El documento enviado a la Cámara de Diputados el 7 de febrero señala que la iniciativa busca el fortalecimiento financiero del ISSSTE por más de 11 mil millones de pesos anuales.
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Para conseguir esto, el Gobierno propone que los servidores públicos cuyas percepciones sean mayores a 10 Unidades de Medida y Actualización mensuales (UMA); es decir los 34 mil 394 pesos, paguen sus cuotas sobre el cálculo de su salarios integrados y no el sueldo básico.
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Este dinero, dicen, será destinado a mejorar el sistema de salud de los trabajadores.
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De acuerdo con lo explicado por la presidenta Sheinbaum, la iniciativa aplicaría a los servidores públicos de confianza que tienen ingresos divididos, “una parte de salario base y otra parte de compensación”; sin embargo, en la iniciativa enviada al Congreso solo habla de personas servidoras públicas con sueldos mayores a 10 UMAs mensuales.
Asimismo, la iniciativa busca modificar la Ley del ISSSTE con la finalidad de que le “sean regresadas al FOVISSSTE las atribuciones de adquisición, construcción, rehabilitación y renta de vivienda”. Esto, en un contexto donde la administración de Claudia Sheinbaum pretende construir un millón de viviendas durante su sexenio.
Para ello, se propone modificar el artículo 169 de la Ley del ISSSTE, el cual señala cómo pueden ser utilizados los recursos del Fondo de Vivienda.
Actualmente, el artículo 169 dice que estos recursos pueden ser destinados al otorgamiento de crédito a los trabajadores, a cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo y a la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas.
La iniciativa propone añadir que los recursos puedan ser utilizados “a la adquisición, rehabilitación y construcción de vivienda para ser vendida o arrendada a la persona trabajadora, así como a la adquisición o urbanización de terrenos destinados a formar unidades habitacionales, en los términos establecidos en los programas aprobados”.