
La propuesta presentada por López Obrador el 5 de febrero de 2024, consistía en modificar la Constitución para elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, pero cuyos candidatos fueran propuestos por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También planteaba flexibilizar los requisitos para ocupar dichos cargos, reducir SCJN de 11 a 9 ministros y crear un Tribunal Judicial para sancionar a los juzgadores que no resolvieran los casos en seis meses.
Pero rápido comenzaron las advertencias de lo que pasaría en caso de ser aprobados esos cambios. Al ser electos los juzgadores y por ello tener un tiempo de campaña, se abría la posibilidad de que algunos de los candidatos se aliaran con los poderes económicos, políticos e incluso con el crimen organizado, para alcanzar el cargo y al convertirse en jueces, magistrados o ministros, perderían autonomía al deberle el cargo a alguien. Una de las voces más sonoras al respecto fue la del entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
Una crítica adicional fue que el Tribunal Judicial, al tener la facultad de actuar por su cuenta se puede convertir en una Santa Inquisición que castigue a los jueces incómodos, advirtieron expertos.
El triunfo de Sheinbaum selló el cambio del PJF
El camino para la reforma judicial se aplanó con el triunfo en la elección del 2 de junio de hace un año de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien desde su campaña advirtió que en caso de ganar, iría por el Plan C, que incluía la reforma judicial.
Pasada la elección, el Poder Legislativo organizó foros para discutir la reforma. Sin embargo, pese a contar con la presencia de magistrados y ministros, de académicos y legisladores que planteaban los inconvenientes de la iniciativa, los diputados de Morena, PT y PVEM eran claros: la reforma iba tal y como la envió el entonces presidente López Obrador. Para justificar su postura inflexible, usaron el argumento de que el pueblo les dio ese mandato con más de 30 millones de votos.
El gobierno reconoció que no había diagnóstico
Los cuestionamientos a la reforma no se han detenido.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira advirtió desde que se organizaron los foros que votar por 800 cargos iba a ser un asunto tardado y complejo. Organizó un ensayo donde efectivamente los votantes se perdían entre los nombres y las boletas.
También el gobierno federal reconoció el 12 de noviembre, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la reforma se hizo sin diagnóstico alguno.
Aunque se presentó un atisbo de esperanza para que la SCJN revisara la constitucionalidad de la reforma, luego de aceptar amparos de legisladores para hacerlo, hubo un giro cuando alguien que supuestamente estaba en contra de la reforma, voto sorpresivamente en otro sentido.
Fue el caso de Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien el 5 de noviembre anunció en el Pleno de la Corte que votaría en contra de la revisión de la constitucionalidad de la reforma. Sin su voto, no tenía caso continuar, por lo que la sesión acabó antes de lo previsto.
La venganza
El 10 de diciembre, la presidenta de la SCJN, Norma Piña señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial enfrentó un contexto sin precedentes. Expuso que hubo coincidencias entre los ataques y las amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, cuando aprobaron decisiones contrarias a los intereses del gobierno.
Uno de estos casos fue cuando la mayoría de los ministros votó que era inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional, en abril de 2023, a la Sedena, lo que Piña calificó de un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la SCJN.
“Se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante”, planteó en su último informe, que fue desairado por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.
O como han dicho otras voces, fue la venganza del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contra un poder que no se plegó a sus deseos.
El papel del TEPJF
Después vino la selección de candidatos por parte de los tres poderes. En el proceso el Comité de Evaluación del Poder Judicial atendió un amparo otorgado por un juez que ordenó a los tres comités detener el proceso de selección de candidatos.
Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal entró al quite y ordenó al Comité de Evaluación reponer el proceso. Ante la decisión, los integrantes del comité decidieron renunciar, pero además la determinación del TEPJF causó un enfrentamiento con la Suprema Corte, que debió entrar al quite para ver quién tenía la razón, si el juez que otorgó el amparo o el tribunal.
La sesión de la SCJN se programó para el 13 de febrero. La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, pidió que para la discusión, se excluyeran de la discusión del Pleno la ministra presidenta, Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el autor del proyecto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Soto consideró que dichos ministros se habían pronunciado contra la reforma judicial de manera subjetiva.
El Pleno de la SCJN votó que no era procedente esa exigencia y además que el tribunal no podía decidir sobre amparos, así fuera en materia electoral.
Al día siguiente, Soto consideró que cualquier intento de debilitarlos equivalía a un ataque a la democracia. Tres magistrados del TEPJF se caracterizaron por tomar decisiones a modo para que la elección de candidatos avanzara sin tropezones: su presidenta Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y su tocayo Felipe Fuentes Barrera.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Mientras, los otros comités de evaluación continuaron su selección de candidatos y lo hicieron bajo el método de tómbola. Por decisión del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el Comité de evaluación del Poder Legislativo se hizo cargo de la selección de candidatos del Poder Judicial, pese a que eso era inconstitucional, de acuerdo con el constitucionalista Francisco Burgoa.
kach