El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal expresó su enérgico rechazo ante lo que calificaron como una “grave y arbitraria” transferencia de recursos realizada por Nacional Financiera (Nafin) a la Tesorería de la Federación (Tesofe), procedentes de cuatro fideicomisos bajo administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
A través de un comunicado, el Colegio denunció que la operación representa un desacato a múltiples suspensiones judiciales emitidas por jueces federales en procesos de amparo, que ordenaban expresamente mantener intactos dichos recursos. Enfatizaron que estas medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento y que su incumplimiento podría constituir delitos sancionados por la Ley de Amparo, lo que, según el texto, “socava los cimientos del Estado de Derecho, la república y la democracia”.
El comunicado exige la restitución inmediata de los fondos transferidos, el inicio de procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables, y un compromiso público de todas las instituciones del Estado para acatar las resoluciones judiciales sin atender a intereses políticos del momento.
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Este pronunciamiento se da en el contexto de la controversia generada por la transferencia unilateral de recursos por parte de Nafin, que según el propio CJF, se realizó sin su consentimiento y en violación de las cláusulas del contrato de fideicomiso.
Nafin transfiere fideicomisos judiciales a Tesorería; Judicatura iniciará proceso legal
Nacional Financiera (Nafin) informó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de la transferencia de los recursos de los fideicomisos que le habían encomendado a la Tesorería de la Federación, sin que antes consultara con el Consejo esta operación en su carácter de fideicomitente y sin que se hubiera girado instrucción alguna a dicha Sociedad Nacional de Crédito.
El CJF dio a conocer que ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente.
La Judicatura Federal recordó que los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas en la elección judicial del mes de junio próximo podrán recibir un pago extraordinario, que debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados.
Lo anterior quedó establecido en los transitorios Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Incumplen pago a jueces
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) dio a conocer el oficio que envió al CJF en el que demanda el pago contemplado a los impartidores de justicia que optaron por separarse de sus funciones (ya sea por renuncia o jubilación) debido a la reforma judicial.
La conclusión anticipada de funciones de los jueces, señala el documento, es fruto de la reforma "que desconoció los derechos de las personas juzgadoras y que las privó de la garantía de inamovilidad en el ejercicio de la función".
Al ser removidos de su función, los jueces generaron el derecho a un pago extraordinario que debía cubrirse a más tardar en diciembre del año pasado.
"No obstante lo anterior, en una nueva violación de derechos, el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este CJF, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado".
La indemnización a los jueces debe cumplirse sin que dependa de la disponibilidad de recursos, porque es una obligación constitucional que debió preverse porque es parte de la reforma a la Constitución que dispuso la remoción de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su remplazo por personas electas por voto popular.
Contexto: la respuesta del Poder Judicial
La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, propuso a los integrantes del Consejo acudir a la vía legal y presentar una denuncia para que la Fiscalía General de la República investigue la transferencia irregular de los recursos, según información difundida por el diario El País.
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No obstante, la mayoría de los siete consejeros decidió inicialmente solicitar una explicación a Nacional Financiera y a la Secretaría de Hacienda sobre el fundamento legal que motivó la extracción unilateral de los fondos. Este 9 de abril se tenía prevista una reunión entre los miembros del CJF y un representante de Nafin para aclarar la situación; sin embargo, el funcionario del banco no se presentó. El objetivo del encuentro era conocer quién instruyó la transferencia a la Tesorería de la Federación, pese a que existen suspensiones judiciales vigentes que impiden dicha acción.
(Con información de Marco Antonio Martínez)