El secretario de Hacienda, Édgar Amador, advirtió que un impuesto a las remesas en Estados Unidos, tema que se discute en la Cámara de Representantes de la Unión Americana, sería una doble tribuntación y sería violatorio de tratados tributarios internacionales.
Al informar que México envió una carta a legisladores de Estados Unidos para dar argumentos contra el impuesto a remesas, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos radicados en Estados Unidos a que envíen cartas a congresistas de la Unión Americana para que expongan su rechaazo al impuesto de 5% a remesas.
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán se ha reunido con diversos grupos de representantes en la Unión Americana para dar a conocer las razones por las que México no está de acuerdo con la aplicación de este impuesto a las remesas
Las remesas en 2024 enviadas desde Estados Unidos a México fueron 64 mil 700 millones de dólares; equivalentes a 3.5% del PIB, de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal.
El secretario de Relaciones Exteriores informó que por orden presidencial se dio una primera respuesta, la cual fue una carta que aborda argumentos en contra de dicha iniciativa.
Gravar remesas incumple tratados: Edgar Amador
La propuesta de imposición de una tasa del 5% a las remesas en Estados Unidos incumple un tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos vigente desde 1994, explicó este viernes el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México, Edgar Amador.
"Los ingresos, los flujos (de dinero) que envían los migrantes mexicanos de Estados Unidos a México ya fueron gravados, ya pagaron los impuestos correspondientes, si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. Implicaría una discriminación en términos fiscales", indicó Amador.
Durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta, Claudia Sheinbaum, Amador explicó que el artículo 25 del tratado para evitar la doble tributación México-EU indica que "los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos a otro Estado contratante a ningún impuesto u obligaciones relativa al mismo que no se exija o sea más gravoso a aquellos que están o puedan estar sometidos los nacionales en los Estados Unidos".
Amador precisó que incumplir el tratado "iría contra las prácticas internacionales y probablemente iría contra las propias normas internas de Estados Unidos", por lo que podría ser impugnable.
Recordó, asimismo, que el 99.1% de las remesas que provienen de Estados Unidos "se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es un mercado absolutamente regulado, legal, transparente, completamente monitoreado por todas las autoridades de ambos países".
El impuesto del 5 % sobre los envíos, aún en discusión en el Congreso de EU, tiene como objetivo financiar las exenciones fiscales prometidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y apoyar iniciativas de seguridad fronteriza.
Este cobro se aplicaría a los envíos hechos por indocumentados, inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparados con cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del gravamen.
En el mundo los migrantes de diversas nacionalidades que radican en Estados Unidos transfieren aproximadamente 650,000 millones de dólares, de los cuales México recibe remesas por el orden de más de 65,000 millones de dólares.
México recibió 14,269 millones de dólares en remesas en el primer trimestre de 2025, un alza interanual de 1.3%, mientras que los ingresos repuntaron un 2.7% en marzo, tras una reducción en febrero, primer mes completo de la presidencia de Trump en Estados Unidos, origen de casi todos estos envíos y en medio del endurecimiento de las políticas migratorias.
México, donde estos envíos representan casi el 4% de la economía, hila once años de incrementos anuales de remesas tras terminar 2024 con un récord de 64,745 millones de dólares y se posiciona como el segundo mayor receptor de estas divisas en el mundo solo detrás de la India.
Avanza en EU impuesto del 5% a remesas; Sheinbaum lo tilda de “injusticia”
El Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló el gravamen de 5% a las remesas que se envían al extranjero, impuesto que sería aplicable a la persona que envía. Ahora deberá ser discutido en el pleno de la cámara baja y eventualmente llegar al Senado estadounidense.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la propuesta presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el marco de un plan fiscal que contempla, entre otras medidas, un impuesto del 5% a las remesas enviadas a personas que residen fuera de dicho país. “No, no estamos de acuerdo en esta injusticia, que es discriminatoria”, indicó.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum agregó que “cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá (…) Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso, hay estados que ya gravan las remesas”, afirmó.
4 estados en México, los más afectados
De aprobarse dicho palan que gravaría con 5% el envío de remesas desde Estados Unidos al exterior, las entidades federativas más afectadas por el impuesto a las remesas serían Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. En estas entidades, las remesas representan más del 10% del PIB estatal, de acuerdo con proyecciones de Banco Base.
El impuesto a las remesas caería directamente en el emisor. Esto afectaría a una gran cantidad de migrantes en el país que envían dinero a sus familias fuera de Estados Unidos.
Contexto: legisladores del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron una iniciativa de ley para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia otros países, especialmente enfocado en los recursos que salen hacia América Latina. Esta propuesta se alinea con las ideas defendidas por Donald Trump desde su campaña electoral, y ha sido respaldada por varios congresistas republicanos con posturas duras en materia migratoria y de seguridad fronteriza.
El texto de la iniciativa establece que el impuesto se aplicaría a todas las transferencias de dinero realizadas por personas no ciudadanas, sin importar su estatus migratorio, y que los fondos recaudados serían destinados a financiar infraestructura fronteriza, programas de seguridad nacional y deportaciones. La medida también contempla obligaciones para las instituciones financieras y empresas de envío de dinero, como Western Union o MoneyGram, que serían responsables de retener el impuesto al momento de realizar las transferencias.
La propuesta fue presentada en un contexto en el que las remesas alcanzaron un récord histórico en 2024, con más de 70 mil millones de dólares enviados por migrantes desde EE.UU. hacia países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, según datos del Banco Mundial.
Organismos civiles, académicos, y políticos tanto en Estados Unidos como en América Latina han criticado fuertemente la iniciativa. En México, el gobierno federal manifestó su rechazo, calificando el posible impuesto como una medida discriminatoria y regresiva, que afectaría a millones de familias que dependen de ese ingreso para su subsistencia.
Organizaciones como el Center for American Progress y la American Civil Liberties Union (ACLU) también han denunciado que la medida criminaliza la migración y podría provocar que muchas transferencias se desplacen hacia canales informales o ilegales, aumentando el riesgo de lavado de dinero y debilitando el control financiero.
En el Congreso estadounidense, la iniciativa enfrenta resistencia por parte de legisladores demócratas, quienes consideran que castigar las remesas equivale a sancionar la pobreza y afectaría no solo a migrantes indocumentados, sino también a residentes legales y ciudadanos estadounidenses con lazos familiares en el extranjero.
Hasta ahora, la propuesta se encuentra en comités de revisión legislativa y no ha sido votada en el pleno del Congreso. Sin embargo, se anticipa que el tema seguirá siendo un punto de fuerte debate, especialmente en el contexto de la contienda presidencial de 2028 y del control legislativo por parte de los republicanos.